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Medio ambiente
Ecologistas en Acción denuncia el incumplimiento de la estrategia de venenos en Extremadura
Transcurridos 5 años de la aprobación de la estrategia extremeña contra el uso ilegal de venenos, siguen sin cumplirse tanto los compromisos de creación de patrullas especializadas como los de formación especializada de los Agentes de Medio Ambiente.
El pasado mes de marzo se cumplieron 5 años de la aprobación de la estrategia extremeña de lucha contra el uso de cebos envenenados en el medio natural. En ella se recogían acciones como la creación específica de patrullas especializadas, que estarían constituidas de un mínimo de 2 agentes por cada una de las 10 Unidades Territoriales de Vigilancia Ambiental, además del apoyo del resto de Agentes y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. A día de hoy no se ha realizado el nombramiento oficial de ninguna de estas patrullas especializadas, “desmotivando a un grupo de funcionarios que se manifiesta desatendido por la propia Administración y que tan importante labor desempeña en el conocimiento y defensa de nuestro patrimonio natural”.
El uso de veneno, o cualquier otro método de muerte masiva o no selectiva, está tipificado como delito castigado con penas de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses
Sin un conocimiento real de lo que ocurre en el campo, difícilmente puede atajarse la grave problemática de los envenenamientos, y en esto son pieza clave este grupo de trabajadores públicos. La especialización implica, además de medios humanos y materiales, formación tanto en materia de venenos como en desarrollo de técnicas modernas de investigación de estos delitos. A pesar de ello, en estos 5 años la Junta de Extremadura sólo ha realizado dos jornadas de carácter general sobre esta Estrategia. La única mejora en el desarrollo e implantación de ésta ha sido la recuperación de un equipo canino especializado, a todas luces insuficiente para la gran extensión de esta región.
Como denuncia Ecologistas en acción, hay que recordar que el Gobierno extremeño firmó un compromiso de aprobación de la Estrategia contra el veneno con la Comisión Europea en el marco del proyecto Life+Veneno, dado que la región alberga algunas de las mayores poblaciones mundiales de aves rapacesamenazadas: buitre negro, milano real, alimoche, águila imperial, etc. Las dos primeras especies mencionadas, el buitre negro y el milano real, registran justamente las tasas más altas de casos de envenenamiento registrados en Extremadura.
Cabe señalar que el uso de veneno, o cualquier otro método de muerte masiva o no selectiva, está tipificado como delito y, por ello, castigado con penas de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses, así como a la inhabilitación para cazar y pescar por un período de 1 a 3 años. Un factor que ha favorecido la generalización del uso de venenos como método ilegal de control de depredadores ha sido la impunidad con la que actúan los envenenadores, debido a la dificultad material de identificar a los autores de estos delitos.
El uso de veneno, o cualquier otro método de muerte masiva o no selectiva, está tipificado como delito y, por ello, castigado con penas de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses
A este grave problema, que está afectando a la rica pero amenazada biodiversidad de nuestra región, hay que añadir, en opinión de fuentes ambientalistas, el tremendo biocidio que se está produciendo en la avifauna a causa de su electrocución en tendidos eléctricos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha calculado en más de 33.000 rapaces al año muertas por esta causa en todo el país. Sobre este fenómeno, que suele pasar desapercibido, hay una casi absoluta ausencia de sanciones penales y administrativas, produciéndose una radical inaplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental que frene esta catástrofe para la biodiversidad.
Por estos fundados motivos Ecologistas en Acción reitera la petición a la Junta de Extremadura de que cumpla con la creación de estas patrullas especializadas de Agentes del Medio Natural, con el objetivo de que puedan atenderse adecuadamente problemas tan importantes como la investigación en el uso de venenos o las muertes en los tendidos eléctricos y en los vallados de alambre de espino, que provocan todos los años pérdidas irreparables de vidas y menoscaban gravemente el patrimonio natural colectivo.