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Ley de Vivienda
La mayoría conservadora del CGPJ cuestiona que el Estado pueda legislar sobre el derecho a la vivienda
La tramitación de la Ley de Vivienda tendrá un nuevo retraso después de que el Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ) rechazara este 14 de enero la propuesta de informe sobre este anteproyecto. La ley iba a ser relanzada desde el Consejo de Ministros el 28 de diciembre. Tampoco podrá ser, como se tenía previsto, el 18 de enero. Habrá que esperar, por lo menos, hasta el 27 de enero para que el CGPJ elabore y debata un nuevo informe. Hasta febrero no podrá volver, como pronto, al Consejo de Ministro.
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Ley de Vivienda
Ley de vivienda El CGPJ advierte que la falta de concreción de la ley de vivienda pone en peligro su aplicación
El informe, realizado por el juez vinculado al Partido Socialista Álvaro Cuesta, fue tumbado con seis votos a favor y 15 en contra. La ponencia de este ex diputado del PSOE se mostraba favorable a la tramitación de la Ley de Vivienda lanzada por el Gobierno al considerar el texto como “un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47.1.”
Pese a que el informe partía de “una consideración favorable”, advertía sobre la “inconcreción e imprecisión” que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, algo que “dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar”. Sin embargo, el informe rechazaba que el anteproyecto supusiera un ataque al derecho a la propiedad privada.
El vocal Enrique Lucas señaló en sus alegaciones “las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda– que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º”. La nueva ponencia se basará en esta idea
Para la elaboración de un nuevo informe, la mayoría del CGPJ ha nombrado al vocal conservador José Antonio Ballestero y el juez afín al PNV Enrique Lucas. Fue precisamente Lucas quien realizó una enmienda a la totalidad del informe de Cuesta, que el pleno terminó aprobando, según el comunicado del CGPJ.
Lucas señaló en sus alegaciones “dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia —el derecho a la vivienda— que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3”. Según su apelación es una “idea errónea” que la garantía del derecho a la vivienda “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal", tal como defendía el juez progresista.
El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del nuevo informe debe ser este artículo de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.
Desde Unidas Podemos han manifestado su “preocupación” por unos retrasos que califican de “injustificables” en la primera ley que regula el derecho a la vivienda desde 1978.
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La ley que regulaba los alquileres en Catalunya fue recurrida porque se atribuía competencias estatales, ahora es el estado central quien regula y se está inmiscuyendo en una competencia autonómica, a mí todo esto me parece de chiste, me recuerda a la sentencia que protegia a los bancos de asumir los gastos hipotecarios, la casta de los jueces hará lo que sea para proteger los intereses de la oligarquía económica.
Como se puede decir que España es un País democrático, si los que gobiernan son los Jueces, que no sed presentan a las Elecciones. Algo se hizo muy mal en la tal alabada Transición
Con esto queda claro por qué es tan difícil la renovación del órgano, porque es un instrumento para frenar avances sociales significativos.
El acceso a la vivienda es el principal problema en España, en toda la geografía, y tiene todo el sentido que se aborde a nivel nacional, ¿y qué hace este órgano tan cuestionado por incumplirse su renovación y muchas otras cosas?
Poner trabas, sin más.
Me gustaría ver el informe.
Si les interesase la justicia y el bienestar, asesorarían con rapidez cómo enfocar la ley para que sea efectiva y pase la tramitación.
Si lo único que hacen es ponerse al servicio del PP para que este gobierno no pueda apuntarse ese tanto, y que las comunidades autónomas en las que gobierna puedan hacer lo que les dé la gana, entonces igual a la ciudadanía se nos acaba la paciencia y nos vamos a manifestar a la sede.
Porque esto sí que merece atención y movilización, y no la infame cortina de humo que han echo con las macrogranjas.
Históricamente el poder judicial, ha estado en manos de las clases altas, o burguesas, según el siglo, puesto que el acceso a la carrera judicial, esta ligado a la carrera de derecho, con el alto coste de ambas, y pensemos que solo desde los años 70 aproximadamente, las clases trabajadoras, pueden acceder a estudios superiores. Eso todo dentro de un sistema donde la propiedad, el beneficio, y la dedocracia ( popularmente tener padrino)tienen un gran peso histórico. Evidentemente somos católicos, apostólicos y Romanos...el protestantismo no llegó a España como a otros países Europeos, que sin ser lo mejor, nos adelantan en sistema judicial.
El consejo general del poder judicial esta lleno de fascistas. Que asco dan, siempre sentenciando a favor de los capitalistas y en contra de la clase obrera. "Justicia española" es un oximoron.
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