Represión
Señalamiento, persecución y agresión: los patrones que se repiten en la represión del derecho a la protesta

El Estado es el principal agente represor, pero cada vez está más acompañado de corporaciones u otras entidades. Las herramientas son varias: desde la estigmatización y la detención a los litigios estratégicos con el único objetivo de difamar, la burorrepresión, las amenazas, agresiones o incluso asesinatos. Y el patrón se repite: tras la estigmatización y la construcción del enemigo llega la persecución y la vía judicial o la eliminación. “Los patrones se repiten en América Latina y en Europa, desde la estigmatización hasta la judicialización, o el uso de armas menos letales, que se ha intensificado tanto en América Latina como en Europa, aunque el grado de violencia no es comparable”, explica Erika González, investigadora de OMAL y autora, junto a Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, del informe Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos, encargado por el grupo La Izquierda del Parlamento Europeo.

Según explica Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas, “cuando pedimos este informe valoramos que hay un giro reaccionario y autoritario a nivel global”. “La derechización y el autoritarismo creciente hasta en las cunas de las llamadas democracias consolidadas es brutal”, ha añadido el eurodiputado durante la presentación del informe en el espacio Ecoo, en Madrid. 

En la presentación han participado también Javitxu Aijón, una de las personas encausado en el caso Los 6 de Zaragoza, por el que seis jóvenes han sido condenados a siete años de prisión por participar en una manifestación contra Vox, y Gustavo Rioja, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Guadalajara y uno de los ocho activistas de este colectivo que se enfrentan a un juicio en el que Caixabank pide para cada uno de ellos tres años de cárcel. Ambos casos han sido presentados como ejemplo de los patrones que la represión toma en España. “Son casos que deberían no estar pasando y con una legislación anterior a la Ley Mordaza no estarían pasando”, afirma el eurodiputado de Anticapitalistas.

Tres patrones, un agente principal y 12 herramientas

“Estamos viviendo una ofensiva mercantilizadora en la que las lógicas capitalista, patriarcal, racista y colonialista van profundizando, y en este proceso se produce el avance de un modelo cada vez más autoritario en el que se señala el derecho a la protesta, que es un factor de riesgo para la obtención del máximo beneficio”, explica Erika González. “En Europa, se necesita seguir controlando y disciplinando, y como ya no funciona la estrategia de la seducción, emplean las de la coacción”, continúa.

La investigadora señala que el proceso represivo comienza con la asignación de la categoría de enemigo a los activistas. Según indica, Es el primer paso de un proceso que tiene como objetivo “las personas y organizaciones que desafían el poder corporativo o señalan a quienes violan derechos humanos. “Son tachadas de enemigos de la ciudadanía de bien, terroristas”. 

Una vez categorizado, el proceso continúa, según explica González, con la persuasión de estas personas para impedir que puedan ejercer sus derechos fundamentales, “Y si estas dos vías no terminan de funcionar para desarticular el derecho a la protesta, llega la: agresión, el hostigamiento, y sobre todo en América Latina, la eliminación física”.

La investigadora señala que el Estado es el actor central del proceso represivo, y para ello utiliza la vía legislativa —”convirtiendo en delito lo que antes no lo era”, señala González—, ejecutiva —”con el monopolio del uso legal de la violencia”, apunta— y judicial. Junto al Estado cooperan, según explica el informe, grandes empresas de telecomunicaciones, actores paraestatales y, sobre todo en América Latina, milicias paramilitares. 

El informe enumera hasta doce instrumentos represivos: la construcción del enemigo, la inteligencia o espionaje, la detención, los litigios estratégicos o slapp, las barreras al reconocimiento o financiación, las reformas y aplicación indebida de los códigos penales, la detención ilegal, la militarización, las agresiones, las amenazas o acoso y el asesinato. A ellos se suma la burorrepresión, que en España explotó tras la entrada en vigor de la actual Ley de Seguridad Ciudadana.

Los 6 de Zaragoza, pendiente del Supremo

“Yo acudí a una manifestación el 17 de enero de 2019, precisamente porque Vox hacía un mitin en Zaragoza, además en un espacio público, en el auditorio de Zaragoza. Acudí 15 minutos tarde y lo que pude ver fue un escenario poco común, no había pancartas, ni banderas ni nada que lo identificara como una protesta ciudadana. Tiempo después, cuando leí el atestado policial, descubrí que antes de empezar la manifestación la policía requisó las pancartas, banderas e identificó a 20 convocantes de la manifestación. La manifestación ni había comenzado y la policía ya estaba preparada para cargar”.

Quien habla es Javitxu Aijón, una de las personas condenadas en el marco de esa manifestación. En su caso, después de ir con el resto de manifestantes a buscar cobijo en la universidad y que allí la policía se dispusiera a cargar decidió irse y meterse en un bar a tomar un café mientras esperaba noticias del resto de amigos., con la mala suerte de que a ese bar entraron tres agentes que fueron directos al fondo, cerca de donde estaba él, a llevarse detenidos a un grupo de chavales. Y a él también. “A uno le conocía de vista y sabía que era menor de edad, no sé si fue girarme a mirar la escena o la cara que puse que el agente me dijo que yo también me iba con ellos, que me habían visto en la manifestación”, asegura. 

Tras ser registrado contra la pared, con el resto del grupo, fue llevado al calabozo, donde pasó 25 horas hasta que fue puesto en libertad con cargos. “Entonces comenzó la pesadilla”, afirma. 

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La sentencia está actualmente recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En marzo de 2021 fue condenado, junto a otros cinco jóvenes, a seis años de prisión con la versión policial como única prueba. Recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que le alargó un año más la condena. Actualmente están a la espera de que el Tribunal Supremo decida si admite o no el recurso contra la sentencia.

CaixaBank contra PAH Guadalajara

“Javitxu dice que él no es culpable”, comenta Gustavo Rioja, de PAH Guadalajara, en relación a Aijón. “Pero yo soy culpable. Soy culpable de haber entrado a una sucursal, de llevar un saco de dormir, unos doritos y de negarme a salir del banco”, continúa. “Lo que pasa es que todo eso, según el Código Penal, sería un delito leve, o eso pensábamos nosotros, y no tendría que haber supuesto detención sino filiación, multa o lo que corresponda”. 

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Ocho activistas van a juicio mañana por una sentada que hicieron en la oficina de Caixabank en Cabanillas del Campo en diciembre de 2017 para reclamar que la entidad no desalojara a una madre y sus dos hijos menores de edad.

Rioja recuerda que eligieron el día de la Constitución, en diciembre de 2017, para visitar la oficina de CaixaBank en Cabanillas del Campo para intentar parar el desahucio de una mujer y sus dos hijos menores de edad. “Nos dijimos que los del banco no se iban a ir a celebrar su puente si no nos daban una garantía de que no se iba a hacer el desalojo”, afirma.

Durante las horas que estuvieron en la oficina no impidieron su funcionamiento, “y si una mujer mayor venía a sacar dinero al cajero y no sabía, le ayudábamos”. Cuando llegó la policía, Rioja afirma que el agente jugó al ‘pito pito gorgorito’ para decidir a quién se llevaba. “Me señaló a mí y me dijeron que se quedaría en una sanción administrativa”. Pero no fue así, los llevaron al calabozo y ahora afrontan un juicio en el que CaixaBank les acusa de acciones y desobediencia, aunque sin presentar los vídeos grabados por las cámaras de la oficina ese día, que fueron borrados poco después”.