Violencia machista
Aumentan las denuncias por delitos contra la libertad sexual pero no las condenas

El informe muestra preocupación por la violencia sexual en menores y señala “graves carencias de formación en materia sexual, más allá del simple aprendizaje sobre reproducción humana y prevención de embarazos o enfermedades de transmisión sexual”.

Manifestación del 8 de marzo en Madrid - 14
9 sep 2020 06:00

La Fiscalía General del Estado recoge en su Memoria de 2019, publicada este lunes 7 de septiembre, una nueva subida durante el año 2019 de los delitos contra la libertad sexual, aumento que, advierte el informe, no viene acompañado de más sentencias condenatorias por estos delitos.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, presentó el martes en la Apertura del Año Judicial los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2019, un informe que refleja la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. 

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, la memoria recoge que, de nuevo, aumentan los delitos contra la libertad sexual, como ha ocurrido  durante los cuatro años precedentes. Entre las causas de esta progresión, la memoria apunta a la reforma del Código Penal de 2015, cuando se eleva de 13 a 16 años la edad para prestar consentimiento en las relaciones sexuales. La subida de 2019 es “menos pronunciada”, en conjunto, que la de 2018. Así, en 2019 se incoaron 1.934 procedimientos frente a los 1.833 de 2018; los 1.386 de 2017; los 1.271 de 2016 y los 1.081 de 2015.

Por tipos, el incremento apreciado se debe a la subida de los abusos sexuales, puesto que las agresiones sexuales contabilizadas han descendido. En 2019 las agresiones sexuales contabilizadas son 564, por las 648 de 2018; por las 451 de 2017; o las 476 de 2016. Por otra parte, los abusos sexuales siguen ascendiendo: 664 (2015); 795 (2016); 935 (2017); 1.185 (2018) y 1.370 en 2019.

La memoria recoge las observaciones de la fiscal delegada de Navarra, que incide en que “tal aumento de denuncias no se corresponde con un correlativo incremento de sentencias condenatorias”. Y ofrece datos: allí, de las 45 diligencias preliminares incoadas, 27 terminaron en expediente y se condenó a medidas en 3, estando otros 4 más en trámite. Del resto, nada menos que diez denuncias se archivaron por tener los denunciadosmenos de catorce años. De las otras que se archivaron, la mayoría fue por aplicación de la excusa absolutoria, al ser denunciados y víctimas menores de 16 años, siempre según este informe el informe.

Para la Fiscalía, “el fenómeno resulta muy preocupante, pudiendo tratarse de un problema educativo en su origen”. En este sentido, la memoria recoge también los apuntes de la fiscal delegada de Sevilla que, fuera de los casos de delitos contra la libertad sexual claramente violentos, detecta en el resto de menores denunciados “graves carencias de formación en materia sexual, más allá del simple aprendizaje sobre reproducción humana y prevención de embarazos o enfermedades de transmisión sexual”.

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“El consumo de pornografía a edades muy tempranas puede estar en la raíz de una buena parte de los hechos cometidos por menores de edad inferior a 14 años”, sigue. De hecho, en cuanto a los menores de edad, el informe señala en otro apartado que “se viene detectando un alarmante incremento de las ideas sexistas y de la violencia entre los menores y adolescentes en el entorno familiar, pero también y especialmente en el ámbito sexual, conductas realizadas en grupo y a menudo grabadas y difundidas a terceros”.

La Fiscalía propone reformar la Ley de responsabilidad penal del menor con el objetivo de atribuir a la sección de menores de la Fiscalía General todos aquellos delitos en los que la Audiencia Nacional ejerce su función

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LA MANADA

Por otra parte, el Ministerio Fiscal destaca que estas cifras se registran en el año en el que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en el caso de La Manada. El documento expresa que “el Ministerio Fiscal había sostenido siempre que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica correcta era la de agresión sexual”.

Esta memoria también subraya la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 4 de julio de 2020, que considera de “suma trascendencia" porque “revaloriza el testimonio de la víctima frente a la pretensión de que esta haya de reforzar su palabra con actos o actitudes” que “no pueden sino poner en riesgo su integridad física, consolidando así de manera clara el concepto de consentimiento defendido por la Fiscalía”.

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