Coronavirus
Díaz Ayuso plantea su órdago al gobierno y al covid-19: “Test rápidos, cuarentenas y que la vida siga”

Cuando un dirigente del Partido Popular necesita baño y masaje, se dirige a EsRadio, en concreto al programa de Federico Jiménez Losantos. Desde esa trinchera, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha planteado hoy su particular órdago al Gobierno: “No voy a dejar que intervengan Madrid con la trampa del falso consenso”, ha declarado, manteniendo la posición que desde ayer a mediodía sostiene su Gobierno con el apoyo de la dirección nacional del Partido Popular. 

El Gobierno de la Comunidad se niega a implementar las medidas de restricción aprobadas ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, bajo el convencimiento de que el plan de Madrid “está dando sus frutos” y es “el mejor”, según la presidenta autonómica.

Ayuso mantiene el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez

Gessamí Forner

4

Madrid

Ayuso mantiene el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez

Gessamí Forner

4

La presidenta de Madrid rompe el preacuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad. Hoy considera insuficientes los tres criterios básicos establecidos por Sanidad para que las restricciones se apliquen en cualquier municipio del Estado con más de 100.000 habitantes.

La presidenta ha declarado que se acatarán las normas pero se recurrirán en los Tribunales, que deberán decidir sobre la capacidad de intervención del Gobierno central sobre una competencia, como la de Sanidad, transferida a las autonomías.

Para Díaz Ayuso, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez es cortocircuitar la actividad económica de la Comunidad de Madrid, y, en cambio, propone una receta basada en “test rápidos, cuarentenas y que la vida siga”. La presidenta de la Comunidad ya anunció la realización de un millón de test en la rueda de prensa en la que se escenificó la efímera paz con el Gobierno de Sánchez, pero estos no se han producido. De hecho, esta semana se ha informado de la renuncia de los servicios de salud a realizar test a los contactos estrechos de personas positivas por covid-19, dificultando así la posibilidad de un rastreo que, por lo demás, es inexistente en Madrid dada la estrategia seguida por la Consejería de Sanidad. 

Los datos siguen siendo alarmantes. Madrid es, de largo, el territorio más afectado por la segunda ola del coronavirus de la Unión Europea. Cuatro de cada diez casos en España están registrados en las ciudades de la Comunidad, que ha declarado 52.000 casos en los últimos 15 días. 

La pugna política por el control de la emergencia sanitaria ha llevado a Sanidad a emitir una orden para la prevención, seguimiento y control de la pandemia en un contexto de transmisión comunitaria que, actualmente, solo se está produciendo en torno a la capital del Estado y otros núcleos urbanos de la Comunidad. La orden no cita las ciudades de Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas que, junto a Iruñea podrían ser susceptibles de las medidas de confinamiento.

Los requisitos son que las tasas de incidencia sean superiores a los 500 casos por 100.000 habitantes. Actualmente, según Sanidad, la tasa promedio de estos municipios es de 892 casos por 100.000 en los 14 días valorados, más de tres veces la incidencia nacional.

Pero la avalancha de datos con que Sanidad pretende encauzar la respuesta al virus no funciona con la dirección del PP en Madrid, que ha determinado que esta sea la siguiente batalla política en la agenda conservadora. 

Así, antes del viernes 2 de octubre por la noche, deberían entrar en vigor las medidas determinadas con carácter general para limitar los desplazamientos y las acumulaciones de gente, que han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, pero la presidencia autonómica ya ha anunciado que recurrirá judicialmente las órdenes ministeriales. El abogado General regional ya trabaja en un recurso que amenaza con trasladar a los tribunales un conflicto político en base a las competencias. Las Comunidades ostentan la competencia sanitaria pero Sanidad considera que los acuerdos del consejo interterritorial de Salud son vinculantes por causa del Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comunidad sí ha anunciado hoy, 1 de octubre, que la policía accederá a datos de personas con test positivos para controlar el cumplimiento de sus cuarentenas, aunque no ha especificado cómo se tratarán específicamente esos datos en relación a la ley de protección de los mismos, de obligado cumplimiento. Esos datos, según El País, serían cedidos al servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid que a su vez los trasladaría a los cuerpos policiales locales, autonómicos y nacionales.

La pugna política

Tras el desafío lanzado por Díaz Ayuso está la estrategia del Partido Popular de aumentar los decibelios en la oposición a Pedro Sánchez. El secretario de Organización popular, Teodoro García Egea, expresó en el pleno del Congreso de los Diputados ayer que la gestión de la Comunidad de Madrid está siendo ejemplar. Hoy mismo, en otra sesión con el doctor Jiménez Losantos, ha declarado que las normas aprobadas en el BOE van contra Madrid y son “una infamia”.

El Ministerio, por su parte, reculó en la tarde de ayer y descartó una de las medidas más polémicas de la batería de restricciones. No se obligará al cierre de parques y jardines, como estaba previsto.

La polémica entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se plasma también en el relato periodístico. Los medios conservadores achacan al Ejecutivo la “ruina” a la que llevan a Madrid y piden “abrir de inmediato” la economía (Libre Mercado), acusan a Salvador Illa de “retorcer” la ley (El Mundo), defienden que Madrid y “cinco autonomías (cuatro gobernadas por el PP y Catalunya)” se niegan a ceder sus competencias sanitarias (Abc).

De fondo, está la estrategia electoral de un Partido Popular que ve cómo en las próximas semanas la moción de censura de Santiago Abascal puede suponer un aldabonazo para las expectativas de su competencia, Vox. El acuerdo del martes, impugnado desde ayer jueves 30 de septiembre por Isabel Díaz Ayuso, significaba una tregua con el Gobierno de Sánchez que el PP no se ha querido permitir. 

El socio del PP en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos, sigue tratando de ejercer de “poli bueno” en un episodio de precedentes en la relación entre las dos instituciones. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha respondido a Ayuso a través de Twitter defendiendo que la “búsqueda de consensos no es una opción, es una obligación moral en estos momentos”. Así, Aguado, que forma parte del ala derecha de Ciudadanos, se ha distanciado unos milímetros de la posición oficial de la presidenta autonómica. Falta un día y medio para saber si se aplican las medidas ratificadas en el BOE o si la batalla jurídica planteada por Díaz Ayuso se plasma en una suspensión cautelar de las órdenes ministeriales.