Derecho a la vivienda
Blackstone impone a 50 familias subidas abusivas del alquiler del 60%

Medio centenar de familias organizadas en el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid han decidido dar el paso y plantarle cara a Blackstone, el mayor fondo de inversión mundial en el mercado de la vivienda. Este fondo estadounidense, a través de Tesla y Fidere, dos de sus socimis, ha replicado su política de subidas arbitrarias, según denuncian, con un aumento del alquiler de un 60%. El objetivo no es otro que “echarlos de sus casas”, señalan desde el Sindicato. Y el objetivo de los inquilinos organizados: seguir viviendo en ellas sin aceptar el aumento impuesto por Blackstone.

“Esta operación, basada en un aumento de sus propios beneficios económicos, es lanzada por el fondo de inversión con el fin de lucrarse de un contexto económico donde todos los suministros básicos para la vida están aumentado sus precios”, acusan desde el Sindicato.

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Dos fondos de inversión, Blackstone e Hipoges, con un largo historial de especulación y acoso inmobiliario, se hacen cargo de la gestión del patrimonio de la Sareb pasando por encima de la Ley de Vivienda en trámite, que prohibe la venta de vivienda de titularidad pública.

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Según cuentan Laura y Antonio, del Bloque en Lucha de Torrejón, el fondo pretende subirles el alquiler de 741 euros a 1.176 euros, un aumento “inasumible”. La mitad de estas familias ya está fuera de contrato y “se mantienen firmes en no pagar esta subida abusiva”, dicen desde el Sindicato de Inquilinos. A la otra mitad, continúan, se les irá venciendo el contrato a lo largo de los siguientes meses y planean ir uniéndose a la campaña #NosQuedamos, basada en quedarse en la vivienda pagando la misma cantidad como forma de presión para conseguir una negociación colectiva entre el Sindicato y el gran tenedor. 

El objetivo de Blackstone es “echarlos de sus casas”, señalan desde el Sindicato de Inquilinos. Y el objetivo de los inquilinos organizados: seguir viviendo en ellas sin aceptar el aumento impuesto por el fondo

La referencia para este medio centenar de vecinos es la lucha del Sindicato de Inquilinas frente a Blackstone de 2021, en la que 200 inquilinos e inquilinas consiguieron derrotar al fondo de inversión tras dos años de presión. Desde 2019, vecinos de bloques en lucha de Carabanchel, Vallecas, Torrejón y Tres Cantos comenzaron a movilizarse para conseguir una negociación colectiva que les permita quedarse en sus casas sin pagar los aumentos abusivos —de hasta el 100%— que Blackstone pretendía imponerles. Para ello, relatan desde el Sindicato, continuaron en sus viviendas al finalizar los contratos y “comenzaron a pagar lo mismo que venían pagando mediante la consignación de la renta en juzgados”. Dos años de resistencia colectiva dieron resultado y las vecinas consiguieron renovar sus contratos sin subidas abusivas en la “mayor negociación colectiva del movimiento por el derecho a la vivienda”. 

La misma táctica de subidas abusivas y “desahucios invisibles” ha sido utilizada recientemente por Caixabank, el primer banco español tras la fusión, con una treintena de familias de Pinto y Vallecas, también en Madrid. Las familias, organizadas en el Sindicato, también se han unido a la campaña #NosQuedamos.

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Más de 30 familias de Pinto y Vallecas (Madrid) anuncian que se quedaran en sus casas una vez finalizado el contrato ante el acoso inmobiliario del primer casero de España.

A mediados de abril se hacía oficial que Blackstone, junto con el fondo estadounidense Hipoges, se harían cargo de comercializar el patrimonio inmobiliario de la Sareb, una entidad nacionalizada recientemente. Según ha confirmado el propio banco malo en un correo electrónico a El Salto, en la elección de estos servicers se realizó una prospección teniendo en cuenta la oferta económica, la experiencia y las capacidades técnicas, sin tener en cuenta las prácticas abusivas ni las denuncias de acoso inmobiliario.

“Mientras que en el Congreso de los Diputados no parecen tener ninguna prisa en aprobar una ley de vivienda garantista, se continúa permitiendo que estos grandes fondos de capital sigan haciendo negocio con las viviendas de miles de inquilinos por todo el Estado”, apunta el Sindicato de Inquilinas.