Ahora Madrid
El Ayuntamiento de Madrid cede y seguirá la Ley Montoro

El pulso de Cristóbal Montoro con el Ayuntamiento de Madrid ha caído del lado del ministro de Hacienda. El Plan Económico y Financiero (PEF) aprobado ayer por el pleno del consistorio municipal acepta la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Hacienda y sienta las bases para la venta de parcelas de suelo público, la desinversión y el recorte de las transferencias a empresas públicas.

Aprobado con los votos de Ahora Madrid y las abstenciones de PP, PSOE y Ciudadanos, el PEF aprobado ayer es el tercer intento del Ayuntamiento de adecuarse al mandato de la Ley 2/2012 de Estabilidad y Sostenibilidad, la “Ley Montoro”. Y en esta ocasión, el Gobierno de Manuela Carmena ha atado los cabos sueltos antes de saber si se incumple la regla de gasto de 2017. Todavía se tiene que dar que Montoro afloje también su postura y no vuelva a impugnarlos.

Ahora Madrid opta por apretar el cinturón presupuestario en una medida que tendrá consecuencias para las próximos presupuestos de 2019 y sucesivos, ya que la regla de gasto de Montoro exige siempre una reducción sobre los presupuestos anteriores. La norma impide a las corporaciones públicas usar el remanente de tesorería en caso de superávit y exige que se destine a la amortización de deuda de manera anticipada, incluso si está se lleva a cabo en tiempo y forma.

Capítulo de números

Madrid destinará un 47,6% menos a las transferencias corrientes a empresas municipales de lo que fue aprobado en el Plan Presupuestario 2018-2020 por la Junta de Gobierno en abril de este año.

El PEF no obliga a especificar de dónde saldrán los 138 millones que el Ayuntamiento tiene que ajustar en esas transferencias a empresas públicas. Madrid Destino, la Empresa Municipal de Transporte o la de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) son las principales receptoras de esas transferencias, que pasarán de los 290 millones previstos en el Plan 2018-2020 a 152 millones.

Si el plan se desarrolla en su totalidad las inversiones también se verán reducidas respecto a la hoja de ruta firmada en abril. En este campo tampoco hay certezas, el PEF no obliga, pero las operaciones con presupuestos más altos son las más susceptibles de no ser realizadas por una simple cuestión de cálculo. La remodelación de la Plaza de España o las operaciones de peatonalización de la Gran Vía forman parte del grupo de las inversiones distritales más altas.

La inversión pública se situaba en Madrid antes de este plan lejos de lo presupuestado en los Gobiernos de Gallardón y Botella. En 2017, las inversiones reales se situarán en 571 millones, una cifra por debajo de los ejercicios de 2008 al año electoral 2011, cuando el Ayuntamiento programó invirtió por encima de los 600 millones de euros anuales.

Además, en la vía de ingresos, el Ayuntamiento plantea la venta de suelo público por valor de 156 millones. En 2018, la venta de parcelas y derechos ascendería, según el plan a 110 millones de euros, una cifra superior a la ingresada por el PP en los ejercicios previos a las elecciones de 2015.

Reacciones

El equipo de Gobierno ha oscilado desde el comienzo de la disputa con la Ley Montoro entre el rechazo al PEF y la asunción del mandato dado, aunque finalmente ha habido un acuerdo para votar a favor del plan. La composición de las listas municipales da una idea de los sectores que han debatido sobre la posición de Ahora Madrid en esa disputa con Hacienda.

El primer grupo lo conforma la propia alcaldesa, Manuela Carmena, y una mayoría de los concejales que ha optado por cerrar el conflicto aminorando el plan 2018-2020. Este grupo subraya el superávit en el que se encuentran las cuentas municipales, que le están permitiendo cancelar deuda antes incluso de los plazos de pago.

El Gobierno local destaca la “importante reducción de la deuda” practicada por Madrid “hasta situarla a final del mandato municipal en 1.834 millones, un 67% inferior a la existente al principio del mismo”. Además, señalan que las inversiones aumentan respecto al año anterior un 47%, como fruto del superávit de mil millones de euros que presenta el Ayuntamiento.

En el segundo grupo ha destacado Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda y procedente de Izquierda Unida, cuyas tesis no se han impuesto a las de Carmena. Fuentes de este sector consideran que el plan aprobado ayer intenta evitar los recortes “efectivos” pero reconocen puntos débiles que "pueden facilitarle la tarea al PP para forzar recortes efectivos". “Si algunos de los miembros del Gobierno municipal piensan que ‘portándonos bien’, ‘evitando los conflictos’, con ‘perfil bajo’, vamos a evitar los ataques del PP, se equivocan de lleno”, aseguran desde IU.

En esa misma línea, el sector procedente de Madrid en Movimiento, candidatura formada por sectores de Ganemos Madrid y Anticapitalistas, ha sido muy crítico con el acuerdo. Fuentes consultadas por este periódico dicen que con esta cesión, el Ayuntamiento “se pone la venda antes de la herida” y renuncia a dar una batalla política: “El Ayuntamiento ha cedido la iniciativa a la hora de planificar sus presupuestos y se marca un escenario restrictivo antes de saber si se incumple o no la regla de gasto de 2017”.

Hay unanimidad a la hora de considerar que la presión por parte de Hacienda al Ayuntamiento es un castigo político del PP a un Ayuntamiento que no controla. Algo en lo que también coincide el PSOE que habla de un "objetivo político" de los populares, que consiste en “desestabilizar un Ayuntamiento saneado”.

Los socialistas discuten un plan que aboca “a Madrid a medidas indeseables, como la venta de suelo público y recortes por más de 127 millones” y han justificado su abstención por la poca capacidad del Ayuntamiento para negociar un PEF hecho “a la medida de Montoro”.

Evitar los recortes

El Ayuntamiento conserva una opción de evitar que las medidas de minoración del gasto (en lenguaje técnico) no se traduzcan en recortes. La vía que deja la Ley Montoro, más allá de amortizar deuda, son las Inversiones Financieras Sostenibles (ISF). Este tipo de inversiones son aquellas van destinadas a mejorar infraestructuras como el alcantarillado, alumbrado público o la mejora del medio ambiente, entre otras. Deben ser inversiones con una vida útil mínima de cinco años y que se ejecuten en el mismo año que se presupuestan.

El uso de las IFS para realizar las inversiones que se tenían previstas son la única opción que quedaría tras el PEF que el pleno del Ayuntamiento aprobó ayer. Hasta ahora, las inversiones previstas incluían un porcentaje significativo de IFS, de más del 10%, pero su implementación es difícil por la lentitud administrativa hasta finalizar el proceso de ejecución.