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Óscar Reina y otros cuatro militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) irán a juicio por la acción de “expropiación de alimentos” llevada a cabo por en un supermercado de Mercadona en Écija (Sevilla) el 7 de agosto de 2012. Reina, secretario general de la central sindical, ha tuiteado poco después de salir del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla: “No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer una y mil veces, mientras haya pobreza en Andalucía. No hemos hecho nada malo. Si buscan ladrones busquen en otro sitio, entre trajes, corbatas y banqueros corruptos. Aquí lo único que vais a encontrar es Dignidad, Lucha y Valentía”.
Quince de los investigados por el juzgado han aceptado un acuerdo que les condena por un delito de robo con violencia a medio año de prisión. El acuerdo contempla la sustitución de los seis meses de cárcel por una multa de 12 meses con una cuota de dos euros diarios. Los cinco sindicalistas que continúan en el juicio no han aceptado este acuerdo.
Entre quienes han aceptado la pena acordada con la Fiscalía se encuentran Andrés Bódalo, en tercer grado tras pasar más de un año y medio en la cárcel por otra movilización del SAT, y Francisco Molero, actualmente en prisión condenado a cinco años de cárcel por atentado a la autoridad y lesiones por las protestas de Rodea el Congreso.
Las cinco personas que se mantienen en el juicio, que se reanudará este jueves, afrontan penas de un año y seis meses de cárcel y 14.000 euros de fianza, acusadas de robo con violencia en un supermercado de Mercadona en Écija. El SAT ha reconocido la responsabilidad civil en estos hechos para no agravar la situación procesal de algunos imputados.
La acción de expropiación de alimentos fue anunciada por el sindicato y a ella acudieron periodistas. El SAT quería denunciar la situación de emergencia que padecían muchas familias trabajadoras de Andalucía, en un momento de exacerbación de las condiciones de precariedad producidas a partir de la crisis económica.
Mercadona, que considera que los sindicalistas agredieron a trabajadores del supermercado y les provocó crisis de ansiedad, optó por denunciar la acción, al contrario que Carrefour, escenario de una protesta similar solo unos días antes, ese mismo verano, en el centro comercial de Arcos de la Frontera (Cádiz). “Estos supermercados se escogieron al azar por estar situados en dos comarcas de las más pobres de Andalucía como son la Sierra Sur de Sevilla y la Sierra de Cádiz, no porque el SAT tenga nada en contra de ellos”, explicó recientemente Diego Cañamero a El Salto Andalucía.
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
El SAT asume la responsabilidad civil por la “expropiación” en Mercadona
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Información periodística complementaria: Oscar Reina es secretario general del SAT y sucedió a Diego Cañamero en el cargo - las dos personas que mencionáis al comienzo de la nota y que encabezan la acción de los cinco que se negaron a reconocer un delito que no cometieron. 2. La situación penal de Andrés Bódalo y Molero se deriva de sendos montajes policiales vinculados con la protesta ciudadana - el primero en su localidad, Jódar, en un clarísimo caso de corrupción judicial, el segundo, más difuso, en relación con los incidentes que se produjeron en Madrid luego de la manifestación de las Marchas de la Dignidad de 2014, en Madrid, infiltradas por agentes estatales a los objetos de garantizar los incidentes que derivaron en la criminalización del movimiento.