Marruecos
El menguante margen de libertad de la disidencia en Marruecos

Pegasus, prisión o campañas de difamación, el régimen marroquí no escatima recursos para acallar las críticas a su gobierno.
Marruecos
El Parlamento de Marruecos en Rabat Ricard González
Rabat
14 feb 2023 06:00

“¿Imagino que has puesto el teléfono en modo avión, no?”, inquiere Maati Monjib, un historiador y periodista marroquí, poco después de empezar la entrevista. Su prudencia no es exagerada, pues como han revelado informes de Amnistía Internacional, el régimen marroquí ha hecho un uso extensivo del programa de ciberespionaje Pegasus. De hecho, según Amnistía, Monjib fue el primer disidente en el norte de África al que se le detectó el intrusivo programa de fabricación israelí en su teléfono. El hackeo de los móviles es uno de los métodos que han utilizado las autoridades marroquíes para ejercer un mayor control sobre la sociedad civil, y achicar así los márgenes de libertad en el país magrebí. Por primera vez en más de dos décadas, el Parlamento Europeo aprobó una moción en enero condenando las violaciones de derechos humanos en Marruecos.

“La represión ha ido en aumento desde 2014. En concreto, desde el golpe de Estado del general al Sisi en Egipto. Occidente permitió allí una represión masiva, y el régimen comprendió que podía sofocar las voces críticas sin apenas consecuencias”, explica Khadija Riady, ex presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la ONG más combativa de este género en el país. En general, toda persona que traspase unas líneas rojas cada vez más gruesas es susceptible de recibir amenazas, campañas de difamación en los medios oficialistas, o incluso de ser encarcelado.

En Marruecos, “la represión ha ido en aumento desde 2014. En concreto, desde el golpe de Estado del general al Sisi en Egipto. Occidente permitió allí una represión masiva, y el régimen comprendió que podía sofocar las voces críticas sin apenas consecuencias”

Aunque políticos, sindicalistas o defensores de derechos humanos han sufrido la represión del régimen, quizás sean los periodistas independientes los más damnificados durante los últimos años. De acuerdo con la estimación de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en estos momentos, Marruecos cuenta con una decena de periodistas entre rejas, buena parte de ellos saharauis,. El Sáhara Occidental, al igual que el Rif, es un agujero negro informativo. No solo los periodistas independientes locales ven constreñida su labor, sino que Marruecos ha incluso deportado a numerosos periodistas extranjeros que han logrado infiltrarse en el Sáhara Occidental sin el permiso requerido, que conlleva un estricto control policial que impide el normal desarrollo de la labor periodística.

Ahora bien, los tres reporteros en prisión más prominentes son marroquíes. Se trata de Taufik Boucharine, Suleiman Raissouni y Omar Radi. Todos ellos fueron condenados a largas penas de entre cinco y quince años de cárcel por cargos relativos a delitos sexuales. “Estas acusaciones son falsas. La verdadera razón por la que están entre rejas es haber publicado artículos que traspasaban alguna línea roja, como revelar escándalos de corrupción de las altas esferas”, comenta Riady. En el último ranking sobre la libertad de prensa en el mundo elaborado por RSF, Marruecos se sitúa en el lugar 135 de 180 países, dentro del grupo de países donde la situación de la prensa es “difícil”.

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Pero esta no es la única estrategia para ahogar las voces de los periodistas más valientes y comprometidos. Los servicios de seguridad o empresarios muy cercanos a Palacio han ido comprando medios o creando nuevos hasta formar un potente universo mediático con el único objetivo de lanzar campañas de difamación contra las voces disidentes, ya sean reporteros inquisitivos u otros perfiles incómodos, como la AMDH. “A nosotros, en estos ‘medios’ nos han acusado de todo tipo de falsedades: que somos unos depravados sexuales, agentes de países extranjeros, que queremos destruir la moral islámica por apoyar los derechos de la comunidad LGTBI”, espeta Riady. “Este tipo de campañas nos hacen mucho daño porque nuestro capital es la credibilidad ante la población”, añade esta experimentada activista.

Los servicios de seguridad o empresarios muy cercanos a Palacio han ido comprando medios o creando nuevos hasta formar un potente universo mediático con el único objetivo de lanzar campañas de difamación contra las voces disidentes

Cuando estas presiones no logran amedrentar a los activistas, la prisión constituye el último recurso del sistema. De acuerdo con los cálculos de la AMDH, desde el año 2020, al menos una decena de defensores de derechos humanos ha dado con sus huesos en la cárcel. Ahora mismo, se encuentran en prisión dos conocidos defensores de los derechos humanos, ambos militantes de esta entidad: Saida al Alami, condenada a dos años de cárcel por cargos como “insultar a oficiales públicos mientras desarrollaban sus funciones” o “distribuir noticias falsas”; y Rida Benotmane, sentenciado a tres años de cárcel por acusaciones parecidas. En ambos casos, su “crimen” fue censurar a las autoridades a través de posts en las redes sociales.

Según Monjib, Marruecos se ha convertido en un “Estado policial”, y denunciarlo públicamente o simplemente desvelar cuál es su funcionamiento constituye una línea roja para el régimen. De hecho, este veterano intelectual cree que esa fue una de las razones principales que llevaron a su condena de cárcel en 2021, a la que puso fin con una huelga de hambre que lo situó al borde de la muerte, y con la ayuda de la presión ejercida por el Comité de Derechos Humanos del Congreso de EEUU.

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“Los servicios de la DST [inteligencia interior] están en todos lados, están infiltrados en la policía, en los medios de comunicación, en los tribunales ... En Marruecos existe una policía política oculta, con una estructura paralela” asevera Monjib, considerado el decano del periodismo de investigación en el reino alauita. Entre los métodos de presión, el chantaje respecto a presuntas relaciones sexuales contrarias a la conservadora moral dominante. A veces, incluso los medios oficialistas han difundido fotos o vídeos gracias al hackeo de los teléfonos o la utilización de cámaras ocultas.

El precio a pagar por aquellos que no se dejan amedrentar puede ser muy caro, como ha comprobado el reportero Omar Radi, cuya liberación exige una inédita moción del Parlamento Europeo aprobada por una amplia mayoría el mes pasado y que censura la violación de los derechos humanos, con una mención especial al Rif. “Omar está en un estado de salud delicado porque no le proporcionan la comida adecuada teniendo en cuenta la enfermedad digestiva que padece”, denuncia su padre, Idris Radi, que describe como “una venganza” el durísimo régimen carcelario que recibe su hijo: aislamiento las 24 horas del día, la prohibición de escribir, leer o recibir cartas. Su única comunicación con el mundo exterior son dos llamadas al mes a su familia. Y encima, a menudo, el teléfono está sospechosamente averiado durante días.

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