Trabajo doméstico
Terminar con una injusticia de 80 años

Junio de 2018. Cientos de mujeres, la mayoría trabajadoras de hogar, se movilizan en varias ciudades españolas bajo una premisa: no van a esperar un año, mucho menos cinco, para que sus derechos se equiparen con el régimen general de la Seguridad Social. Ha tenido lugar ya la moción de censura que terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero los presupuestos que se negocian esconden la vigencia de la enmienda 6777, la disposición que lleva hasta 2024 la igualdad de sus derechos en materia de cotización y pensiones.

La movilización sitúa a las empleadas de hogar en primer plano. Sus reivindicaciones logran romper una invisibilización histórica, y varias representantes políticas se comprometen a luchar por sus demandas. Hay algo sensible en la lucha que llevan a cabo las trabajadoras de hogar, y eso se nota en unas movilizaciones que, sin ser masivas, remueven una fibra de la sociedad. Es algo que pasa desapercibido en el tratamiento de la mayoría de medios: el hecho de que el trabajo reproductivo infrapagado es una de las claves sobre las que se sostiene nuestro sistema.

La atención a personas dependientes, echada sobre los hombros de familiares y de trabajadoras migrantes, supone un ahorro descomunal a los servicios sociales a costa de los derechos de miles de mujeres

La atención a personas dependientes, echada sobre los hombros de familiares y de trabajadoras migrantes, supone un ahorro descomunal a los servicios sociales a costa de los derechos de miles de mujeres. El trabajo doméstico sigue teñido de la estructura de informalidad que programó el franquismo. Es hora de que los gobiernos de la democracia pongan fin a las últimas consecuencias de ese programa económico-político, marcado por un profundo espíritu patriarcal.

Tras el empuje de 2018, las trabajadoras de hogar esperaron que el Gobierno socialista, con el apoyo de Unidas Podemos, modificase los presupuestos generales y terminase con la discriminación. El resto es sabido. Los presupuestos no salieron adelante —la derogación no estaba incluida, aunque faltaban trámites que podían haber incluido las demandas de las empleadas de hogar—, los focos se desviaron de nuevo hacia donde más gritaba el nacionalismo español y la injusticia se mantuvo.

Un año después, es tiempo de definir el próximo Gobierno. Un Ejecutivo “de las pequeñas cosas” debe atender a la demanda de miles de trabajadoras en una situación de desamparo que afecta a sus bases de cotización y el cálculo de sus pensiones. Los grandes relatos deben ser sustituidos por el trabajo para garantizar la igualdad ante la ley.

Enfocar la lucha contra la desigualdad y la precariedad desde la perspectiva real de acabar con esa privación de derechos —y no desde discursos enfáticos que no tocan la estructura patriarcal y pretenden acabar con la desigualdad siguiendo las órdenes del liberalismo— es la garantía de una sociedad más justa y, consecuentemente, del éxito de un Gobierno de progreso. En el año que va desde la movilización frente al Congreso a las negociaciones del nuevo Ejecutivo, se ha perdido una oportunidad de terminar de raíz con esa injusticia. Hay que pensar que dentro de un año estaremos celebrando el comienzo del fin de la invisibilización de este colectivo de trabajadoras.