Reforma laboral
La Audiencia Nacional decide sobre el peor convenio laboral de la historia de Endesa

Lo califican como el peor convenio marco de la historia de Endesa y fue posible, según denuncian los representantes sindicales de CC OO  y el Sindicato Independiente de la Energía, por la reforma laboral realizada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la firma de UGT, entonces el sindicato mayoritario en la empresa eléctrica. 

La sede de la Audiencia Nacional en la calle Goya, en Madrid, recibió ayer, 4 de noviembre, la visita de decenas de trabajadores de Endesa. Muchos de ellos venían de Andalucía, otros incluso hicieron el viaje desde las Islas Canarias para acudir a la cita. El alto tribunal juzgaba ayer sobre el recurso interpuesto contra parte del V convenio marco: los artículos que, por su contradicción, dan carta blanca a la empresa para eliminar de un plumazo los beneficios sociales adquiridos desde el nacimiento de Endesa en 1998 como empresa privada. Estos son seguros médicos, ayudas a alojamiento, ayudas para estudios y, sobre todo, la bonificación en la tarifa eléctrica.

En este convenio, firmado en enero de 2020 por la empresa y UGT, “lo que plantea la empresa es el principal ataque a los derechos consolidados de la plantilla, y digo derechos, no privilegios, a partir de las diferentes negociaciones de los distintos convenios, como la tarifa de la luz —que vino a cambio de la moderación salarial—, seguros médicos o alojamiento”, explica Ricard Serrano, secretario general de CC OO Endesa. “Es cierto que en algún momento se tendrían que considerar, pero no como lo plantea la empresa; estamos en un sector estratégico cuyo planteamiento debe ser a medio y largo plazo, y esto solo responde a criterios financieros”, añade.

Los beneficios sociales ahora suprimidos suponen para Endesa una previsión de fondos de 700 millones de euros que ahora han ido a parar a la cuenta de beneficios

Desde CC OO detallan que estos beneficios sociales ahora suprimidos suponen para Endesa una previsión de fondos de 700 millones de euros que ahora han ido a parar a la cuenta de beneficios y han sido repartidos entre los principales accionistas de la empresa eléctrica, sobre todo de la italiana Enel, que a día de hoy tiene un 70,1% de las acciones de la empresa y que, a su vez, cuenta con una participación del 23,65% del Gobierno italiano.

La negociación que culminó en la firma del V convenio marco de empresa comenzó en junio de 2018, seis meses antes de que llegara a su término el convenio anterior. “La negociación se fue alargando, no hubo avances. Estuvimos año y medio en la mesa de negociación, 84 reuniones semanales, pero sin avances porque la postura de la empresa era quedárselo todo”, recuerda Serrano. Desde los sindicatos —UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Energía— convocaron una huelga el 12 de abril que obtuvo el apoyo mayoritario de la plantilla, pero las negociaciones siguieron sin avances.

“Uno de los hechos que a nosotros nos afectó fue la derogación de la ultraactividad, porque a nosotros se nos acabó el convenio en diciembre de 2018 y nuestras condiciones fueron contractualistas, lo que rompe la relación de fuerzas”

Después, en octubre, hicieron un encierro en las instalaciones de Endesa que duró cerca de un mes. “En ese momento, UGT plantea que el objetivo del encierro era ir a un arbitraje y se instruyó porque tenían el 53%”, explica Serrano, que destaca el rol decisivo que la reforma laboral del PP tuvo en que el proceso de negociación del convenio marco acabara de esta manera. “Uno de los hechos que a nosotros nos afectó fue la derogación de la ultraactividad, porque a nosotros se nos acabó el convenio en diciembre de 2018 y nuestras condiciones fueron contractualistas, lo que rompe la relación de fuerzas”, explica el sindicalista.

El arbitraje, liderado por el exministro de Trabajo con el Gobierno de Aznar Manuel Pimentel, acabó con una resolución en la que se recogían materias que no habían sido tratadas durante el año y medio de negociación.

“En el convenio que se firmó después del laudo que se firmó por la empresa y UGT hay una transitoria quinta que dice que las condiciones se contractualizan, pero en la derogatoria segunda se dice que quedan derogadas;  se crea un espacio en el que la empresa puede interpretar una cosa y la contraria según le interese”, explica Serrano. 

La carta blanca que resulta de la contradicción ya se ha hecho notar en la plantilla. Según explican desde CC OO, ya hay colectivos de trabajadores a los que les han dicho que el seguro médico que habían negociado quedaba ya derogado con el nuevo convenio marco.

Pero, según resaltan desde este sindicato, la eliminación de los beneficios sociales no es lo único preocupante del nuevo convenio. “Lo que nos preocupa es el modelo de relaciones laborales que prefigura, esa contradicción aparente que es la invitación a desregularizar completamente, a individualizar”, alerta Serrano. Y eso es lo que se juega ahora en la Audiencia Nacional. “Se trata de parar eso y también la eliminación de los grupos y categorías laborales, lo que significa la mercantilización de nuestras relaciones laborales internas, porque si eliminas eso, al final es un todos contra todos por conseguir un trozo de carne”, concluye.