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Temporeros
Miseria y opulencia tras el fuego en Palos de la Frontera
No había pasado una semana del incendio en un asentamiento en Atochares (Almería), cuando otro incendio devoraba con saña las chabolas de 400 personas trabajadoras de los frutos rojos en Palos de la Frontera (Huelva). Sucedió la madrugada del pasado 19 de febrero. Hamid había llegado tres meses antes. Tras una búsqueda infructuosa para conseguir una vivienda de alquiler en la localidad junto a otros tres compañeros, todos de nacionalidad marroquí, acabó habitando una de las chabolas, hasta que el fuego llegó al asentamiento.
“Estoy muy cansado”, se queja Lamine mientras reconstruye la chabola con su compañero Musa, ambos de Gambia. “Es la tercera vez que vuelvo a construir la chabola”, recuerda. Se quemó en 2016, 2018 y en este último incendio. Lamine llegó a España hace cuatro años pero todavía no tiene papeles: “sin un contrato de trabajo, nadie me alquila una casa”.
El fuego ha llegado a formar parte de la vida diaria, tanto que la gente tiene miedo a morir en uno de ellos mientras duerme. Alba es de Guinea Ecuatorial y fue acogida en la chabola de unos compatriotas después de quedarse en la calle. En pijama y con una taza de café en las manos da instrucciones a los compañeros que le están ayudando a reconstruir su chabola: “Hay que abrir una puerta en la parte delantera de la chabola y otra en la parte trasera para tener más posibilidades de salir en el próximo incendio [...] Mira, lo perdí todo, este pijama que llevo puesto me lo dio una asociación, solo pude salvar la placa solar con la ayuda de un amigo”.
El fuego corrió como la pólvora entre materiales altamente inflamables como cartones, plásticos y palets. Mantas, colchones, ropa, utensilios de cocina, incluso dinero y la preciada documentación que acredita la estancia en España fueron engullidos por las llamas en muy poco tiempo. Apenas pudieron salvar sus vidas. A pesar de la calamidad, no hay tiempo para un duelo necesario después de haberlo perdido todo.
En una existencia precaria, el instinto de supervivencia se sobrepone al dolor y se transforma en lucha por la vida, por las necesidades más básicas. Hay que buscar a toda prisa un lugar donde resguardarse porque ninguna Administración ha ofrecido un techo. “Mira, aquí ha venido el alcalde con las cámaras, ¿y para qué, si no nos va a ayudar?” se lamenta Mohamed, a quien se le quemó su chabola con todo lo que tenía dentro. También se lamentan las ONG que trabajan a pie de asentamiento. Cáritas Diocesanas de Huelva reconoce que sus recursos apenas llegan para afrontar la ayuda humanitaria en este drama y ponen el acento en que, en ningún caso, pueden suplir a las Administraciones públicas, que son las que tienen las herramientas para dar solución estable y duradera a una problemática habitacional que dura ya más de 20 años.
Al silencio y conmoción posterior al fuego, le sucedió una actividad frenética para volver a levantar en un tiempo récord las infraviviendas. Primero hay que limpiar los restos del fuego, recoger todo aquello que se pueda vender como chatarra y conseguir algún dinero para comprar palets y cartones y reconstruir una nueva chabola. Un martilleo rítmico y persistente resuena desde la mañana hasta el crepúsculo en todos los rincones del asentamiento. “Entre palets y cemento me he gastado 300 euros”, comenta Yousef El Halili, que lleva dos años y cuatro meses en España. Asegura que jamás pensó, cuando salió de Casablanca, que su vida iba a ser así, sin trabajo, sin casa y sufriendo incendios constantes. “Si mi madre supiera como vivo se moriría, he sido un tonto, no he tenido cabeza, me arrepiento de haber venido, yo solo tengo a mi madre de familia”, repite y repite sin cesar.
Temporeros
Huelva Un nuevo incendio arrasa con el asentamiento de chabolas de Palos de la Frontera
Hamid ha cruzado el estrecho dos veces en patera y trabaja en las campañas agrícolas por toda la geografía española desde hace ocho años. Tiene permiso de trabajo y llegó a Huelva por primera vez el año pasado: “Estuve trabajando en una finca de Moguer y el jefe me dio una habitación en el campo, este año no he tenido suerte”. Una asociación les donó una tienda de campaña, colchones y mantas cuando encontraron a los cuatro hombres durmiendo al raso y soportado la lluvia después del incendio. Ya han sido expulsado dos veces por los dueños de los terrenos donde colocaron la tienda. La última, con la ayuda de la Guardia Civil. Ahora no saben que hacer. A la escasez de ofertas de trabajo en esta campaña, debido a las adversas condiciones climatológicas, se une la continua falta de vivienda. Y el fuego.
La mayoría de las cuatrocientas personas damnificadas siguen durmiendo al raso. En el mejor de los casos, han sido acogidas por sus compatriotas, en las chabolas que quedaron en pie. El fuego deja al descubierto la vulnerabilidad en la que viven. Ya van 20 años, dos generaciones de miseria en los asentamientos de personas trabajadoras inmigrantes.
La otra cara de la moneda es el floreciente negocio de los frutos rojos. Andalucía alcanzó, en el primer trimestre de 2020, un nuevo récord en exportaciones de frutos rojos desde que existen registros homologables (1995), con 475 millones de euros. Según Extenda - Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Junta de Andalucía, Huelva, como líder consolidado, aportó el 78% de las ventas de España con una facturación de 428 millones. Un sector en alza, un proveedor de referencia; también durante la crisis de la covid-19. De tal manera que contribuye a la balanza comercial andaluza, a la que aporta un superávit de 401 millones, siendo el sector responsable de que Andalucía venda al exterior seis veces más frutos rojos de los que compra, según Extenda. En ese superávit, cuatro de cada cinco euros lo aporta Huelva a la exportación. La desesperanza más estremecedora frente al futuro más prometedor. Dos caras de la misma moneda con una dialéctica incomprensible. Y sin visos de solución a corto plazo.
Un comunicado, avalado por más de 60 entidades, destaca “la obscena incapacidad para atender a los trabajadores y trabajadoras temporeros afectados, que tanta riqueza dan a su pueblo con su trabajo en la recogida de la fresa”
La Asociación Multicultural de Mazagón también señala esa dualidad haciendo alusión al presupuesto del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. En un comunicado, avalado por más de sesenta colectivos y organizaciones principalmente de Andalucía, ha denunciado “la obscena incapacidad para atender a los trabajadores y trabajadoras temporeros afectados, que tanta riqueza dan a su pueblo con su trabajo en la recogida de la fresa, siendo uno de los municipios más ricos de la provincia, con superávit en las cuentas municipales”.
Lo cierto es que no hay solución habitacional ni a corto, ni a largo plazo tal como lo explica Mila Garaialde de la Asociación Pro Derechos Humanos de Huelva, señalando a las Administraciones: “Resulta patente la falta de voluntad de querer solucionar esta situación, con la gravedad que suponen los incendios y el riesgo tan grande que suponen para la vida. Las Administraciones no están, ni se las espera. Al contrario, las manifestaciones son crueles hacia ellos, hacia las personas que son víctimas de estos incendios y de este estilo de vida y en nada constitucionales”.
“La ausencia de alternativas habitacionales tiene su explicación en una clara falta de voluntad política y empresarial, y también ciudadana”, apunta Ana Mateo, presidenta de ASNUCI, una asociación con sede en Lepe que, con la ayuda de cientos de personas de todo el territorio español, están construyendo el primer albergue para trabajadores y trabajadoras agrícolas de la provincia de Huelva.
Temporeros
Huelva Un albergue colectivo como ejemplo de acogida a temporeros
Según un estudio de 2018 de la Mesa de la Integración, formada por ocho colectivos, Cáritas y APDHA entre otros, el problema que tienen los temporeros inmigrantes que llegan a Huelva para encontrar una vivienda se debe al alto precio de los alquileres, el raquítico parque de viviendas para alquilar o los requisitos que se le exige a los futuros inquilinos, junto a la escasa o nula alternativa que ofrecen los municipios.
En el mismo estudio, las asociaciones desmienten la creencia de que los y las inmigrantes que viven en los asentamientos son personas indocumentadas. Al contrario, el estudio demuestra que el 74% disponen de documentación en regla. Este hecho debería facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, la temporalidad de los contratos, en el caso de que existan, la economía sumergida y lo prejuicios con respecto a la población inmigrante torpedean el acceso a la vivienda, según el estudio.
Las organizaciones agrarias como UPA estiman la necesidad de mano de obra en una cifra que ronda entre 80.000 y 90.000 trabajadores y trabajadoras en la campaña de los frutos rojos. La ausencia de albergues de acogida en la provincia, unido a la falta de propuesta habitacional por parte de las administraciones y empresarios del sector, hacen que proliferen los asentamientos en todo el arco costero, principalmente en los municipios de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto. Cáritas estima en unas dos mil personas habitando en estas infraviviendas que sufren incendio tras incendio. “Estas personas están viviendo al margen de los derechos. Nos sirven como trabajadores pero no como personas de derechos y, por tanto, queda al descubierto el fracaso de nuestra organización social de protección y de cumplimiento de los derechos humanos”, apunta Mila Garaialde.
Mohamed: “Todos los que estamos aquí queremos trabajar, para eso hemos venido. ¿Cómo podemos estar tres años esperando para arreglar papeles para trabajar?”
Mohamed está enfadado. Muy enfadado. Lleva muy poco tiempo en el asentamiento. Vino de Barcelona donde se buscaba la vida en la construcción y haciendo chapuzas. Desde que comenzó la pandemia le cuesta mucho encontrar trabajo y decidió ir a Palos con unos amigos, todos de Senegal. Asegura que cuando llegó por primera vez al asentamiento se quedó conmocionado. Nunca se imaginó que su gente podía vivir así. Desde el incendio no es capaz de llamar a sus padres. “Todos los que estamos aquí queremos trabajar, para eso hemos venido. ¿Cómo podemos estar tres años esperando para arreglar papeles para trabajar? Yo he estudiado porque mi padre quería que estudiara, toda mi vida he estado estudiando y mira donde he terminado, en una mierda”, dice Mohamed y pide disculpas por la palabra, “solo queremos llevar una vida normal”.