Desahucios
72 horas para empaquetar una vida

Lunes 26 de julio. Los vecinos y las vecinas de la calle Manuel Arnau 9 y 11, en el barrio de la Creu Coberta (València), reciben una notificación: “Amenaza de ruina inminente”. La Policía, acompañada por Servicios Sociales, son los que lo entregan en mano. El jueves 29, por orden del Ayuntamiento, se tapiarán sus hogares. Tienen 72 horas para empaquetar todas sus pertenencias e irse. Sin ninguna alternativa habitacional, doce familias en riesgo de exclusión social se quedarán en la calle.

El pasado jueves se obtuvo una —provisional— victoria: gracias a la intervención y la presión mediática e institucional que ha llevado a cabo el sindicato de barrio Construint Malilla, el desalojo se alargará hasta el próximo lunes 2 de agosto, pero la Policía ha amenazado de forma contundente: “Si no os vais, ya sabéis el que hay, vendremos con todo”, le han dicho a Carmen, una vecina de los pisos afectados.

“Yo llevo toda la vida aquí. Hemos pasado tres generaciones por estos pisos. No tenemos dónde ir y piden que la gente se solidarice”, relata Tania Rubín, vecina afectada. Tania, como el resto de las personas afectadas, vive con unos ingresos muy bajos y aseguran que las ayudas que ofrece el Ayuntamiento mediante Servicios Sociales no son suficientes para conseguir otro domicilio.

Otra vecina, Soledad, lamenta: “Yo voy a vivir en un coche a partir del lunes cuando me echen. Vivo en este piso desde hace 18 años con mi hijo”. Jesús y Carmen viven en el segundo piso. Junto con ellos sus hijos; uno con una discapacidad; y sus nietos, en total ocho personas. “Estábamos viviendo en un piso en el barrio de Malilla hasta que hace cuatro meses me desahuciaron”, narra Jesús. “Yo cobro la renta valenciana, 500 euros. Además hago mudanzas, bricolaje... lo que me salga. Si no, solo con 500 euros no podemos subsistir ocho personas. Mi hijo trabaja de conductor de bus, pero solo cobra 300 euros”, asegura el vecino.

Por otro lado, la orden de derribo ha llamado la atención a los abogados que colaboran Construint Malilla, que aseguran que se ha llevado a cabo de forma irregular. “Como no ha habido un procedimiento por vía judicial, ni una orden judicial, no se puede llevar a cabo un desalojo por demolición si hay terceros implicados. Es decir, la orden de demolición es nula.”, aseguran las fuentes judiciales.

El sindicato denuncia que los afectados no han tenido la oportunidad de recurrir la sentencia, a pesar de que en la propia notificación de demolición indica que “los ocupantes podrán interponer un recurso por la vía contencioso-administrativa”. Además, aseguran que no ha habido ningún tipo de aviso previo, a pesar de que los edificios hace años que están en claro estado de deterioro. “Esto se debería gestionar mediante un proceso de desahucio, que se la vía legal. Para nosotros,—alega Jesús Cloquell, uno de los portavoces del sindicato—, es una estrategia para no tener que pasar por el proceso de desahucio, porque de esa forma sí que habrían posibilidades de que esta gente pudiera conseguir una casa”.

Desde el sindicato aseguran que el derribo de estas viviendas podría tener relación con el proyecto urbanístico del Parque Central, puesto que, según el plano del PAI (plan de actuación integrada) estas casas se encuentran dentro del terreno donde irá la futura zona verde. Ante esta afirmación, fuentes de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, liderada por Sandra Gómez (PSOE), afirman que ellos han actuado en este caso “porque existe un riesgo evidente de que caiga” y que no te relación con el próximo soterramiento de las vías.

Según ha comprobado el sindicato, al menos dos viviendas pertenecen a Layetana Parque Central S.L., una empresa inmobiliaria que posee el 9% de los terrenos del PAI. Por su parte, la asociación Parque Central Sin Especulación se hace eco de los intereses especulativos que puede haber detrás de la construcción de la nueva zona verde que unirá toda la zona sur de València. Según su portavoz, Mònica Ibáñez, el proyecto urbanístico y ferroviario es una actuación “con finalidad especulativa” con la que se beneficiarán muchos fundes buitre, inmobiliarias e inversores, pero que tendrá “consecuencias negativas” para la ciudadanía.

Juan Luis Gil, encargado de Servicios Sociales de Sant Marcelí, indica que hay dos opciones: una ayuda de emergencia de 400 euros que se les daría una única vez, o bien avalarlos tres meses el alquiler de un piso que tendrían que encontrar por su cuenta. Él mismo confiesa que quedarse en un albergue no sería adecuado para estas familias, puesto que “allí hay gente mucho más deteriorada”, pero con tan poco de tiempo sería la única opción que les dan desde el Ayuntamiento si no quieren quedarse en la calle.

Todos los afectados coinciden en el hecho de que el tiempo que los han dado para abandonar la vivienda se insuficiente y que sin nómina y con unos ingresos tan limitados los es casi imposible conseguir un contrato de arrendamiento. “En servicios sociales dicen que nos busquemos un alquiler, que nos dan tres meses de aval. Pero, ¿quién me alquila a mí? Sin nómina, sin contrato... ¡Nadie nos quiere alquilar un piso!”, confirma Jesús, el vecino afectado, que ya lo ha intentado con anterioridad.

El sindicato Construint Malilla junto con los afectados, piden “soluciones reales” al Ayuntamiento: “Es comprensible que exijamos a Servicios Sociales y a las concejalías de Vivienda y de Urbanismo un trabajo coordinado para ofrecer un alquiler social a estas familias”, recalca Jesús Cloquell, portavoz de Construint.

Ante estas demandas, la regidora de vivienda, Isabel Lozano (Compromís), señala que desde Servicios Sociales municipales se está valorando cada caso. Además, reconoce que el Ayuntamiento no cuenta con viviendas sociales vacías y disponibles para otorgar, pero el portavoz de Construint Malilla responde que “si el Ayuntamiento no tiene ninguna vivienda social, tendría que plantearse, del mismo modo que se plantean expropiar casas para hacer grandes proyectos urbanísticos, expropiar a grandes propietarios y fundes buitres, como empresas como Layetana Parque Central, que se dedican a jugar y especular con la vida de las personas”.