Derecho a la vivienda
El Banco de España confirma que ya hay tantos pisos turísticos como viviendas en el parque público

Casi la mitad de la población que alquila —un 48,9%— se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según reveló el informe anual del Banco de España, el porcentaje más elevado de la Unión Europea. Una realidad producida, según su análisis, por “unos precios elevados en relación con las rentas del trabajo”. El aumento del precio de la vivienda también ha llevado a que el consumo de las familias se vea resentido y tengan que priorizar el gasto sobre otras necesidades básicas. Mientras que el promedio de la renta que los europeos dedican a la vivienda se sitúa en el 21,2%, en España, el 40,9% de la población se ve obligado a destinar a la vivienda más del 40% de su presupuesto familiar.

La crisis de acceso a la vivienda se ha visto acentuada por la explosión de la vivienda en alquiler en la última década: entre 2011 y 2021 el mercado del alquiler ha crecido en 800.000 hogares y dos millones de personas adicionales, detalla el informe. En este último año, el 24,2% de los hogares vivían de alquiler.

Según el informe del Banco de España, este aumento de la demanda de pisos en alquiler se debe “al dinamismo de la demanda de los jóvenes en áreas urbanas” y el aumento de demanda de pisos en alquiler por parte de colectivos de menor renta, dadas las precariedades del mercado laboral y unos criterios cada vez más difíciles de acceder a los créditos hipotecarios.

Mientras que el promedio de la renta que los europeos dedican a la vivienda se sitúa en el 21,2%, en España, el 40,9% de la población se ve obligado a destinar más del 40% de su presupuesto familiar

Entre las razones de los aumentos de precios, llamado “dinamismo de los precios” por el Banco de España, destaca “un contexto de oferta restringida por el limitado aumento de la provisión pública de alquiler social y la aparición de usos alternativos de la vivienda residencial”. La apuesta de pasadas décadas por la vivienda en propiedad, sostienen en el informe, y la “escasa dotación presupuestaria al alquiler social” explican el reducido parque público de viviendas social existente en España, limitado a 290.000 unidades, apenas el 1,6% de los hogares.

Otra tendencia de los últimos años es el crecimiento de la viviendas turísticas, que ya supondrían un 1,2% del parque total de viviendas y un 1,6% del total de viviendas principales, así como como la aparición de nuevas formas de arrendamiento por períodos inferiores a un año en mercados en los que existe una elevada demanda de vivienda residencial, en referencia a los alquileres de temporada, nueva forma de los propietarios de sortear la ley estatal de alquileres de 2019 y la recién aprobada Ley de Vivienda.

El informe no ahorra críticas a la regulación de precios que incluye esta ley y defiende que “esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler, así como segmentación en el mercado inmobiliario”.