Educación
“No ha habido voluntad política de superar los modelos porque implicaría cerrarle el grifo a la privada”

Nagore Iturrioz es la portavoz del sindicato Steilas.
Nagore Iturrioz
Nagore Iturrioz, portavoz de Steilas en Bilbao.

Octubre es un mes intenso: con huelgas a diestro y siniestro y la presentación de las enmiendas a la Ley de Educación. Nagore Iturrioz, la portavoz del sindicato mayoritario en la educación pública no universitaria de la CAV, Steilas, hace un llamamiento claro a luchar para defender los servicios públicos. Sobre la polémica entorno al euskera de esta semana resume que “el debate de los modelos lingüísticos es una teatralización que se puede entender si se lee en clave política”.

Desde el inicio de la negociación parlamentaria, Steilas ha sido crítica con el proyecto de ley y el proceso del Pacto Educativo. ¿Por qué?
Porque equipara la titularidad pública con la privada y porque creemos que esta ley no aporta nada nuevo, sino que legisla perpetuando una situación tan conflictiva como el sistema dual, que genera segregación. Constantemente se habla de que esta ley durará 30 años, porque la anterior ha durado eso, pero difícilmente pervivirá décadas sin consenso social. Nace de una trifulca y vamos a ver con qué consenso político cuenta. 

¿Quién cuida de la educación pública? 
La cuidan muchas trabajadoras y trabajadores que día a día con mucha entereza, con o sin covid y a pesar de que el Departamento de Educación toma decisiones unilaterales que precarizan el sector, se dejan la piel en los centros, junto con todo un entramado social compuesto por familias y asociaciones, como Ehige y Topagune, así como las fuerzas sindicales que realmente creemos que la educación pública vasca es la mejor forma de crear una cohesión social que revertirá en la Euskal Herria del futuro.

El Pacto Educativo no tenía claridad. Era un acuerdo de desacuerdos sin un consenso real

¿Cómo valoras las enmiendas conjuntas del PNV y PSE?
A nosotras no es algo que nos hayan generado sorpresa. El debate de los modelos lingüísticos es una teatralización que se puede entender si se lee en clave política. En ningún momento ha habido un compromiso real de erradicar los modelos, porque con el anterior borrador ya tuvo que salir Bildarratz a desmentir que se habían superado. Ahora el Partido Socialista le ha obligado a explicitarlo, pero insistimos: en ningún documento publicado hasta ahora se han suprimido. No ha habido voluntad política porque implicaría cerrarle el grifo económico a la privada, ya que la razón de ser de muchos de esos centros es poder enseñar en castellano, alemán, inglés y otras lenguas. El pacto que en su día se firmó no tenía claridad. Era un acuerdo de desacuerdos, no había un consenso real. Y cuanto más se intenta afinar ahora, más desacuerdos afloran. Debemos tener en cuenta que hasta ahora no se habían explicitado los modelos, lo cual hace que, de facto, se aplique el decreto del 82, que tiene su desarrollo en el reglamento del 1983.

¿Cómo valoras la última intervención de Pello Otxandiano?
El enfado es en clave política y parlamentaria. Ya dijimos que, o les habían engañado, o nos intentaban engañar a las demás. Pero sí hay una propuesta que ha hecho EH Bildu muy interesante: el índice de complejidad lingüística. 

¿Por qué?
Nuestro primer reto es superar los modelos lingüísticos, que a su vez son fuente de segregación. Pero, además, debemos conseguir que el modelo D sea real, pero para que lo sea, necesitamos muchos más recursos. Como dice Kontseilua, darle más euskera a quien menos tiene. 

¿Pero?
El problema con que topamos es la autonomía que plantea el proyecto de ley: promover el euskera se deja en manos del centro. Y esa hiperautonomía puede desembocar en sobrealimentar aún más la financiación de centros privados como los del Opus. Sus centros no tienen un desarrollo muy amplio del euskera, habrá que definir si los recursos a aportar son económicos o personales, por ejemplo. Y en otra cosa Otxandiano tenía razón: no es lo mismo Laguardia que Oiartzun. Es muy importante que en los centros donde menos hegemonía euskaldun hay, exista el modelo D y este tenga mayores recursos. Pero eso no se puede dejar a voluntad del centro.

El enfado de Pello Otxandiano es en clave política y parlamentaria

Según interpreto el proyecto de ley, si el centro considera que dada su sociología lingüística inmediata el euskera tiene poca relevancia, puede presentar un proyecto lingüístico basado en el castellano que impera en su entorno.
Así es. No podemos crear una ley que se adapte al entorno del alumnado, porque entonces prevalece la decisión de las familias y, si esa decisión es que no aprenda euskera, políticamente no se estará defendiendo el derecho del alumnado a aprender euskera. Ese es el derecho que debemos defender. Y la ley no lo protege. La norma pone el foco en la hiperautonomización del centro. Esta es la negociación a dos años que propone las enmiendas del PNV y PSE.

Me llamó la atención que Bildarratz utilizara la palabra empoderamiento para referirse a la autonomía del centro, un concepto con cierto trasfondo neoliberal.
La vincula a los contratos-programa: quien más se empodere, más financiación recibirá. Pero no hay que olvidar que se empodera quien tiene posibilidades de empoderarse, esa es su meritocracia.

La razón de ser de muchos centros privados es poder enseñar en castellano

Las manifestaciones en defensa de la educación pública de los dos últimos años están siendo un éxito. ¿Crees que el Gobierno vasco esperaba esta respuesta en la calle?
No sé qué esperaban, pero sé lo que no están atendiendo: la disconformidad social, el descontento. Es incomprensible que esto no les haya hecho replantearse la propuesta en origen de igualar privado y público. En cualquier caso, si lo esperaban o no, no parece que les importe. Ya no solo al Gobierno, sino los que apoyan la propuesta del Gobierno. Por eso si sale esta ley, saldrá sin apoyo social y tiene pocos visos de perdurar. El conflicto ya está en los pueblos.

Vamos con las huelgas de octubre. La primera es la de la Universidad del País Vasco, el 11 de octubre. ¿Qué previsiones de seguimiento tiene Steilas?
Hace mucho tiempo que no se llama a una huelga en la universidad, y no porque no hiciera falta, sino porque la realidad universitaria es compleja. El enfado es palpable. El sistema de profesorado precariza brutalmente a los y las sustitutos. Pensamos y esperamos que la universidad saldrá a la calle.

¿Los no precarizados apoyarán a los precarios?
Tienen motivos para apoyarles: la visión global de los servicios públicos. Todo el mundo debe apoyar estas huelgas.

En la enseñanza no universitaria, las tardanzas en cubrir los puestos a inicio de curso son un secreto a voces. Reivindicáis recursos, aparte de la pérdida salarial acumulada del 20% desde la crisis de 2008, dos peticiones que, si no se realizan de forma colectiva, dudo que sean atendidas. ¿Tendrán seguimiento las convocatorias en primaria, secundaria y función pública?
Esperamos que las tengan. La educación no universitaria se moviliza y es un sector muy consciente de que lo que no se lucha, no llega solo. Llevamos muchos años de recortes y el Departamento de Educación tiene la intención de cerrar en diciembre el convenio unilateralmente. El profesorado es consciente de que necesitamos una voz firme ante la voz que se nos niega en las mesas sectoriales y en los centros. Toca luchar.

El 24 de octubre habéis convocado una jornada de huelga en Educación pública, junto con ELA y CC OO, que se suma a las dos jornadas de función pública el 25 de octubre y 19 de diciembre. LAB no ha entrado en la convocatoria del 24. Su postura ha creado tensión con el resto de sindicatos y me pregunto si está ligada a los intereses de las trabajadoras o a intereses políticos.
Es una pregunta que debería responder LAB. Desde Steilas recibimos con mucho pesar que no se haya unido a las reivindicaciones, que son las mismas del día 25. Sobre el motivo por el que LAB no se atreve a llamar a la huelga a día de hoy, en la educación no universitaria, todas podemos hacer una lectura vinculada a los acuerdos que tiene con el Gobierno vasco, insuficientes, difusos y faltos de concreción. Nuestro objetivo es buscar unidad sindical y seguimos abiertas a que LAB se una, porque es evidente que los acuerdos firmados no tiene concreción.

Volviendo a la huelga en la función pública, tengo la sensación de que educación y Osakidetza son las grietas por donde se le escapan al PNV los votantes. El descontento es palpable. ¿Crees que le pasa factura políticamente?
Espero que le pase factura. La política del PNV en servicios públicos ha dejado mucho que desear. En noviembre tenemos una huelga feminista de cuidados. Solemos hablar en abstracto de los cuidados, pero todos dependemos del cuidado y de los servicios públicos, antes de pasar al nivel comunitario, los públicos deben ser fuertes. Si sanidad y educación no lo son, se genera un descontento en la sociedad. El PNV no comparte esa visión feminista que tenemos de que los servicios públicos son indispensables. 

¿Cómo es negociar con el consejero de Educación?
Esta consejería ha sido más comunicativa de lo que han sido las anteriores, pero no más negociadora. Nosotras no compartimos la visión que tiene el Departamento sobre lo que debe ser el servicio público ni su actualización de los puestos según la natalidad. La interlocución es más fluida, pero la negociación está bloqueada. 

País Vasco
País Vasco La nueva ley de educación cierra la puerta a la inmersión lingüística en euskera
Se transforma el actual sistema de modelos lingüísticos —A, B y D—, vigente desde 1993, y se da paso a un modelo centrado en el nivel de conocimiento de las lenguas.

Leyendo la propuesta de ley, interpreto que tiene potestad de adecuar los puestos de trabajo a la natalidad y que, sin embargo, no menciona la adaptación de la ratio manteniendo los puestos y mejorando la educación.
Cuando el consejero tomó posesión nos prometió que iba a mantener la plantilla. LAB firmó el acuerdo de Arantzazu, donde eso está firmado en un papel, pero hay que tomar medidas concretas. Y no solo tienen que ver las ratios, es importante la forma en la que se distribuyen recursos. Hemos bajado parcialmente la tasa interinidad, pero aún nos queda un camino muy grande y, lo conseguido hasta ahora, tampoco ha sido voluntad de Educación, sino un mandato de Europa. Nosotras queremos bajar la temporalidad a un 5% y estamos muy lejos de ese objetivo. En el sector de personal laboral no docente alcanza el 72%.

La huelga en los centros concertados religiosos ocupará 8 jornadas. Ya hubo una así hace pocos años, ¿a qué se debe este conflicto tan largo?
A que tienen un convenio que no se está cumpliendo y la patronal se resiste a la recolocación del personal. Nos parece indispensable estar también en esa huelga y no nos genera un conflicto con nuestro compromiso con la pública. Defender los derechos de las trabajadoras y preservar los derechos laborales de quienes trabajan en el sector privado es tender a una publificación progresiva. Nosotras tenemos muchas propuestas para ir asimilando a esos trabajadores.

El proyecto de ley no tiene ninguna.
No, obviamente ha quedado en el tintero, como las mesas de matriculación únicas, entre otras medidas.

Ocupas la portavocía de un sindicato abiertamente feminista desde sus inicios, ¿pasa factura?
Sí, ser feminista pasa factura en general y más en lugares con exposición. Las mujeres ocupamos puestos de autoridad pagando un peaje extra.

LAB ha optado por tener dos portavocías, ¿ese es el futuro?
Sí, mirando la lógica orgánica de nuestro sindicato, las portavocías compartidas son lo ideal cuando la horizontalidad es central en tu organización.

¿Por qué apoyáis la huelga de cuidados del 30 de noviembre?
Somos convocantes porque es un llamamiento del movimiento feminista, el cual tiene la autoridad para articular el discurso. En cuanto al concepto de cuidado comunitario, nosotras tenemos un matiz: las instituciones tienen que responsabilizarse en esencia y, a eso, se añade un compromiso comunitario.

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