Memoria histórica
Emilio Silva apela a la sensibilidad por los derechos humanos ante la “insuficiente” Ley de Memoria Democrática

Ya han pasado dos décadas desde que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó en el juzgado de Villablino la primera denuncia judicial por la aparición de restos óseos con signos de violencia en una fosa común de Piedrafita de Babia (León). A partir de la cual se fraguó la frase de “estos cuerpos carecen de interés judicial”, ante la clara relación entre las víctimas de desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo y los cuerpos hallados. Las autoridades competentes han negado así, durante 20 años, el derecho a la justicia al que toda víctima debería tener acceso. 

La Ley de Memoria Democrática que se debate estos días tampoco mejorará en dicho sentido, a pesar de las insistencias del grupo republicano catalán, ERC, en la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que, en su artículo segundo e) y f), otorga impunidad y protege a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista. 

Una anulación de la norma que, a su vez, también ha pedido la ARMH, y sobre la que su presidente, Emilio Silva, ha dicho al respecto que en un estado democrático “no puede existir una ley que considere que, haber detenido ilegalmente, torturado, asesinado y escondido los cadáveres de más de 114.000 personas, no sea un crimen”.  

Silva lamenta que en 44 años de democracia no haya habido un solo presidente que haya hecho un acto homenaje hacia presos políticas, militantes, estudiantes y demás personas que construyeron una sociedad para que se pudiera, entre otras cosas, hablar con libertad

La ARMH ya fue muy crítica con la antesala de la ley en 2021 y, aunque algunos partidos han conseguido calzar sus enmiendas, la ley no termina de agradar a quienes continúan en su lucha por el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación. 

Entre las enmiendas, la ARMH, ha hecho hincapié en el reconocimiento de la Iglesia como eje perpetuador de la dictadura franquista o el cese de subvenciones para la búsqueda de desaparecidos. También ha señalado la importancia de la creación de una lista de verdugos que complemente al de las víctimas, además de la reparación real de las personas afectadas. Un total de diez medidas para adecuar la Ley de Memoria Democrática a las exigencias del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

Exhumaciones 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha instalado una exposición fotográfica efímera de dos metros de alto por tres de ancho en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, con la idea de llevar al parlamento la realidad de las exhumaciones. Antes de su retirada, familiares de víctimas y voluntarios han paseado la muestra por las calles de Madrid hasta la Plaza de Neptuno en presencia de la mirada de los viandantes. Silva ha aprovechado las imágenes para referirse a la labor de la ARMH durante 22 años de la que ha dicho que no ha sido más que la de ayudar a familiares en la búsqueda de sus desaparecidos.  

Aunque la ley delegue la responsabilidad económica de las exhumaciones en el Estado no obliga al mismo a efectuarlas

Durante su intervención también ha aprovechado para pedir “responsabilidad estatal” ante la intención del Gobierno de continuar con la línea de subvenciones para la búsqueda de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. A la vez que ha defendido que “los derechos humanos no se subvencionan”. También ha aclarado que el hecho de que la ley delegue la responsabilidad económica de las exhumaciones en el Estado no obliga al mismo a efectuarlas, evadiendo por tanto la obligación estatal de garantizar el derecho de los familiares a buscar a sus seres queridos. 

La Ley de Memoria Histórica de 2007 tampoco obligaba al Estado en el ejercicio de sus obligaciones. Un hecho que aprovechó el gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el famoso “cero más cero es igual a cero” y dejar en blanco la dotación presupuestaria para la ley de memoria. 

El experto en justicia transicional de las Naciones Unidas Pablo de Greiff le recordó a España en 2017 que “el Estado tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy, a veces 80 años después de los hechos, más de 40 años desde el regreso de la democracia, siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”.

“Esta ley anuncia que apoyará a los familiares en las investigaciones de lo ocurrido, lo que quiere decir que no se va a responsabilizar de hacerlo, sino que va a dejar que las familias pregunten en los pueblos, en los archivos a los que no les dejan acceder, buscando testimonios”. Además, añade que “nadie entendería que esa dinámica se llevara a cabo con las víctimas del terrorismo”. 

Para garantizar este derecho, la ARMH sugiere la creación de un organismo público que “atienda a los familiares de los desaparecidos, que las cuide, que investigue, que busque a los desaparecidos, que los identifique y que recoja pruebas que se conviertan en denuncias ante los órganos judiciales”. 

Silva lamenta que en 44 años de democracia no haya habido un solo presidente que, en el ejercicio de sus funciones, haya hecho un acto homenaje hacia presos y presas políticas, militantes, estudiantes y demás personas que construyeron una sociedad para que se pudiera, entre otras cosas, hablar con libertad. “A esas personas les tengo que dar las gracias”. Y añade que este país no ha hecho nada por ellas, “las ha tratado como si fueran una casta intocable, como si fueran apestadas. Y eso es una vergüenza, lo miremos desde donde lo miremos”. 

“Tenemos tiempo, esta ley tiene un debate en el que todavía le pueden ocurrir cosas y tiene que ir al senado donde también puede haber cambios. Los 350 asientos que hay ahí dentro – en referencia a los diputados y diputadas del Congreso - tienen la posibilidad ahora mismo de hacer algo digno, y es lo que venimos a pedir”, ha concluido Silva.