Industria armamentística
El TSJM admite la demanda contra el Gobierno por la opacidad en la exportación de armas

Una ley franquista, utilizada para ocultar transacciones en las que se ven envueltos materiales bélicos como bombas de racimo o morteros enviados a países que no cumplen con los derechos humanos, está en el punto de mira. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso presentado a principios de octubre por Greenpeace que busca poner fin a la opacidad y la falta de control parlamentario sobre las exportaciones de armas españolas.

La organización ecologista acusa al Ejecutivo de aplicar la ley de Secretos Oficiales, —aprobada en plena dictadura, en 1968, y reformada parcialmente en 1978— para ocultar información que permitiría saber si esas armas cumplen la ley española y los acuerdos internacionales que el Estado español ha firmado. 

La ONG denuncia que el Gobierno “hizo uso de la todavía vigente ley franquista de Secretos Oficiales para denegar a Greenpeace el acceso a la información solicitada, lo que impidió a la organización conocer si las autorizaciones que está concediendo el Gobierno a la industria para exportar armas a países involucrados en conflictos bélicos, como Arabia Saudí en el conflicto de Yemen, incumplen la ley española de control de comercio de armas, así como el Tratado Internacional de Comercio de Armas”.

Beneficios vs derechos humanos

“El Gobierno español deniega sistemáticamente la información referida a la exportación de armas, clasificada como secreta, en aras de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reconoce expresamente que la verdadera finalidad que se persigue con el mantenimiento de la información como secreto es salvaguardar la actividad económica de las empresas exportadoras de armas”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace. Huerta califica esta situación de “inadmisible en una democracia cuando está en juego el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. 

Colectivos como Amnistía Internacional o el Centre Delàs d’Estudis per la Pau llevan años denunciando cómo las armas españolas llegan a manos de Gobiernos poco amigos de los Derechos Humanos y la legalidad internacional como el de Filipinas o los de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, cuyas fuerzas armadas han golpeado sistemáticamente a Yemen en un conflicto en el que las violaciones de derechos humanos se cuentan por docenas.

En concreto, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este conflicto existen “patrones documentados de violaciones graves del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos”, límites que los Estados que han enviado armas, como el español, están “ignorando flagrantemente”. 

De hecho, el litigio que hoy acepta el TSJM se basa en una investigación de Greenpeace que demostró la presencia de morteros fabricados por empresas españolas en una zona caliente del conflicto yemení.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Con esta decisión, el TSJM acepta a trámite el escrito de interposición de Greenpeace sobre la vulneración del derechos a la libertad de expresión, tras la denegación de dos peticiones de información sobre la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados. 

Según la argumentación desarrollada por la organización pacifista “el acceso a la información es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de comunicar o recibir libremente información veraz, reconocido en el famoso artículo 20.1.d) de la Constitución”. Esta premisa ha sido reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su jurisprudencia, y con este procedimiento judicial, Greenpeace pretende “que los tribunales españoles incorporen esta doctrina internacional, que reconoce que el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental y accesorio del derecho a la libertad de expresión e información, sobradamente conocido en el mundo del periodismo”.

El juzgado ha dado un plazo de ocho días a la organización para presentar la demanda. Para Greenpeace, “la obtención de una sentencia favorable en este procedimiento, constituiría un hito histórico en el control del comercio de armas españolas, cuyo secretismo oficial impide el control de la legalidad, y aumenta el riesgo de que armas españolas se utilicen ilegalmente en la comisión de violaciones graves del derecho internacional”.