Desahucios
Activistas y afectados logran aplazar diez días el desalojo de 33 personas en el barrio Cruz Cubierta

El desalojo de doce familias por “amenaza de ruina inminente” en la Cruz Cubierta (barrio de San Marcelino, Valencia) ha sido aplazado diez días gracias a la negociación con la Policía de afectados y activistas del sindicato Construint Malilla. Tras evaluar del estado de los inmuebles, el cuerpo de bomberos ha concluido que “están en riesgo, pero no en riesgo inminente”, a pesar de que, en la notificación del Ayuntamiento que habían recibido los vecinos, ordenaba desalojar las viviendas en 72 horas justificándolo en el alto riesgo de derrumbe.

Los vecinos y las vecinas de las viviendas de la Calle Manuel Arnau 9 y 11 respiran aliviados ya que tendrán más tiempo para poder encontrar una alternativa habitacional, aunque desde Construint Malilla afirman que, si estas familias no han encontrado una alternativa de vivienda digna en el plazo de la moratoria, “volverán a convocar una movilización para pararlo ya que si no,  estas personas irán a la calle”.

Los afectados del desalojo afirman “estar muy contentos” ya que el pasado lunes 26, cuando les llegó la notificación de desalojo, solo les habían dado 72 horas para irse de sus casas sin alternativa habitacional, a pesar de ser familias en riesgo de exclusión social.

72 horas para empaquetar una vida

Joanna Giménez i Garcia

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Desahucios 72 horas para empaquetar una vida

Joanna Giménez i Garcia

Doce familias en riesgo de exclusión social podrían perder sus hogares el próximo lunes en el barrio Creu Coberta. El Ayuntamiento de València justifica la orden de desalojo por el riesgo de derribo de los dos edificios afectados, pero afectadas y activistas en defensa de la vivienda piden alternativa para estas familias, critican el proceso y cuestionan posibles intereses urbanísticos.

El Ayuntamiento de València y la Conselleria de Vivienda han acordado reunirse mañana para buscar soluciones a la emergencia habitacional. Según han afirmado fuentes del sindicato, no han sido invitados a esta reunión ni el sindicato ni los afectados y han asegurado que “nos gustaría que nos invitaran”.

Los militantes de Construint Malilla han decidido pernoctar en las casas de los afectados dada la incerteza de la hora a la que iban a llegar las fuerzas policiales. A las 6 de la mañana, afirman, ya habían apuntalado las puertas desde dentro para impedir la actuación policial. A las 7 de la mañana han empezado a llegar el resto de activistas, unos 50 en total, según las mismas fuentes. Y, a las 8:00h, ha llegado la Policía Local y la Nacional para tratar de proceder al desalojo ordenado por el Ayuntamiento.

La principal crítica de activistas y afectados es que las alternativas habitacionales que proponen desde Servicios Sociales no son efectivas. Además, una vecina asegura que el encargado de Servicios Sociales les ofreció una ayuda de emergencia de 400 euros si “se iban antes de que viniera la Policía”, propuesta que la vecina interpreta, dice, “como un chantaje”. Otra de las opciones propuesta por las instituciones competentes es avalarles un alquiler de tres meses, pero, tanto el sindicato como los vecinos, afirman que no supone una “alternativa habitacional real” ya que como la mayoría no tienen nómina ni ingresos fijos nadie les va a firmar un contrato de alquiler. Además, según el sindicato, “en cuanto se acabaran las ayudas de Servicios Sociales, la mayoría de estas familias no podrían seguir pagando los alquileres y serían desahuciadas”.

Por otro lado, un portavoz del sindicato ha afirmado que “el 9 % del proyecto del Parque Central pertenece a la empresa propietaria de gran parte de esos edificios, Layetana Parc Central S.L.”, por lo que consideran que puede existir “un interés especulativo en el derribo de estos edificios” además ha insinuado que “a ciertas partes del Ayuntamiento les interesa más que la vida de las personas que se supone que tienen que proteger”.

Actualización 3 de agosto:

El Ayuntamiento de València y la Conselleria de Vivienda se han reunido hoy finalmente junto con varios representantes del sindicato Construint Malilla para dar solución a la emergencia habitacional de las 33 personas que iban a ser desalojadas el próximo 12 de agosto. Tras la negociación, las instituciones competentes se han comprometido a dar una alternativa habitacional antes de diez días, fecha límite que había acordado el Ayuntamiento tras el aplazamiento conseguido gracias a la macro convocatoria en la que activistas y afectados se manifestaron para evitar el desalojo.

Los mediadores del sindicato, Vicente Danvila y Mónica Chirivella han subrayado que esto es “toda una victoria” conseguida “gracias a la presión que hemos podido ejercer desde las calles”. 

VICTÒRIA! ❤️💚
Ahir aconseguírem aturar al carrer el macro-desnonament i seure l'Ajuntament a negociar.
Hui, en la reunió amb la Regidoria de Benestar Social i la Conselleria d'Habitatge, hem aconseguit el compromís de les institucions d'oferir alternativa habitacional... pic.twitter.com/Zz6el26QHn

— Construyendo Malilla (@malillabarri) August 3, 2021

Por su parte, la concejala de Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha afirmado que “la voluntad y el compromiso” por parte del consistorio y de la Conselleria de Vivienda es llegar a “soluciones concretas” y que la situación de estas personas “no vaya a peor”.

Danvila ha enumerado las opciones que les han ofrecido: ayudas para que puedan encontrar un alquiler, viviendas de asociaciones para que puedan residir temporalmente, viviendas en otros municipios del área metropolitana para las familias con menores y algunas viviendas que ceda al consistorio la empresa urbanística municipal de València, Aumsa.

Asimismo, Mónica Chirivella ha recordado “la importancia que ha tenido Construyendo Malilla en las negociaciones”, ya que “si no hubiera intervenido desde el primer momento, nuestras vecinas estarían en la calle desde hace una semana”.