Fronteras
La sociedad civil europea intenta detener el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo

81 organizaciones han firmado una petición para exigir a los europarlamentarios que voten contra el pacto, del que, afirman, la Eurocámara ha sido marginada.
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen junto a Meloni en Lampedusa el 17 de septiembre. Foto: Governo.it
14 feb 2024 10:20

Durante la jornada del 14 de febrero, el Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo se reunirá para la votación del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA). Ante esta cita en el proceso de aprobación del pacto, 81 organizaciones se han unido para exigir a los europarlamentarios que integran este comité, que voten en contra de un acuerdo que, consideran, avala las vulneraciones de derechos humanos de las personas migrantes.

Organizaciones como Human Right Watch, International Rescue Comittee, PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, el Servicio Jesuita Migrante en Europa, Border Violence Monitoring Network y Oxfam, además de decenas de colectivos a lo ancho de toda la Unión Europea han firmado un manifiesto conjunto en el que enumeran los problemas que contiene el PEMA en virtud de los acuerdos del pasado diciembre.

Migración
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En la mañana del 20 de diciembre, la Presidencia Española del Consejo de Europa comunicaba satisfecha la llegada a un acuerdo sobre migraciones. Para las organizaciones civiles, el marco normativo afianza un camino de vulneración de derechos.

Los firmantes sostienen que el Parlamento Europeo ha sido marginado de la negociación de este pacto: “Los eurodiputados deben trazar una línea en la arena, defender la integridad de la única institución elegida de la Unión Europea y echar por tierra el Pacto“, ha recordado Amanda Licnerski, analista política de Border Violence Monitoring Network, considerando que las negociaciones que se dieron precipitadamente en diciembre desplazaron la labor de debate y fiscalización de la Eurocámara. 

La detención de facto en las fronteras sin excepción para familias con niños de todas las edades y el énfasis en procedimientos de retorno sin garantías, la instauración de la “ficción de la no entrada”, por la que se considerará que miles de solicitantes de asilo que alcancen la frontera no estarán en territorio europeo, la ampliación del concepto de tercer país seguro, con el fin de deportar a las personas en movimiento fuera de Europa, o la gestión de las solicitudes de asilo en estos terceros países están entre las principales preocupaciones de los grupos de derechos humanos según se enumeran en su manifiesto. 

Estas medidas, explican, no aportan ninguna solución ante la creciente mortalidad de las fronteras: 2023 fue el año más mortal desde 2015, con al menos 3.863 personas que perdieron la vida intentando llegar a Europa. “El Pacto falla en abordar esto, y sin embargo, continúa reforzando al Europa fortaleza”. 

Migración
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La UE se ha puesto como objetivo cerrar en la jornada del 7 de diciembre las últimas negociaciones sobre el nuevo Pacto de Migración y Asilo. 17 entidades instan a los legisladores comunitarios a frenar una normativa que vulnera los derechos humanos.

No es la primera iniciativa de este tipo protagonizada por una red de organizaciones y colectivos que vienen trabajando duro estos últimos meses para evitar que se concrete una legislación comunitaria que, denuncian, acabará con el derecho de asilo. “El acuerdo político del pasado diciembre sobre el Pacto de Migración de la UE supuso un duro golpe para los derechos humanos de los migrantes. Su validación por los eurodiputados supondría un fracaso en la defensa de los valores de la UE de dignidad humana, libertad e igualdad”, apunta en este sentido la directora de PICUM, Michele LeVoy.

En aquella ocasión, 50 de estas entidades se dirigieron a los mandatarios de la Unión Europea, en vistas de que el pacto político que se estaba negociando, que apostaba por unas políticas migratorias centradas en la externalización, la detención en frontera y el cibercontrol de las personas migrantes. En esta ocasión, las organizaciones inciden en las “devastadoras implicaciones para el derecho a la protección internacional en este bloque [de libertades civiles], que da luz verde a abusos a lo ancho de toda Europa incluyendo perfilamiento racial, detención de facto por defecto y devoluciones en caliente”.

Las organizaciones identifican este movimiento con el auge de una extrema derecha que agita narrativas y políticas racistas: Kim Smouter, directora de European Network Against Racism,afirma en este sentido “Este acuerdo político no sólo encarna el racismo en el enfoque europeo de la migración, sino que también es un síntoma de que las ideologías de extrema derecha están ganando terreno en todo el continente. Los eurodiputados tienen ahora la oportunidad de votar en contra de este Pacto si queremos mantener vivo el espíritu del Plan de Acción de la UE contra el racismo”.

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