Migración
Presentada en Extremadura la ILP para la regularización extraordinaria de migrantes

El acto tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, uno de los centros con herramientas para llamar a la colaboración y difusión de la campaña que lleva a cabo el movimiento estatal #RegularizaciónYA. Y es que corre el tiempo hasta septiembre para conseguir el medio millón de firmas necesario para llevar al Congreso esta iniciativa que podría mejorar la vida de cientos de miles de personas abocadas a la clandestinidad en nuestro país.

La actividad estuvo compañada del visionado de los cortometrajes documentales sobre la feminización de la pobreza, Integradas e Integrales y Las Nadie, y del coloquio con las protagonistas Solange Jarquín Sandoval, del MMM y Red Autónomos, y Yigliola Pamela Candia Justiniano, del MMM y Técnica de Igualdad. Ambas incidieron en que esta doble condición, de mujer y migrante, dificulta todavía más el proceso de regularización a pasar hasta poder conseguir sus papeles, tal y como ellas mismas han vivido y todavía viven a diario, constatando el estigma social que las separa y que perpetúa el racismo institucional.

El precio de la regularización administrativa para inmigrantes

Lucía Muñoz Lucena

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Regularización El precio de la regularización administrativa para inmigrantes

Lucía Muñoz Lucena

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1.800 euros por empadronamiento y 6.000 por un contrato de trabajo. Las trabas burocráticas en la Ley de Extranjería obliga a las personas migrantes a desembolsar miles de euros para conseguir los documentos que acrediten su estancia en España.

A todo este hándicap, señalaron, se deben sumar los riesgos que conlleva estar en una situación de aporte de mano de obra en labores imprescindibles como los cuidados o la recogida de alimentos: explotación laboral, no poder tener una cuenta del banco ni un contrato de alquiler o caminar con el temor de la persecución policial, siendo estos solo algunos de ellos. En el peor de los casos, pueden llegar a ser víctimas de trata y explotación sexual, como lo son tantas migrantes. Condiciones, todas, derivadas de la irregularidad y de la permanencia bajo el miedo a no poder denunciar ninguna de estas injusticias por temor a acabar en un CIEs y terminar siendo deportadas de vuelta a su país.

“Tenemos migrantes de primera, de segunda e incluso de tercera”

María Ángeles Esteban, Fátima Rodríguez y María José Elías Martín, de la Plataforma Pro Refugiados de Badajoz, expusieron la necesidad de llevar adelante esta ILP. “Tenemos migrantes de primera, de segunda e incluso de tercera” comentaba Esteban, miembro de la organización, refiriéndose a las regularizaciones actuales a ucranianos, afirmando que “queremos papeles para todos”.

Muchas personas en la misma situación en nuestro país provienen de conflictos bélicos que no ocupan los espacios mediáticos y que, al contrario que la solidaridad volcada de manera general con el pueblo ucraniano, se encuentran en desamparo, siendo también desplazados forzados. Exigen que se haga con todos por igual: “hay gente que viene porque se mueren de hambre, no tienen futuro asegurado en su país”, lo que aducen serían también razones suficientes para regularizar. Hicieron a su vez un llamamiento a los alumnos de la universidad: “queremos que las personas jóvenes tomen un papel activo en esta campaña de recogida de firmas, necesitamos la colaboración ciudadana o si no, no llegamos”.

Desde 1996 hasta 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en la Unión, en 17 estados miembros

Solange Jarquín, cuenta que “no valen más excusas sobre que la Unión Europea no permite hacer regularizaciones masivas”, como justificaba el ministro Escrivá cuando un grupo de alumnos le pidió que firmara la ILP en un acto al que acudió como invitado en el campus universitario . Desde 1996 hasta 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en la Unión, en 17 estados miembros.

“Se trata de justicia social”, afirma, e incluso hay razones que van más allá, como la de “acabar con la economía sumergida” que afecta directamente al país. Pero también por memoria, “no hace tanto que España huía de una guerra y que mandaba trabajadores fuera de sus fronteras”.

500.000 firmas y un maratón de podcast para regularizar de una vez a todas las personas migrantes

Selena Pizarro Álvaro Lorite

El Salto Radio

El Salto Radio 500.000 firmas y un maratón de podcast para regularizar de una vez a todas las personas migrantes

Selena Pizarro ,  Álvaro Lorite

El fin de semana del 7 y 8 de mayo tiene lugar un maratón de podcast desde Madrid para ayudar a la difusión d ela Iniciativa de Legislación Popular para regularizar a todas las personas migrantes

Por su parte, los profesores migrantes Alex Iván Arévalo y Álvaro Blanco, con un rol activo en la organización del evento, incidieron en la necesidad de investigar y utilizar nuestras herramientas comunicativas para combatir la desinformación y los bulos, así como tejer redes de cooperativismo entre países. “Tenemos que dar pie a ser creativos”, expuso Blanco, señalando como ejemplo el festival de podcast sobre el movimiento ‘RegularizaciónYa’ celebrado recientemente, creatividad que “sirve para informar y al mismo tiempo compartir nuestro trabajo como profesionales de la información”.

‘Agenda Setting’ 2030

Los países de la Asamblea General de la ONU en 2015 acordaban la Agenda 2030 con el fin de marcar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar, de forma sostenible, la economía, el medio ambiente y los aspectos sociales globales, marcando como meta el año 2030. Ahora, en el ecuador cronológico de este acuerdo, el objetivo que se centra en la movilidad humana, objetivo 10.7, parece estar cada vez más lejos de ser alcanzado, actuando meramente como un instrumento sobre el papel, mostrando una realidad antagónica.

El objetivo que se centra en la movilidad humana, objetivo 10.7, parece estar cada vez más lejos de ser alcanzado, actuando meramente como un instrumento sobre el papel, mostrando una realidad antagónica

Pamela Candia, protagonista del documental Integradas e Integrales y ponente del coloquio en la presentación de la universidad, al día siguiente mostraba el descontento en las redes sociales con la doble moral de las políticas de extranjería de las instituciones alejadas de la población civil. Los cargos políticos que se acuden a los eventos de este tipo a la hora de inaugurar, lamentó, “no se van a quedar toda la jornada, se dan el paseo, reciben los aplausos, terminan con la Agenda 2030 y los ODS y luego se van porque están muy ocupados, saliendo siempre en la foto cobrando el protagonismo, sin escuchar lo que tiene que decir la ciudadanía”.

Racismo institucional y mediático

Del mismo modo, en relación a la cobertura mediática de las grandes corporaciones de la prensa, sacando a diario el conflicto de Ucrania en todos los informativos, todos los días, desde hace meses, se remarcó el contraste con que no se habla, ni existe tal despliegue de medios equiparable en relación a conflictos como el de Yemen, Mali, Burkina Faso, Siria o Palestina entre otros. Evidentemente, esto genera una repercusión en el imaginario de nuestra población. A modo de ejemplo, si apareciera todos lo días, en todos los telediarios, información referida al apartheid israelí, quizás no se plantearía priorizar algunas regularizaciones de un origen con un perfil determinado.

La UE se lava las manos con dinero público

En los desplazamientos migratorios de los últimos años, la Unión Europea ha tratado de delegar la responsabilidad humana de acogida con la externalización de fronteras. La práctica ha consistido e ir pagando primero a Turquía para que se responsabilizara de los migrantes, luego a Libia cuando los desplazados usaban la ruta del mediterráneo a Italia, llegando actualmente el turno a Marruecos en nuestra frontera sur. “En el período 2015-2018, 12.500 millones de euros de la financiación total de la respuesta a la llegada de refugiados de 2015/2016 se asignaron a medidas fuera de la UE”, señala el informe La industria del Control Migratorio 1: ¿Dónde está el dinero?, de la fundación Por Causa.

Al mismo tiempo, la militarización para un mayor control del espacio ha llevado a los movimientos migratorios, de sur a norte, a tomar vías alternativas de llegada a España. La ruta preferente ha sido la canaria, más peligrosa que el Mediterráneo y considerablemente más larga, lo que nos ha dejado el peor resultado histórico con 4.404 vidas perdidas en 2021, según datos de Caminando Fronteras en su informe Monitoreo del Derecho a la Vida. Además, estos mismos datos apuntan que el 95% de estas víctimas son tragadas por el mar sin quedar rastro de sus cuerpos.

“La gran mayoría de los contratos (un total de 1.112, en torno al 66,9% de los mismos) fueron adjudicados por procedimiento menor (sin concurso público). Entre estos contratos aparece un centenar de adjudicaciones que rozan el límite máximo que la ley permite para evitar el concurso público”

Esta situación respondería abiertamente a decisiones políticas e ideológicas de un Gobierno y una Unión Europea que finalmente destinan más dinero a la protección de las fronteras que a la integración de las personas, beneficiando a industrias privadas con grandes intereses como Telefónica, Repsol, Indra o el grupo ACS (dirigido por Florentino Pérez).

La fundación Por Causa analiza en su trabajo La industria del Control Migratorio 2: ¿Quién se lleva el dinero? datos que revelan que “la gran mayoría de los contratos (un total de 1.112, en torno al 66,9% de los mismos) fueron adjudicados por procedimiento menor (sin concurso público). Entre estos contratos aparece un centenar de adjudicaciones que rozan el límite máximo que la ley permite para evitar el concurso público”. Lejos de apostar por vías seguras y legales, parece primar la decisión de imponer el miedo y la necesidad de seguridad a las puertas de nuestro país para que siga girando la maquinaria de la industria del control migratorio.