Derecho a la vivienda
Desahucios paralizados sobre papel mojado en el País Valencià

A principios del estado de alarma, el Gobierno aprobaba una serie de medidas, bajo el nombre de “escudo social”, con la intención de frenar —hasta el 30 de septiembre— los efectos socioeconómicos de este nuevo contexto marcado por el coronavirus. Unas medidas que, junto a una decisión del Poder Judicial, consiguieron paralizar de forma efectiva todos los procedimientos de desahucio entre el 14 de marzo y el 4 de junio. Desde principios de junio y con la vuelta a la actividad judicial, se reactivaron todos los procedimientos que quedaban fuera del escudo, bien por no cumplir con todos los requisitos o bien por tratarse de situaciones de vulnerabilidad previas a la pandemia.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el segundo semestre —que este año abarca sólo desde el 4 al 30 de junio— se ejecutaron 1.383 desahucios, “a pesar de estar teóricamente prohibidos”, reclama la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado. Un 73% fueron lanzamientos ejecutados por impago de alquiler, una tendencia que sigue al alza.

El fondo buitre del hijo de Aznar quiere desahuciar a una niña con el 40% de invalidez

Martín Cúneo

4

Desahucios

El fondo buitre del hijo de Aznar quiere desahuciar a una niña con el 40% de invalidez

Martín Cúneo

4

El fondo buitre Cerberus, donde José María Aznar Botella es alto ejecutivo, quiere desahuciar a una familia con una niña con un 40% de invalidez, que necesita una máquina para dormir por la noche.

El martes de la semana pasada, el Consejo de Ministros anunciaba la prórroga —hasta el 31 de enero de 2020— de una parte de estas medidas, entre las que se encuentra la paralización de los desahucios, pero los colectivos denuncian que siguen quedando fuera las familias afectadas por desahucios de deuda hipotecaria y por ocupación a bancos, fondos buitre y grandes tenedores, además de todos los casos de vulnerabilidad previa al 14 de marzo que no reciben ninguna medida de protección.

“Llevamos meses presionando para que se extiendan estas medidas, así como su ampliación a todas las situaciones de vulnerabilidad, al menos hasta el 31 de diciembre de 2021”, explica José Luis González, activista de la PAH en València. “Se sigue desprotegiendo a la gente para seguir dando un trato de favor a los bancos”, añade.

TRES FAMILIAS ESPERAN SOLUCIÓN HABITACIONAL EN VALÈNCIA

“Nos han desahuciado. Si no encontramos una solución, el miércoles a mediodía volveremos a estar en la calle”, plantea María, quien junto a su madre y cinco menores fueron desahuciadas de la vivienda en la que vivían desde hace más de un año en el Grao de Valencia. El desahucio se produjo el pasado lunes 28 de septiembre, y desde el Espai Veïnal del Cabanyal y la Associació Brúfol exigen a la administración que faciliten un alquiler social “acorde a la situación socioeconómica de la familia” y que “se impida que pasen ni una sola noche en la calle”.

Exponen que la propietaria se negó a ofrecerles un alquiler social y que el juez no paralizó el desahucio aún teniendo un informe de vulnerabilidad realizado por los Servicios Sociales. “Somos dos mujeres que nos buscamos la vida como podemos y que tenemos cinco niños a nuestro cargo”, explica Espi, de 53 años. “No quiero que nos regalen nada, pero necesitamos al menos un alquiler social. ¿Para que quieren tantas viviendas vacías y cerradas?”, cuestiona. Servicios sociales les ha proporcionado una habitación en una pensión, donde duermen madre e hija junto a los cinco menores, pero esta solución provisional durará solo hasta el próximo miércoles 6 de octubre.

“No se trata de un caso aislado, sino que responde a una situación generalizada, y lamentablemente normalizada, de la violación del derecho a la vivienda”, destacan los colectivos, que también inciden en la feminización de la pobreza. “Miles de viviendas vacías, bancos y fondos de inversión especulando con ellas, criminalizando la ocupación. ¿Y mientras tanto, familias monoparentales con menores durmiendo en la calle? No lo vamos a consentir”, expresan desde el Espai Veïnal del Cabanyal.

De Holanda a Nueva York pasando por el Cabanyal

Mathias Rodríguez

Derecho a la vivienda

De Holanda a Nueva York pasando por el Cabanyal

Mathias Rodríguez

El nuevo decreto valenciano para ampliar el parque público de vivienda no soluciona todos los problemas habitacionales que desde hace años sufren distintos barrios de València .

Un episodio similar ocurría en Gandía el pasado jueves, cuando una mujer de 73 años era desahuciada y quedaba en situación de calle con uno de sus hijos. “El cerrajero llegó por la mañana para cambiar la cerradura. Tuvieron que dejar la mayoría de sus pertenencias dentro”, narra Joan Cogollos, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Safor – Valldigna. Este desahucio, ejecutado en la calle Primero de Mayo de la ciudad de Gandía, dejaba la imagen desoladora de una mujer, pensionista y con 73 años, sentada en el portal del edificio y sin ninguna alternativa habitacional.

Según relatan desde la PAH, la mujer había solicitado la defensa de un abogado de oficio, que le fue denegada. También había pedido ayuda a los servicios sociales, que según indican miembros de la plataforma, “le contestaron que como cobraba una pensión, tendría que buscarse otro alquiler”. “Se trata de personas vulnerables que no tienen acceso a herramientas para defenderse y reivindicar sus derechos”, lamenta Cogollos.

La PAH recuerda que las administraciones —tanto Conselleria como el Ayuntamiento— pueden y deben actuar como mediadores para encontrar una solución habitacional a personas vulnerables

Durante la mañana del mismo jueves, madre e hijo decidieron alquilar un alojamiento provisional en una pensión, donde continúan esperando mientras se busca una solución habitacional acorde a sus ingresos. Si bien en este caso madre e hijo podrían pagar un alquiler, los colectivos reclaman que su situación psicológica les impide conseguir una vivienda por sí solos. En ese sentido, la PAH recuerda que las administraciones —tanto Conselleria como el Ayuntamiento— pueden y deben actuar como mediadores para encontrar una solución habitacional a personas vulnerables.

El mismo jueves, otro intento de desahucio quedaba prorrogado in extremis con un plazo de siete días en el barrio de Torrefiel. Se trata de una vivienda propiedad del Banco Santander, con un procedimiento de desalojo que, según denuncian miembros de la PAH, se intentó realizar sin ninguna orden ni documento judicial. “Este tipo de procedimientos solo está contemplado por la ley en casos de allanamiento, pero no en supuestos de usurpación ni de ocupación de viviendas a grandes tenedores, como es el caso”, explican desde la plataforma.

Es por ello que han pedido una reunión con carácter urgente a la Delegada de Gobierno, Gloria Calero, junto con la Fiscalía Provincial de València, de forma que puedan aclarar cuál ha sido el procedimiento que se intentó ejecutar, por qué se hizo sin orden judicial y cuál será la solución habitacional para esta familia que el próximo jueves podría quedar en la calle.

VIVIENDA PÚBLICA VALENCIANA, A PESAR DEL PP

Durante la semana pasada, el Tribunal Constitucional hacía pública la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad a la Ley Valenciana de Ampliación de Vivienda Pública. Un recurso presentado por cerca de 50 senadores del Partido Popular que, según ha valorado la Conselleria de Vivienda, intentan “obstaculizar el derecho a la vivienda”.

Una ley que a través del tanteo y retracto, da competencias a la Generalitat y a los ayuntamientos para la compra preferente de viviendas, con el objetivo de aumentar un parque público que se encuentra muy por debajo de la media europea. Según cifras extraídas del Informe del relator de la ONU, el Estado español sólo cuenta con un 2,5% de vivienda pública, frente a un 16,8% en Francia, 24% en Austria y un 30% en Países Bajos.

El TC hizo pública la semana pasada la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad a la Ley Valenciana de Ampliación de Vivienda Pública presentado por cerca de 50 senadores del PP

Es por ello que esta nueva normativa —Decreto Ley 6/2020—, aprobada por el Consell en el mes de junio, establecía ventajas de adquisición para la Administración valenciana frente a los bancos y a los fondos buitre, que continúan acumulando inmuebles con fines especulativos y en detrimento de su función social. “Lamentamos que en la actual situación de crisis social y económica provocada por la pandemia, el Partido Popular obstaculice una vez más las vías para garantizar un derecho fundamental y básico como es el derecho de todas las personas a acceder y disfrutar de una vivienda digna”, expresa la Conselleria en un comunicado.

También la PAH se ha manifestado en contra de este recurso que intenta paralizar el avance de la administración valenciana en la adquisición de vivienda pública. “Está muy claro que el Partido Popular no están a favor de que haya un parque público de viviendas en el País Valencià. Nos parece lamentable que sigan defendiendo los intereses de los bancos y los fondos buitre, dejando de lado a las personas que necesitan y que tienen derecho a una vivienda”, remarca González.