Violencia machista
Más control de armas y medidas para embarazadas: las propuestas de Igualdad tras el tercer comité de crisis

El Ministerio de Igualdad ha convocado este viernes el tercer comité de crisis, una herramienta que se activa cuando se dan cinco asesinatos o más de mujeres por sus parejas o exparejas. Permitir a las mujeres conocer los antecedentes de un agrersor o equiparar la cuantía de la reparación por un feminicidio a la de una víctima del terrorismo son otras propuestas.

El Ministerio de Igualdad ha convocado este viernes 2 de junio un comité de crisis para analizar los asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas de este mes de mayo, cuando un total de cinco mujeres han sido asesinadas. Se trata de la tercera ocasión en la que se activa este comité —que se pone en marcha cuando se registran cinco casos o más en el periodo de un mes— desde su creación en julio de 2022.

La primera convocatoria de este comité fue en diciembre de 2022, cuando se registraron 11 feminicidios íntimos, uno de los meses con una mayor concentración en la serie histórica desde que existen registros, junto a diciembre de 2008. La segunda fue apenas un mes después, en enero de 2023.

Recursos habitacionales, suspensión de visitas y reparación 

La secretaria de estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha explicado en una rueda de prensa posterior al encuentro del comité las propuestas que se han acordado después de analizar los cinco casos de mayo, ocurridos en Manresa, Móstoles, Orio, Torremolinos y Vitoria.

La secretaria de Estado ha comenzado poniendo el foco en los recursos de emergencia, casas de acogida y garantía habitacional para víctimas de violencia de género. Rodríguez Pam ha explicado que el comité considera esencial que el personal especializado no se limite a informar sobre la existencia de estos recursos sino que sea específico y adopte una actitud proactiva en su ofrecimiento, especialmente cuando se encuentran a una mujer que puede necesitarlos en el momento de interponer una denuncia “uno de los momentos más delicados en términos de necesidad de apoyo psicológico y cuando debe tener claro que pueden ir a un lugar seguro”, porque “literalmente esto puede salvarles la vida”.

Otra de las medidas tiene que ver con el 016. Lo que plantea Igualdad es mejorar la atención en lo que tiene que ver con lo relativo a la situación de los menores quienes, ha recordado, son víctimas directas de la violencia de género cuando lo son sus madres. Por eso, en el ámbito de la protección es necesario que la información del 016 “esté bien aterrizada en lo que tiene que ver con régimen de visitas y custodia”. “Las visitas deben suspenderse al mínimo indicio, como regula la Ley de Infancia”, ha recordado, ya que estas visitas dan lugar a momentos de riesgo para las madres y para sus hijos e hijas. Otra orden para el 016 tiene que ver con el papel de las personas cercanas de las víctimas, para orientar al entorno a través del 016 de modo que puedan acompañar a la víctima.

Además, Rodríguez Pam ha explicado que el comité plantea cambios sobre el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos. En ese sentido, se propone que sea modificado para que sea un fondo de pago de pensiones compensatorias y alimentos, y para que que incluya no solo a menores sino a dependientes hasta 26 años de edad. Por otro, Igualdad quiere aumentar el umbral de los 8.000 euros para acceder a este fondo y aumentar la cuantía de los términos del anticipo, que actualmente está en 100 euros, hasta los 500. “Esto puede evitar situaciones de vulnerabilidad económica que conduce  a las víctimas a situaciones mucho más complejas”. Una tercera medida relacionada con este fondo consistiría en dotarlo de personalidad jurídica para que pudiera personarse en casos de impagos o inejecución de sentencias.

Igualdad quiere equiparar la cuantía fijada para la reparación por un feminicidio íntimo, que es de 90.000 euros, con la de una víctima del terrorismo, fijada en 250.000 euros

Además, Igualdad quiere equiparar la cuantía de reparación cuando se da un feminicidio íntimo con el de las víctimas de terrorismo. Actualmente, la cuantía fijada para la reparación del asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja está en 90.000 euros, mientras que la de una víctima del terrorismo está fijada en 250.000 euros. “Esto es una política de reparación para decirle a las víctimas que no hemos hecho todo lo que podíamos, y esto se hace con este tipo de ayudas”, ha justificado.

Igualdad plantea revisar las condiciones para conceder y renovar licencias de armas, ya que en uno de los casos se utilizó un arma de fuego. Lo que se plantean es modificar el certificado que regula la tenencia de armas. Esta licencia de armas no se le concede a quienes tienen antecedentes de violencia de género, pero ante una denuncia de violencia de género no se retira automáticamente, como Igualdad quiere plantear. También proponen acortar los tiempos de revisión de estas licencias de manera ordinaria. 

Por último, Rodríguez Pam ha destacado la importancia de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estén intercomunicadas, especialmente en aquellos territorios donde existen policías autonómicas.

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Embarazadas e infancia

Por su parte, la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha puesto el foco en las propuestas que realiza el comité por las reflexiones a las que lleva el hecho de que dos de los casos del mes de mayo hayan sido feminicidios de mujeres embarazadas. 

En ese sentido, Rosell ha recordado que el sistema Viogen ya contempla el embarazo como un factor de mayor vulnerabilidad ante la violencia de género. Sin embargo, el comité ve necesario que los responsable de Viogen revisen la trascendencia de ese factor.

Con respecto a la orden de protección judicial, ha asegurado que no existe ningún obstáculo para que la Fiscalía o la judicatura de oficio pudiera prever en la orden de protección la situación de parto y protegiera al niño que va a nacer, de modo que ese bebé esté incluido en la orden de protección desde el momento de su nacimiento. “Se trata de prever que el embarazo llegue a buen término y la orden de protección incluya al bebé para no obligar a la mujer a pedir la suspensión de visitas y otras medidas”, ha explicado.

Sobre la infancia víctima de violencia de género, Rosell ha recordado que de los seis huérfanos del mes de mayo, dos de ellos han presenciado el asesinato de su madre, en concreto una niña de 2 años y una adolescente de 12. “Estos menores son víctimas de violencia de género y ninguno tenía su  propia orden de protección que, entendemos, debería de ser generalizada”, ha señalado.

Por otra parte, en uno de los casos se da la circunstancia de que el agresor tenía antecedentes respecto de otra mujer, lo que lleva a insistir en medidas que ya se han planteado en los comités de crisis de diciembre y enero relacionadas con la información sobre antecedentes.

Aunque Interior plantea que las mujeres que van a interponer una denuncia puedan conocer los antecedentes del agresor, Igualdad quiere ir más allá y que cualquier mujer que esté atendida en el sistema público pueda conocerlos

El Ministerio de Interior ya anunció que estudiaba la posibilidad de dar a las mujeres que denuncian información sobre los antecedentes de un agresor. Para Rosell, hay que ir más allá y que los registros de antecedentes de los que es titular el Ministerio de Justicia puedan dárselos a las mujeres que no han puesto una denuncia en un juzgado pero sí han acudo al sistema de protección: “Queremos que, con las debidas garantías, un servicio especializado a través de una autoridad pública pueda dar esa información a petición de la mujer”. Para Rosell, esto serviría para que las mujeres y los propios servicios de protección puedan valorar mejor el riesgo. Además, esta medida podría incentivar la denuncia.

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Tercera reunión

Los comités de crisis reúnen a representantes de las comunidades en las han ocurrido los feminicidios, así como de la Fiscalía, el Ministerio de Interior y de Justicia, y de las unidades especializadas de cada territorio, para recoger los fallos que se han detectado y proponer mejoras. 

Se trata de una herramienta acordada en julio de 2022 en los llamados acuerdos de Tenerife, donde el Ministerio de Igualdad se reunió con representantes de comunidades autónomas para abordar asuntos relacionados con la actuación ante la violencia de género. 

Rosell ha puesto en valor estos comités como forma de “exacerbar las posibilidades de autocrítica y de exigencia” de “un sistema de protección que es una referencia mundial”. “De esta manera, sus muertes no son en vano”, ha insistido. Rosell ha recordado que el último trienio es el trienio con menos asesinadas en la serie histórica “si bien cada una de ellas nos obliga y nos interpela”

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