Represión
Los sindicatos de vivienda de València inician una campaña conjunta para hacer frente a más de 6.000 euros en multas

Los sindicatos de barrio y por el derecho a la vivienda de la ciudad de València Construint Malilla, Montolivet Veïnal y el Sindicat de Barri del Cabanyal han lanzado la campaña 'Barris sense mordassa', una acción conjunta de recaudación de fondos para hacer frente a las multas por valor de más de 6000 euros que han recibido en los últimos seis meses, impuestas “gracias a la Ley Mordaza” en diferentes acciones de “defensa del derecho a la vivienda” y contra los desahucios, según han informado las tres organizaciones en un comunicado conjunto.

En opinión de las plataformas de vivienda, esta represión se debe a una “ofensiva creciente contra el conjunto de los movimientos sociales y, específicamente, contra el movimiento por la vivienda”, que a juicio de los firmantes representa “una herramienta organizativa muy potente” que está “suponiendo , o puede suponer, un problema para el sistema”, señalan en el comunicado.

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Joanna Giménez i Garcia

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Doce familias en riesgo de exclusión social podrían perder sus hogares el próximo lunes en el barrio Creu Coberta. El Ayuntamiento de València justifica la orden de desalojo por el riesgo de derribo de los dos edificios afectados, pero afectadas y activistas en defensa de la vivienda piden alternativa para estas familias, critican el proceso y cuestionan posibles intereses urbanísticos.

Así mismo, consideran que el papel de las instituciones “no es el de un intermediario o un ente neutro, sino que funcionan para asegurar, maximizar y defender los intereses de los grandes tenedores”, y en este sentido critican la “doble cara” de los gobiernos central y autonómico, porque a su juicio “adquieren pisos de grandes propietarios de vivienda, resuelven algunas situaciones de emergencia habitacional, promueven ayudas al alquiler”, pero en opinión de las plataformas firmantes “estas medidas son de cara a la galería, ya que no resuelven ni consiguen paliar el grave problema de acceso a la vivienda y tampoco frenan de ninguna manera el ataque continuado contra el movimiento popular”.

Acusan a las instituciones de tomar medidas “de cara a la galería, ya que no resyelven ni consiguen paliar el grave problema de acceso a la vivienda”

La primera de las multas hace referencia a una acción del pasado mes de abril, cuando activistas de las plataformas de vivienda trataron de impedir el desahucio de una mujer de 75 años sin alternativa habitacional en la calle Guillem de Castro de la capital del Turia, donde la policía identificó y multó a los primeros activistas que llegaron a la protesta.

La segunda sanción se produjo por un “escarnio” en la sede de Solvia el pasado mes de mayo, una acción organizada como respuesta a las decenas de casos de desahucio de 'Promontorio Coliseum' y el Banco Sabadell. Según indican las organizaciones en su comunicado, Solvia se había negado a renovar contratos de alquiler social y negociar con las personas afectadas, por lo que la acción de protesta finalizó con más de 15 militantes de diferentes organizaciones multados.

Por último, el comunicado señala diferentes acciones el pasado mes de agosto contra el desalojo de ocho familias en la calle Manuel Arnau, en el barrio de Creu Coberta, donde la policía también realizó múltiples identificaciones y propuestas de sanción. Y ya la última acción que ha conllevado multas para los activistas por el derecho a la vivienda, tuvo lugar el pasado mes de octubre en el barrio de la Malva-rosa, donde la policía se presentó dos horas antes del desahucio a una familia con dos menores bloqueando el acceso a la calle e identificando a una quincena de militantes y multando a cinco de ellos.

Ante estas circunstancias, las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda han lanzado una campaña de 'crowdfunding' para hacer frente a las multas, extrayendo la conclusión de que necesitan “seguir creciendo” en la organización y las asambleas de barrio y sindicatos de vivienda perfeccionando lucha, organización y herramientas como “única garantía para superar la represión y el problema de acceso a la vivienda”, indican en el comunicado.