Industria
Mecaner, un cierre injusto o cuatro alternativas con mirada ecosocial para mantener la fábrica de Urduliz

ESK y LAB han presentado el ‘Plan de Transición Ecosocial’ que ha elaborado la cooperativa Garúa como una herramienta para la búsqueda de soluciones al ERE propuesto por la multinacional Stellantis.
Mecaner
Trabajadores de Mecaner delante de la planta. Foto cedida por el sindicato ESK.

El comité de empresa de Mecaner de Urduliz (Bizkaia) encargó a la cooperativa Garúa un informe sobre la viabilidad de la fábrica. El investigador Martín Lallana lo realizó entre noviembre y febrero y, ayer, los sindicatos ESK y LAB hicieron público el texto completo. El objetivo de la investigación ‘Plan de Transición Ecosocial’ es plantear respuestas realistas para evitar el ERE que pesa sobre la plantilla, actualmente en huelga indefinida, anunciado por la multinacional Stellantis, la cual ha recibido 66 millones de euros públicos —59 para el desarrollo de baterías en la planta de Figueruelas, 6,7 para la producción de vehículos en Vigo y 0,3 para la de Madrid— y el año pasado cerró con 18.625 millones de beneficios. El cierre propuesto por Stellantis de la fábrica Urduliz no es otro, afirma plantilla —y ratifica el informe— que la deslocalización de la planta de Mecaner: fabricar los moldes para la carrocería exterior de vehículos en países con salarios bajos, remolcar las piezas hasta Europa y ensamblarlas luego en otras fábricas de Stellantis ubicadas en el Estado español, a fin de evitar arranceles y que el coche ensamblado salga al mercado como Made in Spain

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En 2023, Mecaner obtuvo 600.000 euros y la multinacional que la dirige, Stellantis, 18.625 millones (y recibió 68 millones en PERTE). La multinacional deslocaliza plantas de troqueles a países “low cost” para luego ensamblar las piezas en la UE.

El informe propone cuatro alternativas de fabricaciones en estampación metálica, para aprovechar, en mayor o menor medida, la maquinaria de Mecaner y el conocimiento de los trabajadores: carcasas de baterías para vehículos, intercambiadores de calor de placas, placas bipolares para electrolizadores y laminaciones para máquinas eléctricas. Las carcasas serían la opción de reconversión con menos dificultades. 

La gestión y la propiedad de la empresa también podría definirse por cuatro vías distintas: mantener la actual propiedad de Stellantis si la multinacional renuncia al cierre y decide fabricar otras piezas, una propiedad semipública con la entrada de capital público, como ya hace el Gobierno vasco en Basquevolt y en otras empresas mediante la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), un cambio de propiedad a través de un inversor externo y, por último, la recuperación de la empresa por parte de los trabajadores. Lallana expone dos ejemplos de éxito para este caso, como son los Talleres Mitxelena, cooperativa de Hernani especializada en mecanizados de grandes dimensiones, y la Sociedad Laboral Zorrotz de Legazpi, que fabrica utillaje especial para la máquina herramienta (cuchillas y guías de deslizamiento). “Cuenta con una plantilla de 47 personas, de las cuales 40 son socias, y han duplicado su producción, destinando un 40% a exportaciones”, señala el investigador. Esta empresa se reconvirtió en 2011. 

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Transición justa, trasvase de dinero público

El informe reconoce que la “amenaza de cierre de Mecaner llega en un escenario turbulento, marcado por la pérdida de empleo industrial en Euskadi, por las crisis recurrentes en el sector de la automoción y por el ajuste de costes llevado a cabo por multinacionales como Stellantis para aumentar sus beneficios”. La caída de la venta de automóviles pone en jaque al sector, así como la emergencia climática, por ello “enfrentar un proceso de cierre con una propuesta de reconversión industrial en un sentido ecológico permite que los trabajadores y trabajadoras asuman mayor protagonismo en la defensa de un futuro para su empleo que coincida con una transición ecosocial justa”, asegura Lallana. Esto permitiría plantear qué se fabrica, cómo y para quién, e incidir en las políticas industriales que se llevan a cabo con dinero público, trasvasado a empresas privadas. 

El investigador reconoce que “revertir el cierre de una fábrica y evitar el despido de su plantilla es un reto enormemente complejo”, pero con el informe planteaba la hipótesis de señalar la política industrial verde, que recibe grandes inversiones públicas, puede “ser aprovechado por las estrategias sindicales bajo la demanda de un plan de transición ecosocial para empresas industriales en situación crítica”. El ERE afecta a 148 trabajadores, que el 13 de marzo arrancaron una huelga indefinida.

Intervención política

El informe lo ha pagado el Ayuntamiento de Urduliz, gobernado por EH Bildu. La mancomunidad de la comarca también se ha puesto a disposición de los trabajadores. Asimismo, el juntero de la Diputación de Bizkaia Iker Casanova destaca el papel de “mero espectador desde su sillón neoliberal” del Gobierno vasco. El diputado ya ha realizado una interpelación en las Juntas Generales y su grupo va a presentar una moción para que el ente foral genere un “protocolo integral en empresas en crisis con una actitud de prevención e intervención”.

Reconoce que la amenaza del cierre de una fábrica es un situación “compleja”, para la que “no se tiene una varita mágica ni se pueden comprar todas las empresas”, por ello este informe procura alternativas proactivas para las instituciones, el tejido empresarial y la plantilla. Y lo hace desde una mirada “que engarza hacia la dirección de sostenibilidad ecosocial”, concluye el juntero de EH Bildu.

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