Memoria histórica
El Ayuntamiento de Burgos, en manos del PP y Vox, fulmina las ayudas a la recuperación de la memoria histórica

En total, 40.000 euros de los presupuestos de Burgos ya no irán destinados a las actividades que tanto la Asociación memorialista como la Cátedra de la UBU habían proyectado.
En memoria de los represaliados en la prisión de Valdenoceda (Burgos) entre 1939 y 1942
Placa en memoria de los represaliados en la prisión de Valdenoceda (Burgos) entre 1939 y 1942. Álvaro Minguito

El Ayuntamiento de Burgos, gobernado por el PP y Vox, ha suprimido 40.000 euros en subvenciones para proyectos de memoria histórica mientras otras corporaciones municipales anteriores del PP los mantuvieron. Los afectados directos son la Asociación de Memoria Histórica de la ciudad y la Cátedra para la Memoria Histórica y Democrática Eduardo de Ontañón de la Universidad burgalesa (UBU). De forma indirecta, los afectados de esta política es la sociedad en su conjunto.

En el pleno celebrado el pasado 26 de julio, la actual alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, justificó esta decisión con motivos peregrinos. El primero de ellos, adujo, es que el proyecto presentado por la Asociación memorialista estaba localizado en Estépar, un pueblo situado a unos 20 kilómetros de la ciudad. “Las competencias del Ayuntamiento se circunscriben a su término municipal”, sentenció en el pleno.

Soledad Benito, la presidenta de la Asociación en cuestión, se sorprendió al enterarse por la prensa de lo que la nueva corporación pretendía hacer con los 25.000 euros que habían solicitado al Consistorio. “No hemos recibido ninguna comunicación oficial, nadie nos ha dicho nada. Si ese fuera el verdadero motivo por el que no nos aceptan la ayuda, habríamos presentado otra con proyectos en la ciudad de Burgos”, relata a El Salto.

De hecho, los convenios entre Ayuntamiento y Asociación se venían repitiendo anualmente desde 2016. Hasta este 2023, que la cifra ascendía a los 25.000 euros, siempre recibieron 20.000 euros. “Todo ese dinero ha ido a parar al monte de Estépar para las exhumaciones que hicimos en 2014 y 2015”, añade la activista por la memoria. En este monte fueron asesinados hasta 400 personas consideradas defensoras de la Segunda República por los alzados a partir del 19 de julio de 1939, el día en que la sublevación militar llegó a esta región.

Un lugar de memoria para los cientos de desaparecidos

Estos cuerpos de desaparecidos esperaron a ser exhumados durante décadas. La Asociación lo consiguió, en parte, pues de los cientos de personas allí enterradas pudieron rescatar a 96, de las cuales seis pudieron ser identificadas mediante cotejos de ADN con sus familiares. Aunque enterrados fuera del término municipal, las personas que el bando sublevado fusiló sí procedían del penal de Burgos. En la actualidad, los 90 cuerpos restantes están enterrados en el cementerio de Estepa.

“Primero hicieron que por ahí pasara la autovía, y en la zona del arenal sacaron arena para construir. Es tremendo, porque todo el mundo sabía que salían cuerpos de este lugar, pero nadie lo paró”

El resto de fosas han quedado sepultadas, más si cabe, por el maltrato que ha sufrido el monte. “Primero hicieron que por ahí pasara la autovía, y en la zona del arenal sacaron arena para construir. Es tremendo, porque todo el mundo sabía que salían cuerpos de este lugar, pero nadie lo paró”, relata Benito.

Por eso, la Asociación vio que poco más podía hacer que honrar la memoria de todas estas personas. “Poco a poco, con la financiación queríamos construir un lugar de memoria con paneles explicativos y todos los nombres de las posibles víctimas que allí se encontraban”, explica. Sea como fuere, este cambio por parte del Gobierno de Burgos, liderado por el PP y Vox, no les va a frenar. La Asociación al completo está centrada en la próxima exhumación que realizarán en Villela, también provincia de Burgos.

La ignorancia se demuestra hablando

Ayala, la alcaldesa burgalesa, también se refirió a la labor académica que realiza la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática de la UBU. “¿Por qué siempre este acotamiento en el tiempo? La represión franquista. El siglo XX en España fue un siglo terrorífico hasta la Transición”, empezó su diatriba en el pleno. Así continuó: “¿Hubo represión franquista? Claro, no lo negaremos. ¿Hubo una Segunda República lamentable? Claro que la hubo. ¿Hubo episodios también lamentables antes de la Segunda República? También los hubo”.

Desde el punto de vista de esta edil, “hacer una cátedra exclusivamente de un momento histórico es hacer política con la historia”. Asimismo, Ayala consideró que “la Transición fue ese momento que unió a los españoles, que decidieron olvidarse del triste pasado y las cosas terribles que habían sucedido en el siglo XX y decidieron superar ese momento”. “Por tanto, si tiene que haber una cátedra, puede ser de todo el siglo XX, pero no solo de un momento en concreto”, enfatizó.

“El apoyo económico que ahora no tenemos consistía en 15.000 euros que nos servían para realizar diferentes actividades de divulgación y proyectos relacionados con la memoria democrática de Burgos”

Con estas palabras lo que hizo Ayala fue mentir a la ciudadanía de Burgos, ya que la mencionada Cátedra estudia la historia más reciente de España, en concreto desde la Restauración. Ignacio Fernández es el director de esta Cátedra de la UBU y profesor titular de antropología: “El apoyo económico que ahora no tenemos consistía en 15.000 euros que nos servían para realizar diferentes actividades de divulgación y proyectos relacionados con la memoria democrática de Burgos”, explica.

Los proyectos que tendrán que esperar

Con ese dinero se habrían llevado a cabo diferentes trabajos. Uno de ellos es un estudio sobre la represión sufrida por las mujeres al principio de la Guerra Civil y del primer franquismo partiendo de documentación tanto local como nacional, un tema apenas abordado antes en la región. Otro de los proyectos que tenían planteados era la realización de una exposición que abordara las exhumaciones realizadas en la provincia de Burgos con la colaboración de otras entidades como la Asociación memorialista y el Ministerio de la Presidencia.

Un tercer proyecto consistía en la edición de un libro que podría llevar por título Calles para la democracia. Dicha monografía sería la culminación a una investigación anterior sobre los cambios sufridos en el callejero burgalés desde la Restauración hasta la época presente. “Este proyecto partía de tareas previas ya realizadas porque yo coordiné la comisión de expertos en memoria histórica que creó el Ayuntamiento para determinar qué calles incumplían la Ley de Memoria Histórica”, agrega el director de la Cátedra.

Fernández no deja pasar por alto otro de sus más importantes proyectos que ya no verán la luz, al menos con la ayuda económica del Ayuntamiento. Se trata de una biografía cultural de Eduardo de Ontañón, “un auténtico modernizador del ambiente y la vida cultural y social de Burgos en la época de la dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República”, apunta el experto sobre este escritor que terminaría exiliado.

Este personaje se erigía así como el hilo conductor perfecto para analizar el Burgos más liberal y progresista que se vivió en la época republicana. “Podríamos deshacer el tópico tan asentado de que Burgos siempre ha sido una ciudad súper conservadora y cerrada de mentalidad, absolutamente reaccionaria, porque no fue así”, recalca el profesor universitario.

“Si la alcaldesa piensa que está dando razones sobre su decisión, está muy equivocada. Lo que quiere es una cancelación del pasado. Lo que subyace es un negacionismo histórico”

A todo ello se suma la intención de llevar a Burgos las Stolpersteine, un proyecto europeo de adoquines de latón dorado que se coloca frente a la casa de aquellas personas que acabaron en los campos de concentración nazis. En toda la provincia burgalesa fueron 29 personas, en la capital, tres.

Cancelar el pasado, negar la historia

“Si la alcaldesa piensa que está dando razones sobre su decisión, está muy equivocada. Lo que quiere es una cancelación del pasado. Lo que subyace es un negacionismo histórico”, comenta Fernández en alusión a las palabras de Ayala durante el pleno. El especialista considera que estos argumentos responden a la incomodidad que provocan estos periodos históricos, a pesar de que la alcaldesa se confunda al reducir la investigación de la memoria democrática a la investigación sobre la represión franquista.

Diferente es que los actos de represión llevados a cabo por el bando sublevado a partir de julio de 1936 y por la dictadura desde abril de 1939 sean “un elemento constitutivo del desmontaje de la memoria democrática que supone la Segunda República, que sin duda fue un régimen democrático”, en los términos de Fernández.

Asimismo, el director de la Cátedra de la UBU apunta a que los argumentos esgrimidos por Ayala en relación a la Transición significan una idealización de ese periodo histórico. “Parece que la Transición se convierte en una sábana santa que todo lo purifica y envuelve”, dice al respecto. Por último, define como un “acto de soberbia y prepotencia” el hecho de que la alcaldesa conservadora les diga a los historiadores qué deben estudiar o no.

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