Memoria histórica
Vandalizado el memorial a los guerrilleros antifranquistas de Fuensalida

El domingo 11 de agosto, un día antes de que vecinos y familiares del guerrillero homenajeado celebraran un acto junto al memorial en recuerdo y homenaje de los guerrilleros antifranquistas situado en el cementerio de Fuensalida (Toledo), fue absolutamente emborronada la placa que recuerda el nombre de los tres guerrilleros asesinados en 1947 en Burgohondo (Ávila), uno de los cuales, Mariano Álvarez Escobar, de 29 años de edad, era natural de dicha localidad.

Dicho memorial fue costeado por la ARMHEx con fondos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en el marco de un proyecto de exhumación e identificación de fosas llevado a cabo por esta asociación, y en virtud de la Ley estatal 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática (BOE de 20 de octubre), sobre la regulación y la necesaria colaboración de las Administraciones. Tras el atentado, la placa ha quedado ilegible.

El alcalde de Fuensalida sí quiso retirar el memorial en homenaje a los guerrilleros antifascistas

Chema Álvarez Rodríguez

Memoria histórica

En defensa de la memoria El alcalde de Fuensalida sí quiso retirar el memorial en homenaje a los guerrilleros antifascistas

Chema Álvarez Rodríguez

Múltiples testimonios de familiares y declaraciones recogidas en distintos medios confirman que la intención era la de retirar el memorial, en contra de lo manifestado recientemente desde el gobierno de la localidad tras la denuncia ciudadana.

Los hechos, cuya autoría se desconoce, han tenido lugar antes de un acto presentado por sus convocantes, también, como protesta por el hecho de que hace unas semanas dicho memorial fuera trasladado, por orden del equipo de gobierno de esta localidad, de un lugar preferente en el cementerio, a su entrada, a un lugar marginal, entre ripios y restos de obras, sin que, de acuerdo con distintos testimonios se consultara o comunicara dicho traslado a las asociaciones o vecinos y familiares interesados, extremo este negado desde la alcaldía. Concurre la circunstancia, además, de que en la ubicación originaria del memorial había un dispositivo de cámaras de seguridad, inexistente en su nuevo emplazamiento, lo que sumado a  lo apartado y escondido de su localización, y de acuerdo con las organizaciones convocantes del acto de esta mañana, habría propiciado el atentado.

Los familiares, en nombre propio y en representación de la ARMHEx, han formulado denuncia por lo que podría constituir un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del código penal y sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años

Los familiares, en nombre propio y en representación de la ARMHEx, han formulado denuncia por lo que podría constituir un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del código penal y sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años, así como en virtud de lo establecido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en cuyo Artículo 62, referente a las infracciones se consideran como infracciones muy graves “la destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Democrática, de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la dictadura franquista, así como la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española”. Tales infracciones podrán ser sancionadas con multas que van desde los 10.001 euros a los 150.000 euros.

La ARMHEx, a su vez, ha manifestado que solicitará amparo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la protección de este memorial, su restauración y restitución al lugar original. También ha criticado con dureza en un comunicado al gobierno municipal, “que, hasta la fecha, únicamente ha realizado acciones para perjudicar u ocultar el homenaje democrático que figura en la placa destruida, una actitud cada vez más frecuente en ayuntamientos o representantes políticos que son reacios a cumplir con la Ley de Memoria Democrática, como demuestra el hecho de que en Fuensalida, a pesar de una sentencia firme, aún se mantengan nombres franquistas en su callejero. La nula colaboración de la alcaldía de este pueblo en la salvaguarda de los valores democráticos, contrasta con la indignación de sus vecinos y vecinas ante hechos como los que han motivado este atentado”.