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Especulación inmobiliaria
Sindicatos de vivienda en Barcelona denuncian macrodesahucios vinculados a una inversora de The District
The District, un congreso que reúne a más de 10.000 representantes y expertos de capital inmobiliario de todo el mundo, se celebró hace tan solo unos días en Barcelona ante una calurosa reacción de los sindicatos de vivienda en contra del mismo. Y es que la ciudad y provincia donde se celebra este encuentro no solo es donde más se desahucia en todo el Estado, Catalunya también continúa siendo el territorio con más desalojos en 2023 (más del 26% del total nacional, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judial (CGPJ).
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La especulación inmobiliaria se sitúa en el centro del debate cuando se trata de entender la crisis de vivienda en la ciudad condal y en otros puntos del Estado, lo que explica la respuesta colectiva de los movimientos sociales ante la celebración de este tipo de eventos.
En pleno centro de Barcelona, los bloques situados en el carrer de Tapioles, 15, y de Cortinas, 10, denuncian estar a punto de ser desahuciados ante la presión de la administradora de la finca, señalando directamente a Elena Hernández de Cabanyes, administradora única de la inmobiliaria Second House y miembro del Consejo de Administración de Renta Corporación, entidad participante en el mencionado congreso.
En uno de los edificios vive Pili, quien se define como “hija del barrio”, pues toda su vida está allí. Entró tras casarse en 1972 y sus hijos han crecido en la casa donde lleva 50 años con un contrato de renta antigua. Fabiola lleva aún más tiempo, —desde 1953—, y nunca ha vivido en otro lugar. El titular de su contrato de alquiler era su padre, quien falleció el pasado febrero de 2021. Dos años después le llegaría un burofax que anunciaría que tendría que marcharse de la vivienda.
Berta vive en el segundo piso del edificio del carrer Tapioles, 15. Recalca que siempre han sido correctos con el pago del alquiler y no entienden la situación a la que se enfrentan. “Estamos desconcertados por la actitud de los propietarios, somos una familia trabajadora, hemos vivido siempre en este barrio, no pedimos más que se nos permita seguir viviendo en el piso actual pagando un alquiler razonable, sin especulación, como lo hemos venido haciendo hasta ahora”, indican.
Paloma y Swallah viven en el cuarto, fueron los últimos en llegar en 2018 y, junto a su pequeño Nassar, de dos años, esperan a su segundo hijo mientras se hallan fuera de contrato desde 2022. “No nos imaginamos viviendo en otro sitio. Desde la llegada de nuestro hijo, siendo ambos de fuera y con la familia a miles de kilómetros, valoramos la convivencia en comunidad que ofrece este barrio y apreciamos la importancia de sentir que podemos contar con la ayuda de las vecinas”, admiten.
Luis Hernández de Cabanyes, presidente de Renta Corporación, habría cobrado casi 462.000 euros en 2022, mientras que su cuñado David Vila, consejero delegado de la entidad, habría recibido 481.000 euros
Es una situación de desconcierto, incertidumbre e impotencia en la que también se encuentran Elena, Isi, Tomo, Paloma, Cris y Marga En total, 15 familias que continúan movilizándose ante la inminente amenaza “por las acciones de la empresa Second House SL y la familia detrás del lucro inmobiliario”, puntualizan.
Los negocios familiares detrás de la crisis de desahucios
“La rentabilidad de la empresa Second House se limita a una práctica ampliamente publicitada en espacios como The District, así como una causa que explica perfectamente la subida del precio del alquiler y la precarización de la vivienda, las condiciones de vida y el desplazamiento de las familias trabajadoras”, indican desde el Sindicat d’Habitatge el Casc Antic y el Sindicat de Poble Sec, barrios del centro de Barcelona, junto al Sindicat de Llogateres. Es, continúan, “un negocio que se basa en comprar fincas, pintar, arreglar algún desperfecto rentable, poner ascensor, hacer la división horizontal y vender los pisos individualmente; sin importar si tienen que dejar en la calle a familias completas”.
“Las acciones comerciales de Renta Corporación se vinculan directamente con la vulnerabilidad, la necesidad y la crisis social”, manifiestan desde estos colectivos
Estas organizaciones destacan que Second House, gestionada por Hernández de Cabanyes, no acomete acciones aisladas, sino que forma parte de “un proyecto familiar muy rentable”. La movilización vecinal ha investigado a fondo a cada uno de los agentes del entorno empresarial de Second House y desde los colectivos señalan que “todo queda en familia”.
A pesar de la crisis de desahucios, los directivos del sector inmobiliario aumentaron sus ganancias en 2022 llegando a cobrar 18 millones de euros. Eso incluye también a los de Renta Corporación: Luis Hernández de Cabanyes, presidente de Renta Corporación, habría cobrado casi 462.000 euros, mientras que su cuñado David Vila, consejero delegado de la entidad, habría recibido 481.000 euros.
Desde los sindicatos de vivienda denuncian que la entidad que preside Luis Hernández de Cabanyes —“el más activo en enriquecerse con el mercado inmobiliario”, puntualizan— y Second House no son las únicas empresas inmobiliarias de la familia. Añaden el papel de Celso Cabrera Marrero, marido de Elena Hernández de Cabanyes, quien está vinculado a la inmobiliaria Iglú verde. También su sobrino, Maximiliano Hernandez, con Vivenio. La familia, además, está vinculada al negocio inmobiliario en África a través de la empresa Mixta África, fundada por el propio Luis Hernández de Cabanyes.
“Las acciones comerciales de Renta Corporación se vinculan directamente con la vulnerabilidad, la necesidad y la crisis social”, manifiestan desde estos colectivos, señalando que la familia también se habría introducido en el ámbito ámbito filantrópico a través de diversas fundaciones como Soñar Despierto, Fundación Renta Corporación y Fundación Closa, además de en la inversión en geriátricos junto al fondo de inversión holandés APG tras la crisis de residencias en la pandemia de covid-19.
Mientras, la lucha continúa en los edificios de Tapioles y Cortinas, sabiendo que es su mayor garantía, pues los colectivos vinculados al Movimiento por la Vivienda en Barcelona son los que paran el 90% de desahucios convocados a puerta, tal y como informaba esta semana el diario La Directa basándose en los datos del Observatori DESC.