Tribuna
Intervención social, un servicio esencial en manos privadas

En Bizkaia, de las más de 600 empresas existentes en el sector, solo 10 son públicas.
Huelga intervención social
Manifestación en Bilbao durante la huelga unitaria en el sector de la intervención social Ecuador Etxea

Trabajadora de Intervención Social y delegada de ELA


30 may 2024 06:00

Hace más de 20 años comencé a trabajar en un servicio esencial como es la Intervención Social con menores. En un sector que con más de 4.800 personas trabajadoras repartidas por toda Bizkaia se encarga de ofrecer diversos servicios: ocio, medioambiente, orientación laboral, drogodependencias, inclusión social, situaciones de protección... Y que en estos momentos está en lucha para que se reconozca la labor que realizan las trabajadoras de distintas asociaciones, fundaciones, cooperativas, que tanto Diputación de Bizkaia, Gobiernos vasco y ayuntamientos subcontratan.  

Durante estos más de 20 años, he estado realizando un trabajo público que cada vez más se gestiona con empresas privadas. Antiguamente la intervención social estaba socialmente arraigada a una labor vinculada a la caridad, el altruismo y el voluntariado. Gracias a la reivindicación social y laboral, este sector se ha profesionalizado. Sin embargo, la gestión se está dejando en manos privadas, con la única vocación de hacer negocio.

Una trabajadora contratada directamente por la administración tiene al mes un salario base 1.000 euros superior que una persona subcontratada

Recordemos la actual situación del sector: en Intervención Social de Bizkaia, a día de hoy, el 70% de los servicios son de titularidad municipal y el otro 20% de titularidad Foral. A pesar de ello, casi el 90% de los servicios son de gestión privada: de las más de 600 empresas existentes en el sector, solo 10 son públicas.

En el caso de la atención a menores, existen 10 centros de  titularidad pública y gestión privada. Lo que supone que casi el 80% de los centros que trabajamos con menores están en manos privadas.

Cuidados
Trabajo de cuidados Cuidar mirando el Excel
La precariedad y la mercantilización del sector de los cuidados y la intervención social son la regla en Euskal Herria, un territorio donde fondos de inversión y grandes empresas se han hecho con el control de un lucrativo negocio.

Con la privatización, las condiciones laborales empeoran. Tanto es así que una trabajadora contratada directamente por la administración tiene al mes un salario base 1.000 euros superior que una persona subcontratada, como ha sido mi caso. Lo mismo sucede con medidas de conciliación y sociales. Por ejemplo, no tenemos complementadas al 100% las bajas por enfermedad común.

Todo ello, además, con un convenio cuyas condiciones de trabajo están congeladas desde 2021.

No hay que olvidar que trabajamos con personas que necesitan acompañamiento, en mi caso con menores, que la vida en la mayoría de ocasiones no se lo ha puesto fácil y buscan luz y oportunidades. Y para que la vida cobre protagonismo y se ponga en el centro, estamos las profesionales de lo social. Profesionales que apostamos y creemos que es posible acompañar a las personas en sus procesos de mejora de vida. Pero que también necesitamos condiciones dignas para ofrecer un buen acompañamiento.

Reivindicamos un cambio de modelo encaminado a garantizar las mejoras laborales y sociales que requieren las trabajadoras del sector así como las necesidades de las personas con las que intervenimos

Por ello, estos últimos años estamos reivindicando un cambio de modelo encaminado a garantizar las mejoras laborales y sociales que requieren las trabajadoras del sector así como las necesidades de las personas con las que intervenimos, proporcionando la mejor atención, acompañamiento, cuidado y educación. 

Ante la actual situación, es urgente poner en el centro del debate el cuidado y la atención profesionalizada que llevan a cabo a diario el conjunto de las profesionales del sector. Es paradójico que cuando las trabajadoras llevamos a cabo nuestro derecho a la huelga para defender nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio, el Gobierno vasco sea galante de garantizar unos servicios mínimos abusivos por el carácter esencial de los servicios. Sin embargo, el resto del año somos como bien definen, 'ese tercer sector'.

Las profesionales de lo social venimos reivindicando los últimos años la defensa esencial de nuestro trabajo, la publificación del mismo y dar pasos reales por un cambio. Por ello, es imprescindible la mejora en la ratio de atención, la mejora del empleo y el desarrollo de nuevos decretos que regulen el sector y que den salida a las necesidades de atención existentes. 

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Llevamos acumulada una pérdida de poder adquisitivo superior al 15%, trabajamos con altas tasas de parcialidad que influyen negativamente en conceptos como la antigüedad, que se ve reducida proporcionalmente, e impiden una mejor atención. Seguimos sin ser sustituidas desde el primer día, y sin calendarios laborales establecidos desde comienzos de año. Y no nos olvidemos de los altos riesgos psicosociales que sufrimos en el sector: es un reto que ni las patronales, empresas ni instituciones públicas quieren abordar. Hay que dotar a los servicios de las garantías suficientes en materia preventiva garantizando para ello, la salud mental. De este modo, se reconocerá eficazmente mediante la evaluación del riesgo específico dichas casuísticas y las medidas correctoras a adoptar.

Lamentablemente, las patronales del sector, con el beneplácito de las instituciones públicas, inician procesos de conciliación sin atajar el problema estructural del sector, su modelo de atención y los contenidos referidos a las condiciones laborales. 

Sigamos luchando por ese cambio de modelo público que garantice una atención digna a las personas que más lo necesitan.

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