Especulación urbanística
Críticas al Tribunal Constitucional por paralizar el derribo de Valdecañas

Apenas horas después de la filtración de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado la paralización cautelar del derribo de la polémica urbanización Marina Isla Valdecañas, voces ecologistas de la región afectada y de todo el Estado se posicionan en contra de la resolución. Fuentes ambientalistas señalan que “el Tribunal no solo demuestra así que no entiende la realidad territorial, sino que no le importa el tremendo impacto sobre el medio ambiente del proyecto ni el precedente tan peligroso que sientan”.

“Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes hechas a la carta a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad”

Ecologistas en Acción recuerda que, cuando se solicitó la paralización de la obras de Valdecañas (la ejecución de una sentencia de 2011 que ya había sido ganada por los colectivos ecologistas), el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura exigió una fianza de 41 millones de euros, una cantidad absolutamente desorbitada que se justificaba, según el tribunal, por la posible pérdida patrimonial que supondría parar las obras para la constructora si, en caso de que el recurso planteado por la misma prosperase, la paralización fuera “para nada”. Se preguntan desde las organizaciones ecologistas “si en esta ocasión, en la que lo que está en juego es el bienestar del medio, del planeta y de las generaciones presentes y futuras que habitan la zona, en vez de un mero perjuicio económico, se ha exigido una caución a la constructora por el indudable daño que supondrá la paralización del derribo”.

“Es preocupante que, después de 16 años de procedimiento y varias sentencias que declaran la ilegalidad de la urbanización dentro de un espacio protegido de la Red Natura, se suspenda la ejecución de estas sentencias”

Nino Trillo-Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Es preocupante que, después de 16 años de procedimiento y varias sentencias que declaran la ilegalidad de la urbanización dentro de un espacio protegido de la Red Natura, se suspenda la ejecución de estas sentencias, contradiciendo la propia doctrina del Tribunal Constitucional para este caso. Esto vuelve a poner en peligro nuestros espacios protegidos”.

Jaime Doreste, también abogado de la organización ecologista, ha concluido: “Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes hechas a la carta a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad. Sería un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados”.