Violencia policial
El Constitucional obliga a investigar un caso de torturas policiales por criticar una manifestación de Vox en Granada

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha reconocido un posible caso de torturas por parte de varios agentes de policía que retuvieron y agredieron a una persona en Granada, durante una manifestación de Vox celebrada en mayo de 2020, y obligan a los juzgados ordinarios a investigar la actuación policial. 

Marta G.V. estaba paseando a su perro en Granada cuando se cruzó con una manifestación convocada por Vox. Era 23 de mayo de 2020 y el partido de extrema derecha había convocado una protesta, en coche, en contra de la gestión que se estaba haciendo desde el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus. Marta no estaba participando en la manifestación. Al revés: pronunció una frase crítica con la convocatoria de Vox. Fue interceptada por varios agentes de policía. Según explica en una denuncia difundida entonces por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Granada, “la retuvieron, le agarraron del cuello fuertemente, zarandearon y golpearon, causándole diversos hematomas”. También la amenazaron afirmando que iban a sacrificar a su perro y con frases como “en comisaría te vas a enterar”, según aparece en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso El Salto. 

El recurso explica que, después de esto, Marta fue detenida y llevada a comisaría, sin que los agentes le explicaran el motivo. De comisaría fue trasladada al hospital, por las lesiones que presentaba y porque alertó de que era diabética. En su denuncia afirma que, en el traslado, otro agente le pegó una bofetada, la sacó del coche a la fuerza y la tiró al suelo, propinándole después patadas en la parte baja de la espalda. El recurso señala que los informes médicos avalan las lesiones sufridas a manos de los agentes policiales.

Cuatro días más tarde denunció a los agentes por torturas, amenazas, detención ilegal y lesiones. La causa cayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. “En el momento que tuvimos conocimiento de los hechos, desde APDHA y Stop Represión Granada comenzamos el procedimiento judicial, hemos ido acompañando el caso desde el inicio hasta ahora que ha salido la resolución del recurso de amparo, aunque el caso no ha terminado aún”, explica a El Salto Francisco Fernández Caparrós, de APDHA. La abogada de Marta, María Gallego, pidió al juzgado que, entre otras diligencias de investigación urgentes, analizara los informes sobre las lesiones que presentaba Marta y que pidiera las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad de los edificios cercanos al lugar en el que fue retenida por los agentes. También que solicitara a la comisaría el libro de entrada y custodia de la detenida y un informe psicológico forense. Casi un mes después, el juzgado no había comenzado ninguna de estas diligencias de investigación, y Gallego volvió a solicitarlas. El 22 de junio, finalmente, el juzgado ordenó únicamente que se le remitieran las grabaciones y el atestado policial. Ni siquiera tomó declaración a Marta, ni a los policías implicados en la detención, ni a los testigos de los hechos, ni tampoco pidió los informes forenses. Las grabaciones, en su mayoría, ya habían sido borradas y, las que no, no mostraban el lugar de los hechos. 

Casi un mes después, el juzgado no había comenzado ninguna de estas diligencias de investigación, ni siquiera tomó declaración a Marta ni a los agentes que la agredieron

El 15 de septiembre de 2020, el juzgado ordenó el sobreseimiento provisional de la causa por las torturas denunciadas por Marta y el archivo de la causa. En el auto, el juzgado afirmaba que no estaba debidamente justificada la perpetración del delito y que el relato de Marta “carece de verosimilitud”. Que, en todo caso, las lesiones sufridas habían sido a raíz de su resistencia y actitud obstructiva a la justicia. Recurrieron el auto, volviendo a pedir diligencias de investigación esenciales como, por ejemplo, tomar declaración a los agentes implicados y los testigos de los hechos, pero, de nuevo, el 5 de noviembre de 2020, el juzgado rechazó investigar los hechos. “Resulta que es procedente acordar el archivo de las actuaciones, sin necesidad de practicar ninguna otra diligencia diferente de las practicadas para alcanzar el convencimiento judicial plasmado en la presente resolución, por no resultar indicios de ser los hechos denunciados constitutivos de delito”, afirmaba el escrito del juzgado, que fue respaldado, ocho días más tarde, por la Audiencia Provincial de Granada.

Desde el Tribunal Constitucional señalan ahora que la justicia de Granada violó el derecho de Marta G.V. a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes, por los que anula los autos por los que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada primero y, después, la Audiencia Provincial de Granada dieron carpetazo a su denuncia de torturas, según señala una nota informativa del órgano en el que se anuncian los resultados del orden del día del Tribunal Constitucional del pasado 7 de marzo. 

Aunque aún no han podido acceder a la sentencia, desde la APDHA apuntan que la causa aún no ha terminado. “Lo que implica la resolución es que hay que volver al punto en el que se paró la investigación”, explica Francisco Fernández Caparrós. “Para APDHA como para Stop Represión Granada es una muy buena noticia porque por fin la justicia nos da la razón en lo que veníamos denunciando desde un primer momento: que no se había producido una investigación eficaz de los hechos que se habían denunciado”.

“Que tengamos que acudir al Constitucional para poner de manifiesto que los órganos de primera instancia no hacen su trabajo no es buena noticia; en investigación de torturas queda mucho trabajo por hacer”

Pero desde la APDHA también resaltan que sigue siendo una mala noticia tener que acudir hasta al Tribunal Constitucional para que se investiguen los casos de torturas. “Lo que en España es especialmente grave porque la mayor parte de denuncias que tiene nuestro Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos es por falta de investigación de las torturas”, afirma Fernández Caparrós. Solo en los tres primeros meses de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hasta dos veces a España por no investigar casos de tortura. En total España cuenta ya doce condenas por este motivo.  

“Que tengamos que acudir al Constitucional para poner de manifiesto que los órganos de primera instancia no hacen su trabajo no es buena noticia; en investigación de torturas queda mucho trabajo por hacer”, concluye Fernández Caparrós.

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