Coronavirus
El Gobierno fijará un precio máximo del crédito universitario

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes la eliminación del sistema de horquillas para los precios de la matrícula universitaria que estaba vigente desde 2011. Según ha informado la portavoz María Jesús Montero, esta modificación se ha incluido en un Real Decreto de apoyo al mundo de la cultura.

Asimismo, la ministra de Hacienda ha anunciado que el Gobierno fijará “un precio máximo del crédito universitario en diálogo con todas las universidades”. Montero ha recordado que, “en 2011, con el Gobierno de Rajoy, el precio medio del crédito universitario aumentó un 17%, perjudicando a los estudiantes”.

Sobre la posibilidad de limitar la presencia a 15 alumnos por aula a partir de septiembre, la portavoz de Gobierno ha indicado que “se están arbitrando qué fórmulas se pueden conseguir y qué contenido tendría la formación presencial y online”, por lo que no ha descartado esa posibilidad.

Tercer tramo de los avales del ICO

El Gobierno ha liberado otros 24.500 millones de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ha dado un paso más para evitar el fraude fiscal: a los 4.000 millones destinados a avalar los pagarés de empresas financieras que operan en el mercado de renta fija solo podrán acceder las empresas cuya sede social se ubique en España. 

Las razones que motivan esta decisión son evitar que “puedan acceder a los avales empresas que operan en paraísos fiscales, o que los avales sirvan para repartir dividendos”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Hasta la fecha, el Gobierno ha liberado 64.500 millones de avales del ICO que, con el tercer tramo aprobado hoy de otros 24.500 millones, podrán llegar a los 100.000 millones en avales. De esta cantidad liberada se han inyectado ya 36.190 millones de euros a través de 269.843 operaciones bancarias. El 98% del monto ha sido para pymes y autónomos.

La ministra ha insistido en que estos préstamos no tienen intereses u obligaciones financieras extra y que el Gobierno se encuentra “vigilante” hacia posibles excesos de la banca.