Medio ambiente
Treinta propuestas ecologistas para cien días de Gobierno

Nuevo Gobierno, nuevo enfoque. Al menos esa es la teoría, a nivel medioambiental, más si se tiene en cuenta que Transición Ecológica ha pasado al rango de Vicepresidencia y es raro que ambas palabras no aparezcan en cualquiera de los documentos marco y discursos del Gobierno de coalición. Es por ello que las cinco principales organizaciones ecologistas activas en España —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF— han presentado este jueves a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, un documento para que el Ejecutivo “aborde los mayores retos ambientales a los que se enfrenta España y que lidere a nivel europeo las políticas más avanzadas en defensa de la naturaleza y las personas”.

Los cinco colectivos resaltan que el momento actual, “en el que las crisis ecológica y climática resultan evidentes y en todo el planeta aumentan los llamamientos para inclinar la balanza en favor de la sostenibilidad y de un sistema económico más justo”, es clave y así se lo han hecho saber a Ribera en una reunión que han mantenido con ella este jueves.

Moratoria ganadera, incremento de la ambición

Sentar las bases de una política agraria, alimentaria y rural sostenible es una prioridad para las cinco organizaciones, para lo cual piden al Gobierno propuestas como una moratoria para grandes explotaciones ganaderas industriales o la convocatoria de la Mesa de Asociaciones del Medio Rural para garantizar el fomento y la diferenciación de los productos agroalimentarios de estas zonas incluidas en la Red Natura 2000 y sistemas de alto valor natural.

Asimismo, actuar contra la emergencia climática de forma prioritaria, sacando adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética —algo a lo que se ha comprometido Ribera en el plazo señalado por los ecologistas—, con un compromiso de reducción de emisiones para España del 55% para 2030 y neto cero en 2040, es otro de los ejes que las organizaciones defensoras del medio ambiente piden al Gobierno, una estrategia que se complementaría con una ley de movilidad sostenible.

Por supuesto, echar el freno a la pérdida de biodiversidad, especialmente tras el demoledor informe del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de la ONU del año pasado, en el que se advierte de que un millón de especies están en peligro de extinción, es otro de los ejes que, para los ecologistas, el Gobierno debería tener.

En este sentido, acordar una “hoja de ruta vinculante” para abordar la emergencia producida por la pérdida de biodiversidad que incluya dotar el Fondo de Patrimonio Natural y Biodiversidad con, al menos, el 1% del presupuesto de la obra pública es una de las medidas que solicitan. Reforzar al Seprona y a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con más medios materiales y personales, e incluir en la propuesta de modificación del Código Penal un aumento de penas por el crimen ambiental, son otros ejes que las cinco ONG defienden, sin olvidar una modificación de la Ley de Costas y dotar de contenido y fondos a la Estrategia Española de Adaptación de la Costa al Cambio Climático. 

SDDR y residuo cero

El impulso de un modelo productivo basado en la reducción del consumo de recursos materiales, con especial atención a las políticas de residuo cero, es una demanda fundamental para las cinco organizaciones. La obligación de una recogida selectiva de materia orgánica como de residuos textiles o iniciar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para que la industria del envasado se haga cargo de los residuos que genera son algunas de las exigencias en este sentido.

En el ámbito de la creación de un nuevo marco para la transición ecológica, los colectivos hacen un llamamiento a sentar las bases de una transición ecológica “eficaz, eficiente y justa” mediante medidas como incluir en las Conferencias de Presidentes un punto fijo del orden del día para abordar la transición ecológica, o asegurar una representación adecuada de las organizaciones ambientales en el Consejo Económico y Social y en el comité de la nueva Oficina de Prospectiva de la Moncloa.

También piden una ley de Fiscalidad Ambiental “que redistribuya la carga fiscal, primando las buenas prácticas que promuevan el ahorro, la restauración ambiental y la creación de empleo ligado al medio ambiente, al tiempo que se desplace la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo de recursos”. Esta ley pasaría por introducir criterios ambientales en los impuestos existentes o introducir nuevas tasas para desincentivar el sobreconsumo de recursos naturales, entre otras medidas. 

Transición hidrológica, moratoria de regadíos

Respecto a la creación de un nuevo modelo de desarrollo, la batería de propuestas incluye el inicio de una transición hidrológica que integre una moratoria de nuevos regadíos —para los cuales se destina el 85% del total de agua embalsada en España— y “una hoja de ruta calendarizada para revertir infraestructuras hidráulicas o programadas que son contrarias a la transición ecológica”, casos como los trasvases Tinto, Odiel, Piedras-Doñana, Siurana-Riudecanyes o Tajo-Segura; el pantano de Mularroya; las presas de Biscarrués y Alcolea, o el recrecimiento de Yesa. 

En el plano europeo, el documento señala la urgencia de presentar un Plan Nacional de Energía y Clima más ambicioso que incluya el objetivo de un sistema eléctrico 100% renovable en 2030 y especifique la fecha de cierre de las centrales de carbón y nuclear en 2025. También pone énfasis en el papel de España en la Unión y pide a Ribera que trabaje para que la UE concrete un compromiso de reducción de emisiones del 65% para 2030, y defienda que no se permita la financiación del gas natural y la energía nuclear en el Pacto Verde Europeo.

Medidas efectivas contra la contaminación, como la equiparación de los impuestos del combustible diésel y la gasolina, o la reducción del uso de sustancias peligrosas, con una disminución del uso de plaguicidas de al menos un 30% para 2023 completan la batería de propuestas presentada por las cinco ONG