Tortura
La CPDT recopila 1.014 casos de tortura en 2017 en el Estado español, la mayor cifra desde 2004

1.014 personas sufrieron torturas en 2017 por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones y centros de menores en 224 situaciones, según recoge el último informe publicado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). La cifra supone el doble de situaciones de torturas y malos tratos que se dieron en 2016, y casi cuatro veces más el número de personas afectadas. Entre 2004 —año del primer informe— y 2017, la Coordinadora ha recopilado 3.602 casos de torturas y malos tratos, y 9.085 personas afectadas.

Este aumento, según señalan desde la Coordinadora, está relacionado con la violencia policial que tuvo lugar el día 1 de octubre en Catalunya, con motivo de la celebración del referéndum. Desde la CPDT también señalan el incremento de violencia contra población migrante.

"Hemos valorado respecto al incremento dos cosas fundamentales, el 1 de octubre hubo una situación en la que más de 500 personas fueron afectadas, que son más del 50% de las personas afectadas que recoge el informe", afirma Carlos Hernández, miembro de la Asociación Salhaketa Bizakia, una de las participantes en la CPDT, quien destaca también el aumento de agresiones sufridas por personas migrantes, sobre todo en situaciones que tuvieron lugar dentro de centros de internamiento de extranjeros". 

El informe detalla que estas agresiones tuvieron lugar cuando las personas afectadas se encontraban bajo la custodia de funcionarios, ya sea en comisarías, cuarteles, prisiones y otros centros de privación de libertad, como los centros de internamiento de extranjeros, así como en el transcurso de intervenciones policiales, especialmente en manifestaciones. También advierten que, aunque son todas las que están, no están todas las que son. Como en los anteriores años, muchas de las denuncias han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectada o porque no se ha conseguido reunir información suficiente. También, y especialmente, la Coordinadora señala que la mayoría se situaciones de torturas o malos tratos no son denunciadas nunca, especialmente en el caso de las personas presas, sin hogar y migrantes, que son especialmente vulnerables. 

Por territorios, la comunidad autónoma con más incidencia es Catalunya. Reúne el 61% de las personas afectadas por torturas y malos tratos y el 47,3% de las situaciones. Ceuta fue el segundo territorio en número de personas que han sufrido torturas y malos tratos —117—, seguida de Madrid —102—. “En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el elevado número de personas afectadas tiene otra explicación, que no es sino la presencia de la Frontera Sur tanto del Estado español como de la Unión Europea, con todas las cuestiones de violaciones de derechos que ello conlleva y su incidencia en el elevado número de personas afectadas por la violencia que suponen las torturas, los malos tratos y otros tratos crueles o degradantes”, explican desde la CPDT, refiriéndose al informe elaborado por Iridia.

En cuanto al tipo de funcionarios denunciados por torturas o malos tratos, los agentes de la Policía Nacional son los que acumulan más denuncias: 82 situaciones —la tercera parte de las recopiladas— y 551 personas afectadas —más de la mitad del total—. Les sigue la Guardia Civil, con 41 situaciones de torturas y malos tratos y 338 personas afectadas. Desde la Coordinadora puntualizan que en muchas de las situaciones participa más de un cuerpo de seguridad.

"Prácticamente todos los cuerpos han recibido denuncias, por lo que se puede ver que la práctica de torturas y malos tratos está generalizada y además se extiende por todo el territorio", señala Hernández. 

1 de octubre en Catalunya 

Solo el 1 de octubre se contaron 61 situaciones en las que se dieron casos de torturas y malos tratos por parte de los cuerpos policiales en las que se vieron afectadas 541 personas, según el informe de la CPDT. La cifra, que recoge las denuncias a las que han tenido acceso la Coordinadora y las 43 organizaciones que la forman es, sin embargo, baja si se la comparada con las expuestas en el informe realizado por #Somdefensores sobre la jornada, donde se recopilan cerca de 900 agresiones policiales, algunas de ellas de mucha gravedad y que supusieron la hospitalización de las personas afectadas.

60 de las situaciones recogidas referentes al 1 de octubre tuvieron lugar en Catalunya —583 personas afectadas— y la restante en Madrid —tres personas afectadas—. La Policía Nacional —39 situaciones y 336 personas afectadas— y la Guardia Civil —22 situaciones y 205 personas afectadas— protagonizaron todos estos casos.

Las movilizaciones, el principal marco de torturas y malos tratos

Atendiendo a las circunstancias de las personas afectadas o de las situaciones, las movilizaciones sociales fueron el marco en el que se produjo el mayor número de agresiones policiales, en relación, sobre todo, a la celebración del referéndum catalán. En total fueron 61 situaciones en las que se contaron 618 personas afectadas.

El foco en las personas migrantes

El otro gran grupo de afectados fueron personas migrantes. En 2017 hubo 56 situaciones de torturas o malos tratos en los que los cuerpos policiales agredieron a un total de 287 personas migrantes. Es casi el doble de las agresiones a migrantes contabilizadas por la CPDT en 2016 y seis veces más que en 2004 —47—, aunque menos de las 355 que la Coordinadora recogió en 2014, el año en el que se contaron más personas migrantes que sufrieron situaciones de tortura y malos tratos, y también el año en el que 15 personas murieron ahogadas en El Tarajal mientras agentes de la Guardia Civil les disparaban balas de goma.

Además de las violaciones de derechos en la Frontera Sur, la Coordinadora también señala las agresiones que tuvieron lugar en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) tras las protestas por parte de las personas internas o en la cárcel usada durante dos meses como uno de estos centros en Archidona (Málaga).

El infierno en las prisiones

Tras las movilizaciones y las personas migrantes, las personas presas fueron las que más denunciaron haber sufrido malos tratos y torturas, aunque, según señala el informe, este tipo de denuncias ha bajado en los últimos catorce años, unos datos que —advierten— no tiene por qué corresponderse con una bajada real en este tipo de violaciones de derechos humanos. “Queremos destacar la especial dificultad que entraña para las personas presas denunciar a los funcionarios que van a seguir ejerciendo su custodia, con el peligro que ello conlleva”, señala el informe, que añade que, en muchas ocasiones, la persona presa que denuncia una primera agresión suele denunciar otras con posterioridad.

En total, 59 personas presas denunciaron haber sufrido torturas o malos tratos en 2017. Son nueve más de las denuncias recogidas en 2016 y 22 más de las 37 recogidas en 2015 —año con menor denuncias de este tipo—, pero menos de la mitad de las 127 recopiladas en 2004, primer año de elaboración del informe.

El informe de la CPDT también dedica un espacio a las muertes bajo custodia, aunque advirtiendo que los números de los casos recopilados son muy inferiores a los reales, como cada año demuestran las cifras oficiales de Instituciones Penitenciarias —una media de 233 fallecimientos al año en prisiones—.

La Coordinadora recopiló en 2017 el caso de 55 personas fallecidas bajo custodia o durante intervenciones policiales. El 49% de estos casos tuvieron lugar en prisiones y el 35% durante intervenciones policiales.

Impunidad, la gran losa

Desde la CPDT vuelven a incidir en la impunidad que disfrutan los funcionarios que participan en actos de torturas y malos tratos. “A veces tenemos la sensación, no solo de que no se persigue la tortura por parte del Estado español sino que en muchas ocasiones se ‘premia’”. La Coordinadora recuerda las condecoraciones otorgadas a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han tenido condenas por torturas y malos tratos, más allá de casos como el de Antonio González Pacheco, ‘Billy El Niño’, u otros relacionados con el régimen franquista.

En concreto, señalan que el coordinador del operativo unificado de la Guardia Civil y la policía Nacional el 1 de octubre en Catalunya, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, fue acusado de un caso de torturas por parte de una persona que estuvo sometida al régimen de incomunicación en 1992, hechos por los que fue juzgado en 1997. Él fue finalmente exonerado —se le quitó la responsabilidad en el caso—, según publica Naiz. Los otros tres agentes implicados fueron condenados a penas de hasta doce años y seis meses de cárcel, pero fueron indultados dos años después por el primer gobierno de José María Aznar.

“Encargar estas responsabilidades a personas con este pasado da un mensaje de ‘premio’ a determinadas actitudes y conductas, que valoramos como muy peligroso”, advierten desde la Coordinadora.

También hacen referencia al ascenso de Héctor Moreno en 2017 como jefe de la Policía Nacional de Cantabria por parte del Ministerio de Interior. Moreno fue condenado en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid por torturar y retener ilegalmente a siete personas —una de ellas jurista—. La sentencia le condenaba a cinco meses de cárcel y 48 años de inhabilitación, pero también fue indultado por el Gobierno de Aznar en 1998, según publica Público.