Derechos Humanos
La Junta de Andalucía deja sin subvenciones a 47 entidades sociales que atienden a miles de personas

“La cuestión es que a las subvenciones relativas al IRPF que provienen del Estado que le da el dinero a las comunidades habitualmente todas las entidades podíamos concursar en igualdad de condiciones”, sostiene Jose Chamizo director de Sevilla Acoge, una de las entidades afectada y ex Defensor del Pueblo Andaluz.

Una “igualdad de condiciones” que como denuncian varias decenas de entidades sociales andaluzas han cambiado en las nuevas bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de interés social, con cargo al IRPF, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Decenas de entidades, como la Federación Enlace, red de adicciones de Andalucía, denuncian que la nueva normativa “pone en peligro la continuidad de los programas que se han venido desarrollando desde las asociaciones del ámbito de las adicciones y otros sectores”.

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Nos resulta chocante que, incluso dentro del tercer sector, el discurso asistencialista, fiscalizador y paternalista perdure y tenga una gran presencia cuestionando o negando la autonomía de las personas con las que trabajamos por el sólo hecho de estar en situación de pobreza.

Una de las cuestiones que impiden el acceso a estas subvenciones en el nuevo texto regulador es la desaparición de la figura de agrupación, a través las cuales diversas entidades trabajaban en red y conseguían proyectos de forma colaborativa. Una figura que según exponen desde Enlace “han permitido la realización de proyectos integrales y colaborativos entre entidades de diferentes provincias, ampliando las posibilidades de atención” y han sido sustituidas “por una nueva línea de ámbito provincial, que no logrará el mismo efecto, al no permitir que estos programas cuenten con entidades ejecutante”.

Además, las bases reguladoras también hacen incompatible la combinación de varias subvenciones para sostener un proyecto. Ambas decisiones, tomadas por la Consejería, afectan a las entidades de tamaño mediano que realizan su labor a nivel provincial y benefician a las macroentidades.

Un total de 47 entidades sociales que trabajan en distintos puntos de Andalucía y que atienden a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad y desde distintos ámbitos verán mermada su capacidad de acción e incluso tendrán que cesar muchas de sus actividades. “Para las grandes asociaciones se van a repartir 31 millones de euros y para el resto, que somos la mayoría, solamente 6 millones de euros”, sostiene Chamizo.

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Desde los asentamientos de Huelva, el jornalero Seydou Diop, miembro de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI) y portavoz de la campaña #RegularizacionYa, explica sus reivindicaciones y envía un mensaje al Gobierno para acabar con el racismo institucional.

Entre las entidades afectadas se encuentran Sevilla Acoge, dedicada a la atención de personas migrantes en la capital andaluza, Prolibertas que atiende a personas en situación de calle en Córdoba o ASNUCI en Huelva, cuyo campo de acción, entre otros, son los asentamientos de jornaleros migrantes.

José Chamizo, portavoz de la denuncia que hacen estas entidades “teme lo peor” si no se cambian las nuevas condiciones para la petición de estas subvenciones “habrá que despedir a gente, perder programas, habrá que mandarle a la gente que nos llega con problemas a la consejería para que ellos con su sabiduría inmensa lo resuelvan”.