Honduras
Un ejecutivo de la compañía hidroeléctrica Desa es hallado culpable del asesinato de Berta Cáceres

Las pruebas recogidas en su teléfono móvil y los de sus colaboradores han sido determinantes para que Roberto David Castillo Mejía sea declarado responsables como coautor de la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Honduras. Hoy, 5 de julio, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, ha emitido sentencia condenatoria. Una nota del Ministerio Público hondureño especifica que la condena a David Castillo Mejía será leída el 3 de agosto de este año en la que, dice el Ministerio “se citarán las circunstancias agravantes para que se arribe un castigo ejemplar”.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha reaccionado a la noticia celebrando el escrito de la Fiscalía: “Esta es una victoria popular del pueblo hondureño. Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia”, han reflejado en su cuenta de Twitter. Laura Zuñiga, una de las hijas de Cáceres ha saludado la sentencia y ha recordado una frase de su madre: “Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”.

El condenado, David Castillo, era el presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), compañía que desde un momento ha aparecido vinculada al asesinato de Cáceres, como responsable de las cuatro represas a la que se oponía el COPINH, liderado por Cáceres, asesinada cuando tenía 45 años.

Castillo es visto por el Consejo y por la familia de Cáceres como un eslabón en la cadena de mando de la compañía. Exagente de inteligencia militar, Castillo fue contratado como presidente ejecutivo por la propiedad de Desa, los Atala Zablah, una de las familias más ricas de Honduras.

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Martín Cúneo

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Una veintena de organizaciones ecologistas y de derechos humanos pide a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que presione al Gobierno hondureño para que el asesinato no quede impune.

La investigación no se detiene

También se ha pronunciado individualmente Berta Zuñiga, coordinadora del COPINH y una de las hijas de la activista asesinada. La reclamación de COPINH y otros actores de los movimientos políticos y sociales es que la investigación esclarezca el papel de cuatro miembros de la familia Atala Zablah.

Ahora la Fiscalía General hondureña ha considerado probado que Castillo ordenó la muerte de Cáceres “como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca”.

🚨 A horas del fallo en el juicio contra el coautor del asesinato de mi mamá Berta Cáceres, el equipo legal de la Causa se pronuncia. Pedimos estar alertas en estas próximas horas… Detener la impunidad es la consigna!#JusticiaParaBerta#CastilloCulpable#FaltanLosAtala pic.twitter.com/VDbHq38Knl

— Bertha ZuCa (@BerthaZuniga1) July 4, 2021

El 2 de diciembre de 2019, siete personas —dos de ellos vinculados a la compañía y cuatro al ejército— fueron declaradas culpables y condenadas por el asesinato de la cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Antes, en 2017 el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) formado para seguir el proceso por el asesinato de la activista, extendió a más directivos de la empresa la responsabilidad de los hechos del 3 de marzo de 2016. Así, en su informe final concluyó que “DESA, a través de sus directivos y socios, se estructuró como una organización que utilizó un revestimiento legal para conformar y fortalecer estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado y concibió como enemiga a toda expresión defensora del territorio, y generando condiciones para el rompimiento del tejido social”.

En sus conclusiones, el GAIPE subrayaba que el “asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo”.

La nota publicada hoy por el Ministerio Público explica que la causa aún sigue abierta y se trabaja “en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato” de la activista de derechos humanos.