Medio ambiente
Dos empresas vascas colaboraron con una trama francesa que depositó 22.000 toneladas de residuos en Zaldibar

Un tribunal de Baiona llegó a ordenar seguimientos a camiones, escuchas telefónicas a empresarios y registros judiciales contra una trama que depositó residuos en el vertedero de Zaldibar. Finalmente, ha declarado culpables a las firmas CBA Artola –cuyo propietario, Denis Artola, llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de Donibane Lohizune– y Etcheverry-Mindurry por tráfico ilegal de residuos con destino al vertedero vizcaíno de Zaldibar, derrumbado en 2020. Ha ocurrido tras la demanda iniciada por el colectivo ecologista Cade (Colectivo de Asociaciones de Defensa del Medio Ambiente del País Vasco y las Landas). Concretamente, el pasado 18 de enero, cuando el tribunal impuso multas de 100.000 euros y 150.000 euros respectivamente a sendas empresas, así como embargos por importe de 210.000 y 111.000 euros.

Estas dos empresas habían sido acusadas por la Fiscalía de Baiona de haber enviado a Zaldibar más de 22.000 toneladas de residuos industriales entre 2018 y 2021, principalmente escombros de obras de construcción. Para ello contaron con la colaboración de dos empresas guipuzcoanas cuyo nombre sigue sin trascender a los medios de comunicación.

El Gobierno Vasco conocía la investigación contra la trama urdida en Ipar Euskal Herria a raíz de un requerimiento realizado por la Fiscalía de Gipuzkoa en 2021, pero no informó sobre ello en el Parlamento Vasco.

Ahora bien, sabemos que este asunto fue tratado con opacidad por parte del Gobierno Vasco. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco estaba al corriente de la investigación contra la trama urdida en Ipar Euskal Herria a raíz de un requerimiento realizado por la Fiscalía de Gipuzkoa en 2021, pero no informó sobre esta cuestión en el Parlamento Vasco cuando fue preguntada por Elkarrekin-Podemos.

Diligencias abiertas en Gipuzkoa en 2021

Según datos recabados por Hordago-El Salto, la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa abrió unas diligencias de investigación sobre la trama francesa (DIN 97/21), incoadas en fecha 22 de abril de 2021, tras un oficio de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil. En palabras de la propia Fiscalía, se buscaba dilucidar los pormenores de un delito de “traslado ilícito de residuos con motivo del transporte transfronterizo de residuos de demolición y construcción desde dos empresas francesas hacia dos empresas ubicadas en territorio guipuzcoano“.

Asimismo, la trama carecía de “autorizaciones administrativas o notificaciones de traslado pertinentes”, lo que pudo llevar a que se beneficiara, según la investigación, de “reducciones/exenciones del Impuesto General sobre Actividades Contaminantes (TGAP)” en el Estado francés. 

La Fiscalía de Euskadi se quejó de la falta de colaboración generalizada del área de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para la investigación de causas penales relacionadas con delitos ambientales como vertidos o irregularidades en la gestión de residuos

La investigación también indicaba que, “con el objeto de corroborar documentalmente las presuntas irregularidades relativas al transporte de los residuos”, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco fue requerida para que facilitara información sobre las empresas guipuzcoanas receptoras de los  residuos. Así, el Gobierno Vasco debía remitir datos “acerca de las comunicaciones y autorizaciones de transportes transfronterizos” que pudieran constar en sus registros. 

Pero la Fiscalía de Euskadi, en la memoria correspondiente al ejercicio 2022, se quejó de la falta de colaboración generalizada del área de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para la investigación de causas penales relacionadas con delitos ambientales como vertidos o irregularidades en la gestión de residuos. Dos años antes, con motivo de la presentación de la memoria de 2020, la Fiscalía incluso señaló “disfunciones” en la labor investigadora de la Ertzaintza en esta materia, mientras destacó la de la Guardia Civil.

Cabe recordar algunas relaciones entre los responsables de la tragedia medioambiental. En el momento del derrumbe del vertedero de Zaldibar, un alto cargo del Departamento de Medio Ambiente, Ernesto Martínez de Cabredo, mantenía relaciones societarias con los responsables del vertedero de Zaldibar. Además, Francisco Javier Sánchez, un excargo de confianza del entonces Consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, había llegado a ser accionista de la empresa gestora del vertedero.

Para investigar a la mencionada trama que enterró residuos en Zaldibar y su ramificación guipuzcoana, se celebraron reuniones en el Centro de Cooperación Policial de Hendaia en diciembre de 2021 y enero de 2022. En ellas participaron el Fiscal de Baiona, miembros de la Gendarmería Nacional de Francia, agentes del UCOMA, la Fiscal Delegada de Cooperación Internacional y el Fiscal Delegado de Medio Ambiente, estos dos últimos de Gipuzkoa.

Paralelamente, estaba solicitada una “orden europea de investigación remitida por la autoridad judicial de Francia”, para proceder al registro de las empresas guipuzcoanas receptoras de los residuos, de cuyo resultado dependería el posterior desarrollo de las diligencias de investigación. 

Residuos con destino a África

Por otra parte, la Fiscalía de Araba denunció “falta de colaboración” de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en torno a “residuos almacenados en distintas naves industriales, en el ámbito de las Diligencias Previas 281/2021 del Juzgado de Instrucción nº4 de Gasteiz, seguidas por, entre otros, un delito de traslado ilícito de residuos a África”. Dicha falta de colaboración habría, además, “retrasado la tramitación de las actuaciones”. 

Según documentación judicial en poder de esta revista, “se trata de una investigación compleja, relativa a delitos contra el medio ambiente, de contrabando, de falsedad documental y de pertenencia a organización o grupo criminal, que pivotan en torno al traslado ilícito de residuos a países del África subsahariana empleando contenedores marítimos que salían desde el puerto de Bilbao”, presidido por el jeltzale Ricardo Barkala.

Una de las firmas investigadas por su participación en esta red de tráfico ilegal de aparatos electrónicos es la bilbaína Abbidec Global Link, cuyo apoderado ha llegado a ostentar la presidencia del Colegio Oficial de Gestores Administrativos del País Vasco. La intervención de la Guardia Civil contra la red tuvo lugar en el contexto de la “operación Hozkailu” para tratar de desmantelar una organización dedicada al traslado ilícito de chatarra electrónica a África.