We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Sanidad pública
La Escuela Andaluza de Salud Pública planta cara a una nueva amenaza de desintegración y disolución
Son científicos y científicas, especialistas en distintos campos de la Salud Pública, trabajando en colaboración con las administraciones frente a la pandemia de COVID-19 y con una intensa actividad ampliamente valorada y reconocida durante la crisis sanitaria. Trabajan en una institución única en España, dedicada en Andalucía a la investigación, consultoría y formación en Salud Pública en el ámbito nacional e internacional.
Ahora han tenido que “sacar tiempo” en sus ya apretadas agendas para alzar de nuevo su voz y denunciar lo que consideran “irregularidades muy graves” en un informe auditor sobre la actividad y funciones de la Escuela. El informe provisional de la auditoría operativa de la firma Ernest Young S.L., por una parte, hace una muy buena valoración de la labor de la Escuela Andaluza de Salud Pública recogiendo sólo cuestiones menores a mejorar; pero después añade en una última página sin epígrafe, firmada nominalmente y sin correlación con el contenido del informe, “la detección de duplicidades entre las funciones o competencias de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en relación con sus líneas de actividad (formación, consultoría e investigación)” con otras instituciones de la Junta de Andalucía. Con este antecedente sugiere la desintegración de la Escuela, cuyas funciones serían asumidas y acometidas por parte de la Fundación Progreso y Salud, la formación y consultoría serían integradas por FIBAO y la investigación en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas.
Estas afirmaciones, según el Comité de empresa, no están recogidas ni argumentadas con datos, análisis ni con información detallada y fundamentada en el resto del informe ni en otros apartados del documento completo de auditoría y no forman parte de las “conclusiones y recomendaciones” del informe, tal como exigen las normas de auditoría del sector público, por lo que les induce a pensar en un interés diferente al de la estricta finalidad del informe auditor, y que trasciende del trabajo encargado mediante contrato público a la firma.
El resultado de la auditoría ha supuesto un jarro de agua fría después de que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía comunicara a la plantilla de la EASP a finales de diciembre del 2020 su intención de retomar la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz el 30 de diciembre de 2019, que plantea textualmente la “extinción y disolución” de la EASP y la creación del Instituto Andaluz de Salud.
La asamblea de trabajadores recibió esta noticia con desconcierto y preocupación, no solo porque los y las profesionales están haciendo frente a un gran volumen de actividad en la lucha contra la pandemia como Escuela de Salud Pública de referencia nacional e internacional, sino porque existe el compromiso del Parlamento Andaluz para la protección de la EASP a través del pronunciamiento del Pleno del 6 febrero de 2020 donde se dice textualmente: “el Parlamento de Andalucía declara que la EASP debe continuar tal como hoy está configurada, a todos los efectos, sin que deba modificarse su situación”.
El Comité de Empresa de la EASP exige a la empresa auditora la retirada urgente de estas consideraciones del informe de auditoría provisional y que se cumpla la absoluta legalidad y rigor en las conclusiones del informe. “No se puede permitir que se manipule información pública, pagada por todos los andaluces y andaluzas, para propiciar la desintegración y extinción de la Escuela”, indican.
Joan Carles March: “El informe auditor, o es comprado o es comprado”
Para el doctor Joan Carles March, investigador, consultor, profesor y ex director de la Escuela, “si algo está claro en estos momentos es que se necesita una agencia española de salud pública y mayor inversión en salud pública; decir que una Escuela como la EASP es prescindible, en un momento tan grave como el que estamos atravesando actualmente, no tiene ni pies ni cabeza”.
Respecto a la auditoría, encuentra extraño que añadan una hoja sin fechar, sin relación con el contenido de la auditoría. March no entiende cómo puede llegar a esas conclusiones sin ningún elemento que lo corrobore y le “cabrea” que hablen de “duplicidades porque no hay otra escuela como la EASP en España, ninguna”. March entiende que no se puede traspasar la actividad de la Escuela a otras instituciones que no tienen ni el prestigio, la formación y experiencia de una institución con un bagaje de 35 años de trabajo. “Ese informe o es comprado o es comprado, no tiene otra explicación”, sentencia.
Educación pública
La seguridad en las aulas andaluzas durante la segunda ola del coronavirus
La Junta de Andalucía afirma que las aulas son seguras. Sin embargo, el profesorado con enfermedades crónicas se siente discriminado y la comunidad educativa no comprende los cambios de criterio en los protocolos oficiales anti-covid.
Joan Carles confiesa que él temía este resultado que califica de una “especie de trama” y que la respuesta debe ir en dos direcciones: una realizada por la dirección de la Escuela, que ya ha contestado con unas alegaciones a la auditoría donde señalan las irregularidades y, por otra parte, la denuncia de la auditoría porque, según March, no se puede aceptar que una consultora pueda hacer un informe de este tipo sin basar sus conclusiones en una información contrastada sino que son “fruto de una compra política en un entorno donde el director de la empresa que realiza la auditoría fue el antiguo consejero de Hacienda por el PP en la Junta de Andalucía y que, de este paquete de auditorías de entes instrumentales que ha hecho la Junta, le han otorgado el 44% de 3 millones de euros”.
Sin embargo, el efecto de la auditoría también ha tenido algo de positivo y es que, según Joan Carles, les ha cohesionado: “ante este ataque inventado y comprado, tenemos que estar unidos para centrar bien el tiro porque no sabemos hasta dónde van a llegar”. El profesor asegura que la auditoría supone un papel que “dice todo lo que quería decir la propuesta de ley del PP tumbada hace un año” y “defiende todo lo que había planteado VOX” y que, por este motivo hay que denunciar a la empresa. “El gran problema es que este ataque se ha producido cuando la pandemia está haciendo estragos, cuando el trabajo de la escuela se ha evidenciado, donde es necesario tener una visión estratégica de la Salud Pública como elemento fundamental; y ante esto, si la EASP desaparece, perdemos todos”, recalca sobre el momento en el que llega este movimiento.
Daniel López- Acuña: “Se necesita mucha distorsión, miopía y autodestrucción para lanzar una granada contra una institución de salud pública en mitad de una pandemia”
Tan contundente como March se muestra Daniel López-Acuña, médico epidemiólogo, profesor de la EASP y trabajador y miembro de la OMS durante 40 años, donde fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis; López-Acuña ya calificó como “miopía” la Proposición de Ley formulada por el PP el año pasado en una carta abierta al Parlamento en defensa de la Escuela.
Desde su punto de vista, el hecho de que las fuerzas políticas que forman el Gobierno andaluz se planteen la desintegración en lugar del reforzamiento de una institución de salud pública y centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, en medio de una lucha contra la pandemia, constituye verdaderamente “una acción suicida, autodestructiva, que carece de fundamento”, para añadir que “considero la auditoría como un acto ideológico y político, porque no es un acto administrativo y mucho menos científico”.
López-Acuña entiende que la auditoría en ningún momento identifica problemas en cuanto a gestión de recursos o pertinencia de las actividades y operaciones de la Escuela; por lo tanto, no hay razones para revivir la propuesta lanzada hace un año. “Estamos mezclando peras con manzanas, si la auditoría encuentra fallos administrativos, corríjanse; pero si no los revela, la auditoría no puede ser fundamento de nada, la Escuela ha funcionado de acuerdo a las normas”. Más aún, afirma que si el Gobierno andaluz quisiera hacer algo en serio, debería pedir una evaluación de la idoneidad institucional de la EASP a la Organización Mundial de la Salud o a la Organización Europea de Salud Pública; aunque argumenta que todas estas instituciones, junto con otras asociaciones de escuelas de salud pública y organizaciones profesionales ya se pronunciaron en contra de la propuesta.
Ainhoa Ruiz (portavoz del Comité de Empresa): “Somos científicos y científicas. ¿Realmente tenemos que estar defendiendo nuestro trabajo en plena tercera ola de la pandemia?”
Ainhoa Ruiz es doctora en Ciencias de la Salud y trabaja en la EASP como técnica de proyectos en investigación y docencia en temas de atención sanitaria de personas en situación de vulnerabilidad, promoción de salud y salud comunitaria a nivel autonómico, nacional e internacional —sobre todo Europeo— y forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno de Asturias en temas de COVID-19. Nos explica que para ella hace un año la situación podía ser distinta porque nadie sabía la utilidad de la EASP pero ahora, ante un acontecimiento de la magnitud de la pandemia causada por el coronavirus, el trabajo de la escuela durante la pandemia se ha mostrado como lo que es: “fundamental”.
La EASP ha formado a los profesionales del sistema que actúan como rastreadores, con la realización de siete ediciones con una media de 800 profesionales inscritos, ha aportado formación sobre COVID-19 a residencias y centros sociosanitarios con más de 9.000 inscritos, y está apoyando la formación de los profesionales que están efectuando la vacunación contra la COVID-19 del programa de formación ANDAVAC con más de 8.000 profesionales sanitarios inscritos (de varias CC.AA.). Todo ello, entre otras múltiple actividad de investigación y consultoría.
Sanidad pública
La sanidad andaluza necesita algo más que aplausos
La doctora Ruiz defiende que la información y opiniones de especialistas como Alberto Fernández, Joan Carles March, Pepe Olmos, Daniel López-Acuña o Antonio Daponte, todos ellos profesores de la escuela, “han sido y son muy apreciados en distintos ámbitos de divulgación durante la pandemia” y que no entiende “cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía parece tener como medida estrella en la tercera ola de una pandemia mundial la disolución de la única institución en toda España que se dedica íntegramente a la Salud Pública”.
Ainhoa nos adelanta que el lunes celebran la próxima asamblea de trabajadores y trabajadoras y, mientras tanto, han reactivado el grupo de comunicación del Comité, están trabajando activamente recabando más apoyos, realizando contactos con diferentes grupos políticos y recibiendo asesoramiento jurídico para enfrentar la situación.
Almudena Millán: “No terminan de entender la pérdida que supondría la Escuela Andaluza de Salud Pública”
Almudena Millán es psicóloga y trabajadora social, colabora en el diseño e implementación de distintas estrategias de promoción y atención a la salud mental, como el Plan integral de Salud de la Consejería de Salud desde el año 2000. Nos explica que en la EASP encuentran incoherente que el Gobierno andaluz pueda decir que la Escuela cabe en una Fundación como Progreso y Salud, “que apenas tiene algunos consultores trabajando en algún tema en concreto, cuando nosotros venimos apoyando estrategias del Sistema Sanitario Público Andaluz desde hace 20 años, como actualmente la de Calidad del Sistema Sanitario público andaluz y el Plan Integral de Salud Mental, entre otros”, estrategias que la Consejería ha puesto encima de la mesa como prioritarias. “Dicen que nos disuelven, que nuestra labor puede ser realizada por otros, pero siguen contando con nosotros porque sabemos mucho, porque llevamos muchos años trabajando en estos temas”, señala Millán.
Almudena asegura que el personal de la Escuela tiene una agilidad y trabaja con una metodología “capaz de dar respuesta en poco tiempo a situaciones que suponen un cambio drástico en la calidad de vida, en la atención que reciben en el centro de salud y en la prevención de las enfermedades en el día a día de las personas”. Forman a preventivistas, epidemiólogos, trabajan con el personal de veterinaria, técnicos de promoción de la salud. Afirma que sus perfiles son, precisamente ahora en situaciones de pandemia, muy demandados, y que “la sociedad se pregunta dónde están los y las científicas, quienes pueden asesorar y dar consejos para tomar decisiones de envergadura que pueden incidir en la supervivencia y la calidad de vida de muchísimas personas”.
La Escuela Andaluza de Salud Pública contra el efecto del cambio climático en nuestra salud
Otro de los trabajos especializados y punteros en nuestro país realizado por la EASP es el del efecto del cambio climático en nuestra salud. Antonio Daponte, médico especializado en Salud Pública y director de OSMAN (Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía), nos explica que España, como otros países, tiene instituciones que se dedican a la investigación científica y que todavía tiene un gran capital humano —como en las universidades, o el CSIC—. Explica que “la función de la EASP, es la de utilizar todo ese conocimiento que generan otros junto el que generamos con nuestras investigaciones, unirlo a la labor que realizan los servicios sanitarios y las necesidades de la población, y aterrizar todo lo investigado en medidas a todos los niveles que protejan la salud de la gente”.
En este momento, están a punto de publicar la Guía del Impacto del Cambio Climático en la Salud en Granada, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad nazarí, donde han desarrollado una metodología con datos de la ciudad y el área metropolitana, previsiones e información científica sobre los efectos del cambio climático. Con los resultados han elaborado medidas que habría que adoptar para disminuir los posibles efectos negativos del cambio climático en la salud en esta ciudad.
La EASP comenzó a trabajar en este sentido hace más de 20 años y son referencia internacional. En 2007 nace OSMAN, el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, donde aplican un método pionero. Estudian y generan evidencias científicas sobre lo que ocurre en el contexto físico y social en el que vivimos (por ejemplo, en materia de contaminación atmosférica) y transforman este estudio en medidas de prevención y protección de enfermedades y daños en la salud para la ciudadanía y los servicios sanitarios. “Sólo hay un observatorio parecido en Tarragona, pero no hay nada más en el país, somos referencia en este sentido”, puntualiza orgulloso Daponte.
Relacionadas
Comunidad de Madrid
Sanidad Pública Los sindicatos denuncian a la Comunidad de Madrid por exponer a sus sanitarios a “gravísimos” riesgos
Sanidad pública
Privatización sanitaria Sanidad dice que el modelo Muface no es sostenible y aboga por su extinción
Comunidad de Madrid
Sanidad a la madrileña Los datos sobre las listas de espera en atención primaria que Ayuso se resistió a dar
De auténtica vergüenza, pero en la línea de quienes gobiernan la comunidad autónoma.
Por cierto, ¿qué fue de la asociación Justicia por la Sanidad? Aquí, entre otras muchas actuaciones lesivas para la sanidad pública andaluza, tendrían una magnífica oportunidad de resurgir y hacer honor a su nombre....A no ser, que eso de la justicia dependa de colores