Opinión
La historia de Agustín: en lucha por la dignidad y los derechos sociales básicos

A simple vista podría ser otra más de las personas forzadas a vivir en los límites de la sociedad, otra más de las abandonadas en parques y cajeros, otra persona invisible a ojos de una ciudadanía tristemente acostumbrada, casi inmunizada ante las injusticias diarias del sistema. La historia de Agustín es diferente, cargando con una maleta y con razones y luchas a sus espaldas, se ha dispuesto vivir en las calles para denunciar una situación injusta que le persigue durante décadas.

Agustín Moreno Carmona (Coria del Río, 1947) fue uno de los fundadores de COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha, el documental puede verse aquí) durante su estancia en la cárcel de Carabanchel. Hijo de represaliados y de la clandestinidad, pronto vivió en carnes propias el sistema vengativo y represor franquista cuando su padre fue condenado a prisión por haber sido cargo electo por el PCE en las elecciones de febrero del 36.

En 1966, con tan sólo 19 años ingresó en el reformatorio del complejo penitenciario de Carabanchel acusado bajo la Ley de Vagos y Maleantes, ley que directamente purgaba a sectores sociales desfavorecidos o, simplemente, “diferentes”: homosexuales, pobres, jóvenes rebeldes. Tipificaba y penaba con dureza conductas, no delitos, sin ningún derecho a beneficio penitenciario o indulto. Fue aplicada para reprimir la pobreza y a los segmentos de población con dificultades de inserción laboral pero también, y como complemento, a los individuos que se desviaban de la moralidad y buenas costumbres consideradas como la norma a seguir.

La historia de Agustín es diferente, cargando con una maleta y con razones y luchas a sus espaldas, se ha dispuesto vivir en las calles para denunciar una situación injusta que le persigue durante décadas

En 1974, esta vez acusado bajo la sucesora de la Ley de Vagos y Maleantes, la Ley de Peligrosidad Social, ingresa en la cárcel de Carabanchel. Su caso está lleno de sombras, acusaciones contradictorias, torturas, coerciones e incluso autos que no lo sitúan en el lugar del crimen. Crimen que no fue otro que la rotura de un escaparate y el robo de un electrodoméstico. Estas conductas eran severamente castigadas, el sistema represor franquista necesitaba de chivos expiatorios, falsos positivos que creaban una falsa sensación de seguridad y ayudaban en la construcción del comúnmente llamado “franquismo sociológico”.

La vida de Agustín en prisión esta fuertemente marcada por su militancia y su papel como uno de los fundadores de Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), años de huelgas, sabotajes, incendios, concienciación política, asambleas y denuncia, años de sangre y solidaridad. No cabe duda que sus acciones tuvieron enormes consecuencias traducidas en torturas, largas estancias en aislamiento y, finalmente, su salida de prisión en 1983 tras 9 años, acusado por un delito menor en el que su procesamiento y juicio carecieron de las mínimas garantías.

Desde Diciembre de 2020 lleva viviendo en las calles de Don Benito (Badajoz) reclamando que su estancia total en prisión sea contabilizada para el cálculo de sus cotizaciones y jubilación, tal y como recomendaba el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos en su informe de 2014

Su historia de injusticias llega hasta hoy mismo. Desde diciembre de 2020 lleva viviendo en las calles de Don Benito (Badajoz) reclamando que su estancia total en prisión sea contabilizada para el cálculo de sus cotizaciones y jubilación, tal y como recomendaba el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos en su informe de 2014. Agustín elabora precarios carteles y pancartas que va pegando por diferentes puntos de la ciudad, intentando visibilizar su lucha y su historia, intentando interpelar a una ciudadanía que, muchas veces, parece ajena y amnésica.

Las leyes de Amnistía elaborados en los convulsos tiempos de la transición dejaron fuera a numerosos colectivos de personas presas que vieron como las leyes franquistas se transponían directamente en el nuevo ordenamiento constitucional. Aquellas personas condenadas por delitos comunes, bajo leyes totalmente antidemocráticas como la Ley de Peligrosidad Social, siguieron arrastrando sus penas y su estigma durante bien entrada la democracia. Agustín Moreno, a día de hoy, lleva consigo un lastre que le acompaña desde el año 83. Es hora de que se haga justicia con él y con miles de personas en régimen penitenciario olvidadas por las leyes de Amnistía. El Estado debe dejar sin efecto estas leyes, tal y como han recomendado diferentes organismos internacionales, ya que se usan como barrera e impedimento para que las víctimas puedan acceder a la justicia y ver reconocidos los derechos de las personas presas, las que vivieron su estancia entre rejas bajo condiciones de violencia sistemática, tortura y trabajo esclavo. La imagen edulcorada de la transición se resquebraja ante la tozuda realidad que pone de manifiesto cómo las estructuras de poder franquista se mantuvieron durante los primeros años de democracia hasta llegar hasta nuestros días.

Las reivindicaciones de Agustín son concretas y concisas: disfrutar de una jubilación plena acorde a su tiempo trabajado, teniendo en cuenta las cotizaciones robadas por la Dictadura que el Estado le adeuda. No está a dispuesto a aceptar lo que él propiamente llama “limosna de la no contributiva” y está inmensamente convencido de la justicia que entraña su causa. En nuestras manos queda, como ciudadanos solidarios, empáticos y con memoria ayudar y dar altavoz a casos como el de Agustín y el de otras muchas personas olvidadas.