Comunidad de Madrid
Diez casos, 37 sesiones y cien comparecientes: la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid

Dos años y 37 encuentros después de la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, creada en la Asamblea de Madrid en 2015, el Partido Popular ha anunciado su decisión de abandonar este órgano. La retirada del PP, no obstante, no influirá en el funcionamiento de la comisión, según han asegurado a El Salto desde los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid.

“La salida del PP de la comisión no va a tener ninguna incidencia en su trabajo”, afirma a El Salto Miguel Ongil, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid que ha estado implicado en esta comisión desde sus inicios. Ongil explica que, las pasadas navidades, la comisión aprobó su calendario, por el que alarga hasta el verano sus trabajos de investigación y pone de plazo diciembre de este año para presentar un dictamen que será después aprobado y presentado en el Pleno de la Asamblea. A pesar de que el PP no tenga presencia ya en la Comisión, todas las personas que sean citadas tendrán que comparecer ante la comisión.

Ongil también responde a las quejas lanzadas desde el grupo popular en la Asamblea en cuanto que la Comisión se está utilizando para atacar al PP: “Evidentemente, el protagonista es el PP, ya que las comisiones solo se pueden hacer al Gobierno, y en este caso, al gobierno ininterrumpido del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. El ámbito es ese, ni siquiera podemos entrar en lo municipal”.

Según subraya Encarnación Moya, portavoz del grupo socialista en la comisión, la actitud del PP en la comisión nunca ha sido de colaboración, intentando en primer lugar ilegalizarla. “Han estado intentado por todos los medios que esta comisión pudiera dejar de funcionar de alguna manera. Y aunque lo han utilizado políticamente, no han recurrido nunca a los tribunales, que sepamos”, afirma la diputada socialista.

Pero, ¿por qué ahora?

La salida del Partido Popular ha coincidido con la etapa en la que la comisión se dispone abordar las adjudicaciones referentes al campo de golf del Canal de Isabel II, la construcción del Teatro del Canal, así como las posible irregularidades en la adjudicación de terrenos a colegios concertados por la Comunidad de Madrid, en el marco de la trama Púnica. Aunque este último caso se remonta a la época de Esperanza Aguirre, las irregularidades relacionadas con el Canal de Isabel II podrían alcanzar a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

“Creemos que es el caso Canal de Isabel II en particular lo que está haciendo que Cristina Cifuentes actúe de una forma diferente a como lo hace con la Púnica, por ejemplo”, apunta Ongil, quien recuerda que este caso, además de a ella, puede tocar a varios nombres de su grupo parlamentario, como Enrique Ossorio, portavoz del grupo, quien entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015 se ocupó de las tareas de auditoría interna en la empresa de agua de la Comunidad de Madrid a la vez que ocupaba el cargo de consejero de Hacienda, o de la misma Cifuentes, que fue consejera del Canal cuando se aprobaron algunas de las actuaciones ahora investigadas.

Al igual que Ongil,Moya cree que el abandono del PP se debe a la previsión de que en los próximo meses se aborden temas especialmente sensibles para el Gobierno de Cifuentes.

Leer más: Caso Canal de Isabel II: ¿es el PP una organización criminal?

¿Que se prevé para los próximos meses?

Las adjudicaciones del campo de golf del Canal de Isabel II serán uno de los temas que protagonicen las próximas sesiones de la comisión. Adjudicada su construcción a una empresa del hermano y cuñado de Ignacio González, el campo fue derruido en 2016 por orden del Tribunal Superior de Justicia, tras una lucha vecinal que duró varios años. También las adjudicaciones relacionadas con la construcción de los Teatros del Canal, cuyo coste pasó de los 49,9 millones de euros iniciales a los 76 finales y cuya inauguración se retrasó cuatro años, están en el punto de mira de la comisión. Actualmente, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si Ildefonso de Miguel, ex director gerente del Canal de Isabel II, podría haberse llevado comisiones por la construcción de los teatros.

La adjudicación de la construcción de 19 colegios concertados, en el marco de la operación Púnica, es otra de las investigaciones que se prevé que se desarrollen en la comisión en los próximos meses.
“En el caso del campo de golf, podrían venir a comparecer Ignacio González, Esperanza Aguirre, Florentino Pérez… También hemos pedido la comparecencia del fiscal Manuel Moix, aunque por ahora no han sido admitidas”, explica a El Salto el diputado de Podemos, quien explica que el hecho de que aun no se hayan admitido estas comparecencias deriva de que en la anterior mesa, parte de los miembros, como el representante de Ciudadanos, dudaban de que el plazo de investigación alcanzara hasta 2001, fuera de la parte del caso Canal relacionada con Latinoamérica.

Logros de la comisión

La Comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid comenzó abordando la venta de pisos del IVIMA, la empresa regional de vivienda, a fondos buitre. Los siguientes casos tratados fueron las contrataciones realizadas por Arpegio, empresa regional de gestión de suelo –también investigadas en el caso Púnica–, las concesiones de las emisiones de fútbol de Telemadrid, el caso Aneri –sobre supuestos fraudes en cursos de formación subvencionados–, las contrataciones a través de ICM –agencia informática de la Comunidad– y la contratación de la propia cafetería de la Asamblea de Madrid.

“Creo que hemos dado luz a muchos casos que no se conocían y de una forma abierta a la ciudadanía”, afirma Ongil. “Y hemos puesto a prueba la nula voluntad de regeneración de Cifuentes, cómo nos sigue todavía ocultando información relativa al Canal”, continúa el diputado de Podemos. Como mayores logros de la comisión, destaca que esta “ha creado una atmósfera que ha favorecido que los juicios con muchos políticos y con muchas visiones también pudieran avanzar. Creo que es el motivo por el que muchos de los que han pasado por la comisión de corrupción después hayan sido imputados”. Entre estos: todos los consejeros de Alberto Ruiz-Gallardón relacionados con el caso Lezo, como Juan Bravo o Arturo Canalda, que era agente del Canal y que ha dimitido ahora como presidente de la Cámara de Cuentas; los colaboradores de Taboada por la Púnica, o Juan Van-Halen, responsable del IVIMA cuando la institución vendió 3.000 pisos a Goldman Sachs.

“Desde le punto de vista mediático, el impacto ha sido mayor cuando han venido altos cargos como Esèranza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados o Alberto Ruiz Gallardón. Mediáticamente tiene más eco, pero personalmente creo que han sido más interesantes para llegar a conclusiones las intervenciones de personal que ha estado al servicio de la comunidad de madrid, funcionarios, subdirectores, jefes de servicio que han ofrecido muchas veces más informativa, porque, entre otras cosas, un alto cargo nunca va a contestar nada que pueda ser utilizado en su contra”, afirma Moya.
Como objetivos de cara al termino de la comisión, Moya destaca la evaluación de los fallos que han hecho posibles que se den los casos de corrupción en la Comunidad y ver qué medidas de control se toman para que no se vuelvan a producir.