Crisis climática
Las claves del plan para reducir las emisiones de metano que organizaciones ambientales proponen al Gobierno

Los sectores que más metano emiten a nivel global son el agropecuario, el energético y el de gestión de residuos. Por ello, entre las medidas que proponen las organizaciones están la moratoria de las macrogranjas, vigilar las emisiones de energéticas cuyo producto importamos y dotar a los municipios de financiación adecuada para gestionar los residuos.
vertedero gaviota residuos brugal
El sector de la gestión de residuos es uno de los que más gas metano emite a la atmósfera. Miguel Ángel Valero

Varias organizaciones ecologistas han presentado la mañana de este jueves una batería de medidas para elaborar un Plan Nacional que permita reducir en un 45% las emisiones de metano en España. El metano es un gas de efecto invernadero hasta 80 veces más potente que el CO₂ y, según las organizaciones que han presentado el plan, el Gobierno no está planteando medidas concretas para cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de este gas.

Crisis climática
Crisis climática El desastre climático que conllevan las fugas en los Nord Stream
La rotura de los dos gasoductos supone la expulsión de millones de toneladas de metano, un gas con un potencial de efecto invernadero decenas de veces mayor que el CO2, a la atmósfera.

Los sectores que más metano emiten a nivel global son el agropecuario, el energético y el de gestión de residuos, por lo que las medidas propuestas por las organizaciones tratan de limitar las emisiones de estas actividades. Algunos ejemplos son la moratoria a las macrogranjas, monitorizar las fugas de empresas energéticas cuyo suministro importamos y fomentar el reciclaje.

ECODES, Ecologistas en Acción, Mighty Earth, Greenpeace y Fundación Renovables han presentado este plan porque las emisiones de metano “comprometen mucho” la capacidad de España de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. En un futuro más cercano, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU establece una reducción de emisiones de metano para 2030 que, en el caso del Estado español, debería ver una disminución del 45% en emisiones de este gas. Sin embargo, desde el Gobierno no hay ningún objetivo o medida concreta, como se puede ver en la ausencia de articulado concreto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Las medidas aspiran a que España cumpla con sus objetivos internacionales en materia de cambio climático y podrían tener un “efecto muy positivo” de “cambio de sistema”

Carlos Bravo, portavoz de Mighty Earth, recalca que, aunque el metano sea responsable del 45% del calentamiento neto actual, tiene una característica ventajosa: su permanencia en la atmósfera es relativamente baja. Esto supone, según el ecologista, que reducir de forma importante las emisiones de metano en el futuro próximo sería “de gran ayuda” para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5ºC sobre la media preindustrial que establece el Acuerdo de París.

Las organizaciones ecologistas instan al Gobierno a actuar “con responsabilidad climática y ambiental” y a “no demorar por más tiempo” la aprobación de un Plan Nacional para la Reducción de Emisiones de Metano. “Demandamos que se tomen en consideración el conjunto de medidas que proponemos para así poder avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de lucha contra el cambio climático”, declara Marta Orihuel, de Ecologistas en Acción, que opina que las medidas encaminadas a reducir las emisiones tendrían “un efecto muy positivo” de “cambio de sistema”.

Moratoria para las macrogranjas y alimentación con más vegetales

En España, el sector agropecuario es responsable del 62% de las emisiones totales de metano. En este sentido, Luis Ferreirim (Greenpeace) muestra preocupación por el crecimiento “desmedido” de la ganadería industrial y las macrogranjas.

Las organizaciones proponen una moratoria para las nuevas granjas industriales, reducir la cabaña ganadera intensiva en un 50% para 2030 y fomentar la “dieta de la salud planetaria”: una alimentación basada en productos vegetales, como cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos o legumbres, además de pequeñas proporciones de carne y lácteos procedentes de la ganadería extensiva. “No estamos en contra del consumo de carne, estamos en contra del modelo industrial”, aclara el portavoz de Greenpeace.

Luis Ferreirim (Greenpeace): “No estamos en contra del consumo de carne, estamos en contra del modelo industrial”

Entre otras medidas, se propone aplicar fiscalidad a productos cárnicos y lácteos industriales, implementar un etiquetado que permita identificar el modelo productivo y “reorientar” subsidios hacia modelos ganaderos extensivos de base agroecológica.

Vigilar las fugas de empresas energéticas cuyo producto se importa a España

Las refinerías y las redes de distribución energética son las principales emisoras de gas metano en España. Estas empresas solo aportan el 5% del metano nacional, pero Mario Rodríguez, integrante de ECODES, señala que las emisiones españolas están externalizadas: el Estado español importa petróleo y gas fósil, sobre todo de Estados Unidos y Argelia, y es en estos países donde se registran los impactos humanos o ambientales.

Esta externalización se basa en hacer la vista gorda con problemas medioambientales que ocurren en países que suministran a España de petróleo o gas, según explica Rodríguez. El fracking está prohibido en España, por ejemplo, pero importamos recursos de países que sí utilizan esta técnica con tanto impacto ambiental y riesgos para la salud pública. Además, el Estado español acepta tácitamente que los suministros energéticos españoles provengan de empresas que tienen fugas de metano “superemisoras” que se dan durante la cadena de extracción y distribución de los materiales.

El sector energético español no tiene grandes emisiones de metano directas porque está externalizado: el suministro viene de países otros países y de parte de empresas con fugas “superemisoras”

Como medidas concretas, las ONG proponen garantizar la transparencia en emisiones de importaciones, prohibir contratos con empresas a las que se haya detectado fugas “superemisoras” (como es el caso de algunas de las proveedoras estadounidenses o argelinas) y establecer una tasa nacional al metano en el sector energético.

“Nosotros somos responsables de estas emisiones y nosotros tenemos que exigir que estas fugas no se extiendan en los países de donde importamos”, declara Juan Fernando Martín, de la Fundación Renovables, que añade que habría que hacer estudios de impacto de estas fugas en la biodiversidad y la salud pública. Para este experto, la monitorización de las fugas es necesaria porque “si no estamos encima de estas empresas, van a seguir emitiendo”.

Además, “el Gobierno no está haciendo los deberes”. Así se expresa Rodríguez con respecto a los compromisos españoles en materia de emisiones del sector energético. El Ejecutivo estaría, según este especialista, incumpliendo la obligación de trasponer de forma “rápida y efectiva” el nuevo Reglamento Europeo de Metano.

Menos vertederos y más reciclaje

El sector de gestión de residuos es una fuente creciente de emisiones de metano y en España, entre 2022 y 2024, se detectaron 29 fugas de este gas en vertederos. Estos lugares representan el 11% de las emisiones globales de metano y el 40% de los residuos aún se quema abiertamente, lo que contribuye a la contaminación. Las organizaciones ecologistas estiman que una mejor gestión de residuos podría reducir entre un 15% y 25% las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).

En el plan propuesto, las organizaciones animan a incluir la prohibición de envíos de residuos orgánicos a vertederos —“El vertedero debe ser la última opción”, dicen los ecologistas— y promoción del compostaje; captura y aprovechamiento del gas del vertedero (en vez de emitirlo a la atmósfera); y reducción del volumen de residuos y promoción del reciclaje. Además, las ONG afirman que es necesario más financiación para los municipios pequeños, que actualmente no están suficientemente dotados como para tratar eficazmente los residuos.

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