Ley de Vivienda
Las nuevas ejecuciones hipotecarias se duplican con respecto a 2019

Los nuevos procesos judiciales por no poder pagar la hipoteca crecen el 98,2% con respecto a antes de la pandemia. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, 128 familias pierden su hogar cada día.
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El aumento del precio de la vivienda en propiedad y una burbuja del alquiler que no termina de explotar sitúan a miles y miles de familias en una situación desesperada. Álvaro Minguito

La espiral especulativa tras la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma ha llevado a desenterrar la Ley de Vivienda y volver a hablar de un texto que debería estar en el Congreso desde febrero. El precio del alquiler en los municipios cercanos al desastre se ha catapultado y desde diversas organizaciones de la sociedad civil y desde Unidas Podemos se han ocupado de recordar que nada de esto hubiera pasado si estuviera ya aprobada una Ley de Vivienda que regule el precio de los alquileres. El Gobierno canario reaccionó el 22 de septiembre y anunció la compra de 73 viviendas para alojar a familias afectadas por el volcán. En total, 6.000 personas han sido evacuadas y, por el momento, cerca de 200 familias han perdido sus casas.

El mismo día en el que el Gobierno canario anunciaba la medida, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) daba a conocer las cifras de desahucios del segundo trimestre de 2021: cada día 128 familias fueron expulsadas de sus hogares, arrojadas a un mercado con alquileres inflados y con nulas posibilidades de acceder a un préstamo hipotecario.

Cada día 128 familias fueron expulsadas de sus hogares, arrojadas a un mercado con alquileres inflados y con nulas posibilidades de acceder a un préstamo hipotecario

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021, el número de familias que perdieron sus viviendas fue de 11.571. La diferencia con el segundo trimestre de 2020 es abismal: los desahucios se han multiplicado por siete —concretamente 736,7%— con respecto a los peores meses de la pandemia, cuando los juzgados estaban cerrados.

Si se comparan los desahucios entre el segundo trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2019, los desalojos caen un 21,2%, una cifra explicable, entre otras causas, por los efectos de la moratoria de desahucios vigente hasta el 31 de octubre. Según señala la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), esta moratoria es insuficiente y no está llegando a la mayoría de la familias que lo necesitan, pero aún así, ha evitado miles de lanzamientos. Si no se vuelve indefinida y se amplía advierten de un “tsunami” de 79.000 desahucios.

“¿Cuánta gente debe quedarse en la calle para que reconozcan que no han protegido a las familias vulnerables en su totalidad? Si la moratoria no se prorroga y mejora para que acoja a más perfiles —el hipotecario por ejemplo está en total indefensión y ya está creando estragos— y no dé pie a la reinterpretación de algunos jueces que prefieren optar por desahuciar que por defender derechos y familias vulnerables, el tsunami de desahucios que se está generando será una catástrofe”, dicen desde la PAH en un comunicado.

Del total de desahucios, el 69,4% fueron por no poder pagar el alquiler. Catalunya lidera la lista de comunidades autónomas con más desalojos, con 2.624, el 22,7%. Le siguen Andalucía, con 1.794; la Comunidad Valenciana, con 1.760; y Madrid, con 1.178.

Según el CGPJ, en el segundo trimestre de 2021, se han presentado 7.646 nuevas ejecuciones hipotecarias —muchas de las cuales finalizarán en desahucios—, una cifra que supone el doble (98,2%) que en 2019

Pero si algo llama la atención de los últimos datos del CGPJ es el espectacular aumento de hogares que no pueden pagar la hipoteca y se han visto envueltos en un proceso de ejecución hipotecaria. Según esta estadística, en el segundo trimestre de 2021, se han presentado 7.646 nuevas ejecuciones hipotecarias —muchas de las cuales finalizarán en desahucios—, una cifra que supone el doble (98,2%) que en 2019 y augura que el volumen de desalojos que se verán reflejados en futuros informes del CGPJ puede aumentar.

“Vidas en juego”

El Gobierno no parece tener prisa en presentar y, menos aún, en aprobar la Ley de Vivienda. El 15 de septiembre, la diputada socialista Eva Bravo aseguró en el Congreso que el Gobierno tendrá lista la Ley de Vivienda antes de final de año, pero no espera que entre en vigor hasta el último trimestre de 2022. “Ya se ha realizado la consulta pública previa y el período participativo de dicha ley y se va aprobar el anteproyecto de ley antes de concluir este año”, señaló.

Cuando se negociaban los anteriores presupuestos, los dos socios de Gobierno se pusieron enero de 2021 como fecha tope para pactar la ley en el seno del Ejecutivo y febrero para presentarla en el Congreso para su debate y tramitación. La fórmula para enfrentarse a la burbuja del alquiler es el principal escollo. Mientras que Unidas Podemos y la izquierda parlamentaria que sostiene al Gobierno defienden una regulación de precios que siga el modelo catalán, el PSOE apuesta por incentivos fiscales. 

“Más que nunca hay vidas en juego y falta altura política para revertir la situación. El coste humano para beneficiar a los buitres es demasiado alto y no lo podemos seguir pagando”, advierten desde la PAH

A pesar de haberse comprometido en el acuerdo de investidura con Unidas Podemos y luego en el pacto de los presupuestos con todos sus socios parlamentarios para incluir la regulación de los precios en la Ley de Vivienda, el Gobierno ha recurrido la norma catalana y hasta ahora no ha dado señales de que esté dispuesto a incluir mecanismos de control de los precios en el mercado del alquiler. Cuando el Gobierno ya ha comenzado a hablar con sus socios para buscar los votos que necesita para aprobar los presupuestos de 2022, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dejado claro que no quiere volver a hablar de vivienda en este caso: “No tiene sentido vincular la futura ley de Vivienda con un tema tan fundamental como los Presupuestos”, declaró.

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El aumento del precio de la vivienda, del número de desahucios, de nuevas hipotecas y de nuevas ejecuciones hipotecarias del que hablan los datos de los dos primeros trimestres del año son reflejo de un boom internacional de la vivienda, producto del efecto rebote de la pandemia y de unos tipos de interés históricamente bajos. La falta de materiales de la construcción o la bancarrota del gigante inmobiliario Evergrande son elementos de preocupación para el mercado y alertan sobre los riesgos de un efecto en cadena. 

“Más que nunca hay vidas en juego y falta altura política para revertir la situación. El coste humano para beneficiar a los buitres es demasiado alto y no lo podemos seguir pagando”, advierten desde la PAH.

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