Madrid
El fiscal general del Estado, en el alambre, declara como investigado ante el Supremo

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo recibe hoy al fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz, que esta misma semana ha sorteado un recurso que quería impugnar su nombramiento, se presenta ante el Supremo para defenderse de la presunta filtración que le atribuye Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que confesó en dos correos las irregularidades cometidas ante Hacienda.

García Ortiz ha negado haber filtrado el correo electrónico por el que está siendo investigado y ha criticado el registro que la Guardia Civil hizo de su despacho el 30 de octubre de 2024, ya que considera que vulneró sus derechos fundamentales. El Fiscal general del Estado ha denunciado que la instrucción de este caso vulnera su derecho de defensa y debería declararse nula. Solo ha contestado a las preguntas de la Abogacía del Estado, que se ocupa de su defensa.

El juez que instruye el caso, Ángel Luis Hurtado, investiga por los mismos hechos también a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe. Hurtado negó este lunes, 27 de enero, que González Amador sea un “defraudador confeso”.

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Isabel Perelló ha llegado inesperadamente al cargo más importante en la justicia española, Álvaro García Ortiz espera una inminente decisión sobre su imputación.

El caso seguido por las filtraciones, distinto del caso en que se investiga en el juzgado número 19 de Madrid y que debe esclarecer las condiciones en las que se produjo el presunto fraude a Hacienda de González Amador, progresa con la declaración de García Ortiz y después de que ya hayan pasado varios testigos. Entre ellos, los jefes de prensa de Fiscalía, varios periodistas —que se negaron a revelar las fuentes de las informaciones susceptibles de proceder de la presunta filtración— y el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2024. Ese día, pasadas las 21h, el periódico El Mundo, de la cuerda de la presidenta autonómica, publicó que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador. Menos de una hora después, La Sexta aseguraba que era la defensa de Amador la que había solicitado ese acuerdo.

La Guardia Civil señala que no hay pruebas de que hubiese orden de ningún tipo para filtrar información personal del investigado por presunto fraude

Posteriormente, la Fiscalía publicaba una nota en el mismo sentido: el órgano no había ofrecido el pacto, sino que fue el letrado del defraudador confeso quien lo hizo. Fue en dos correos electrónicos, enviados el 2 febrero y el 12 de marzo de 2024, en los que el abogado del exdirectivo de Quirón reconocía dos delitos contra la Hacienda Pública para tratar de minimizar daños.

Fue esa nota de Fiscalía la que motivó la querella, por revelación de secretos, de González Amador, el Colegio de Abogados de Madrid y la asociación Manos Limpias. Fiscalía ha defendido que la nota enviada, posteriormente a las informaciones publicadas, pretendieron atajar el bulo lanzado desde el entorno de la presidenta de la CAM sobre el pacto ofrecido a la pareja de la presidenta.

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En una nota aclaratoria publicada en el momento de anuncio de inicio del proceso de investigación, en octubre de 2024, el Supremo esclarecía que García Ortiz no será investigado por la nota aclaratoria publicada para desmentir las informaciones periodísticas publicadas con información de la Comunidad de Madrid, sino por el presunto filtrado a prensa de un correo electrónico al que tuvieron acceso al menos 18 personas al mismo tiempo que el Fiscal.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado, según el juez del caso, Ángel Luis Hurtado, pruebas de la participación en la filtración. No obstante, el mismo informe señala que no hay pruebas de que hubiese orden de ningún tipo para filtrar información personal del investigado por presunto fraude.

El lunes, Hurtado rechazaba el requerimiento de la Abogacía del Estado para retrasar la declaración de García Ortiz. Entre otras diligencias, Abogacía, solicitaba que se citara a declarar antes a González Amador. No ha sido así y el fiscal, en una situación insólita en democracia, explicará hoy su relación con el caso. Más suerte tuvo González Amador, que el 24 de enero vio como la juez que lleva su caso admitió la solicitud de la pareja de la presidenta para no declarar todavía por causa de un viaje de trabajo.