Derecho a la vivienda
Desalojos en Barcelona: “El Ajuntament nos ofrece como alternativa habitacional un piso okupado”

Ante el abandono de las instituciones, el centro okupado de la Caracola se ha convertido en un espacio de organización social para familias y colectivos del barrio del Raval. En él se desarrollan los proyectos del Espacio del Inmigrante, como colectivo que apoya y proporciona acompañamiento a personas migrantes y el Sindicato de Manteros de Barcelona, quienes asistieron de manera fundamental a los hospitales de la ciudad en plena crisis sanitaria.

El inmueble comenzó el procedimiento de desalojo siendo propiedad de InmoCaixa y se enfrenta a su tercer intento con fecha abierta a partir del 15 de enero.

Virginia y un barrio entero frente a un desahucio inminente

Pablo Jiménez Arandia

Derecho a la vivienda

Virginia y un barrio entero frente a un desahucio inminente

Pablo Jiménez Arandia

El espacio La Caracola acoge a varios de los colectivos más activos del barrio del Raval en Barcelona. Las cuatro naves de este centro se enfrentan ahora a la amenaza de un desalojo con fecha abierta.

Pero la Caracola no es solo un centro de encuentro colectivo, también es el hogar de familias y personas en grave situación de vulnerabilidad. Uno de los activistas del centro cuenta que, ante esta situación, el Ajuntament “ofrece como alternativa habitacional un piso okupado”.

Explica que esta idea ha sido propuesta por la propiedad bancaria y que la institución la ha secundado. Sin embargo, el Ajuntament mantiene que únicamente “se ha trasladado esta propuesta a las personas afectadas, lo que no implica que se apoye”. Virginia, una de las mujeres que viven en el centro, explica que, en otras ocasiones, le han ofrecido albergues, pero le echaron “a los dos días”, quedándose sin alternativa. “Yo les estoy agradecida por el esfuerzo que hacen, pero a veces parece que se lo tomen como si fuera un juego”, comenta Virginia.

Ante el abandono de las instituciones, el centro okupado de la Caracola se ha convertido en un espacio de organización social para familias y colectivos del barrio del Raval

La amenaza de desalojo pone en entredicho el decreto del pasado 23 de diciembre, que suspende temporalmente los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional que residen en propiedades de grandes tenedores. Una de las abogadas del caso, explica que la propiedad ha favorecido la coordinación de los diferentes procedimientos —ya que el mismo centro social se compone de diferentes edificios con procesos diferenciados—para favorecer el desalojo conjunto de todos los residentes.

En situación de vulnerabilidad y sin opciones

Virginia es una mujer dominicana de 66 años, que lleva diez okupando, desde que fue desahuciada tras la crisis de 2008. “Solo pido una alternativa adaptada a mi situación”, explica. Cuenta que estuvo interna durante seis años hasta que se cansó: “Me sentía como un animal”, confiesa. Tras conseguir los papeles y “jurar bandera”, abandonó Pedralbes para mudarse al Raval. A pesar de tener un estado de salud “delicado” por una diabetes y problemas de movilidad, tiene que ducharse en pleno invierno con garrafas que llena en una fuente: “Estoy desesperada, ya no aguanto más. Tengo necesidad de ir a un sitio estable con Monina (su gata)”. Todo el barrio se ha movilizado por su situación, incluso iniciando una campaña a través de las redes sociales.

En otra de las naves que componen el centro social, se ubica el taller de Top Manta, donde se fabrican mascarillas y ropa para la autogestión del colectivo. También es el hogar de Racine, hombre de 54 años y ex conductor de Uber, y Syla, de 63, quien anteriormente vivía en Tenerife trabajando “de todo aquello que se me pusiera adelante”. Ambos conviven con otros ocho compañeros senegaleses, que sobreviven en el limbo jurídico al que les relega la Ley de Extranjería. En la actualidad, confiesan que no están en mitad de negociaciones ni tienen trabajadora social o abogada: “El desalojo supone la calle para nosotros”, espetan. Ante la esperanza de que las instituciones proporcionen alternativas, afirman que van a luchar por la Caracola.

En la calle con un niño pequeño 

En el centro también viven Antonio y Claudia (seudónimos para preservar la privacidad de las personas), un matrimonio de origen venezolano, junto a su hijo Juan de 3 años. Conviven junto a Bojan, de origen búlgaro, Momo, marroquí, y Jorge, brasileño, además de uno de los principales activistas que confrontó a los narcotraficantes del Raval cuando quisieron okupar el local. Ni Antonio ni Claudia, hubieran podido imaginar la vida de precariedad que les esperaba en Barcelona cuando llegaron desde Venezuela: agresiones, amenazas y la llegada de la pandemia han determinado la vida de la familia en los últimos años.

Una vez en Barcelona, lejos de encontrarse con el futuro al que aspiraban, la vida les trajo nuevos problemas cuando vivían en Besós de Mar: las constantes amenazas por parte de los vecinos acabaron con el apuñalamiento de Antonio y se vieron obligados a buscar un nuevo hogar en el Raval. 

A pesar de todo, Claudia dice estar agradecida por el apoyo recibido y se muestra deseosa de recuperar su puesto en el restaurante donde trabajaba antes de la pandemia. A Antonio le han ofrecido contrato como constructor en Renfe, pero la poca flexibilidad horaria le impediría acudir al desalojo del centro. Hasta encontrar una alternativa habitacional, seguirá trabajando como repartidor de Glovo. “¡Quién me iba a decir que trabajaría en bicicleta! ¡Yo, que con 15 años ya manejaba el coche de mi padre… En aquel entonces no me daba cuenta de todo lo que tenía…”, ríe.

Negociaciones y soluciones parciales

Hasta este pasado fin de semana, la amenaza de desalojo se sustentaba en la venta del inmueble al Grupo Cooperativo SOM, editor de Ara Llibres y la revista Sàpiens, cuyo director general es el empresario catalán Oriol Soler, jefe de la campaña de JuntsxSí en 2015. Sin embargo, este mismo martes Inmocaixa ha declarado a El Salto que el inmueble se vendió a SOM en diciembre, algo que las propias personas afectadas desconocían hasta esta semana. Sin embargo, el Grupo se ha retirado de las negociaciones el pasado domingo, como ha comunicado en redes sociales. Esto se debe a que el inmueble podría haberse revendido a un fondo buitre, según fuentes implicadas.

Ante la presión social, el Ajuntament de Barcelona ha querido mediar en el proceso de desalojo, con el fin de encontrar una solución, pero los residentes de la Caracola aseguran que “el Ayuntamiento solo ha querido evitar el escándalo de ver desalojados a colectivos sociales y a las personas vulnerables en plena pandemia”. Esto, explican, se debe a que la institución ha rechazado la propuesta de comprar las naves a la propiedad por 600.000 euros, con el fin de cederlas. “Es la estrategia del Ayuntamiento para dividir a los colectivos y las personas que allí viven”, denuncian. Por parte de la institución, se anuncia que desde hace meses han estado trabajando “para garantizar una salida para las personas y proyectos que se encontraban en el espacio”.

A día de hoy, el Sindicato de Manteros, el Ajuntament y la propiedad  negocian sobre la mesa un acuerdo para la cesión de un local municipal en el barrio industrial de Zona Franca para relocalizar la actividad de Top Manta. Desde el Sindicato se hizo expresa la condición de aceptar sus propuestas si se cumplen las siguientes condiciones: que el Ayuntamiento debe ofrecer una alternativa habitacional provisional a Virginia, Antonio y su familia, excluyéndose albergues y pensiones, antes del 15 de enero y que InmoCaixa, por su parte, debe proporcionar un alquiler social para Virginia, de la misma forma que para Antonio y su familia. Sin embargo, el resto de los residentes se encuentran excluidos de estas negociaciones y el desalojo definitivo conllevaría quedarse en la calle en plena ola de frío.