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Migración
Las personas con títulos académicos extranjeros exigen menos promesas y más hechos
Las personas que llevan años esperando poder homologar sus títulos conseguidos en el extranjero están enfadadas. Hasta el punto que el pasado jueves rechazaban con una carta la reunión propuesta por el secretario general del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades Francisco García Pascual, para el próximo lunes 11 de noviembre al colectivo Homologación Justa Ya (HJY). En el documento manifiestan su desconfianza hacia la voluntad del gobierno de resolver una situación que lleva frustrando el derecho de más de 100.000 personas —según la organización— de convalidar sus títulos para poder ejercer sus profesiones en el país.
En la carta enviada al ministerio, HJY apunta a la “falta de compromiso”, explicando que no se ha materializado la promesa de implementar un servicio de asistencia telefónica que realmente mejore la gestión de los expedientes incompletos, ante las denuncias de inoperancia de la cita previa. También consideran que se les ha ocultado información sobre las cifras reales que conciernen a los expedientes en trámite, teniendo que realizar sus propias indagaciones. Por último señalan “comentarios irrespetuosos” en reuniones previas, manifestando que “no existen condiciones apropiadas para un diálogo constructivo en este contexto”, y solicitando reunirse directamente con la ministra Diana Morant, quien “ ha manifestado en varios eventos públicos y medios de prensa la importancia de la educación y su compromiso por la agilización de procesos de homologación y equivalencia”.
Se da la circunstancia de que unos días antes este colectivo exigía la dimisión de la ministra al considerar que su salida de la ejecutiva del PSOE para liderar al partido en Valencia ponía en peligro su compromiso con solventar la problemática de las homologaciones. Una problemática que, aseguraban en nota de prensa, afecta principalmente a mujeres, que son las titulares de seis de cada diez expedientes, obligándolas a desarrollar labores por debajo de su cualificación, mientras existe una alta demanda en las profesiones en las que muchas están tituladas, especialmente en el área sanitaria. “Nos preocupa pensar que en una sociedad moderna como España no se pueda tener la tecnología o los recursos necesarios para realizar en el tiempo establecido este trámite”, explica Rami Ahmadi, presidenta del colectivo, en conversación con El Salto.
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A finales de octubre Homologación Justa Ya convocaba concentraciones en Madrid, Barcelona y Valencia con motivo de su primer aniversario, pues un año antes, organizaba una primera manifestación frente al Ministerio de Universidades. En un comunicado el movimiento expresaba su frustración tras cinco reuniones con el ministerio que, aseguran, no se han traducido en una mejora: “el ministerio utiliza estas reuniones para apaciguarnos y silenciarnos, para ganar tiempo mientras el atasco crece a un ritmo desconcertante con graves consecuencias para miles de profesionales”, explicaban en su comunicado.
“Hasta ahora no hemos visto un cambio real. Solo promesas”, afirma en este sentido Ahmadi. Y mientras, denuncia la activista, “en el sitio web del ministerio no publican que va a ser un proceso que dura muchos años”, algo que, recuerda, da expectativas falsas a profesionales que luego serán quienes tengan que asumir las consecuencias laborales y económicas de no conseguir un trabajo acorde a su formación. “No estamos pidiendo resolución positiva, pero sí resolución en un marco de seis meses. De hecho las recomendaciones de la Unión Europea para reconocer títulos extracomunitarios es que no demoren más de ese plazo”. Y es algo que se cumple en muchos países comunitarios pero nunca en España que condena a las personas a eternos silencios administrativos, o que pide la misma documentación ya entregada una y otra vez, denuncia. Así “España está desperdiciando un talento humano tremendo”.
Y es que, según denuncian en su comunicado, y otros colectivos como el Frente Migrante Interprofesional vienen señalando desde hace años, los plazos no se corresponden con la realidad, generando falsas expectativas entre las personas: “la gente solicita la homologación pensando que el proceso tardará seis meses cuando la realidad es de tres hasta nueve años”, afirman en su comunicado desde HJY. Detrás, un gran déficit de recursos: un sistema informático obsoleto, y un número muy reducido de funcionarios encargados de gestionar los expedientes. También el uso de las notificaciones por correo postal hasta hace dos años, en una población que cambia con frecuencia de residencia.
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Desde HJY impugnan también el argumento de que la mayoría de los expedientes estarían incompletos, un 60% según el ministerio, aduciendo que cuando esto se da, en la mayor parte de las ocasiones se debe a “errores del ministerio al solicitar documentos ya presentados”. El servicio telefónico prometido, argumentan, no cuenta con suficientes citas, y además sus empleados “no pueden responder a las preguntas en la mayoría de los casos”.
Para Ahmadi, el problema desborda lo burocrático, y tiene origen también en el proteccionismo de los colegios profesionales. “Parece que el gobierno quiere agilizar y tener inmigrantes para que hagan trabajos de baja calificación pero cuando tiene que ver con profesionales, la historia es otra”. La portavoz recuerda que a mediados de octubre la sociedad española de médicos generales y de atención primaria hacían público cuestionaban la calidad de la formación de los profesionales sanitarios con título extranjero, ante lo que consideraban un repunte de las homologaciones, un incremento que desde HJY no han logrado identificar. Ahmadi insiste en que lo que solicitan es que “los procesos no se demoren tantos años, que sea transparente y que se pongan los recursos necesarios para para cumplir con su propia ley”, que es la que establece los plazos.
Mientras tanto, ante el descalabro en los proyectos de vida que implica la espera indefinida a una homologación que no parece llegar nunca, articulándose en colectivos como HJY las personas afectadas “logramos tener un espacio para informarnos y compartir experiencias. Y además, conseguimos llevar nuestros reclamos a la agenda pública, presentando proposiciones de ley en varias comunidades autónomas”, apunta la activista quien recuerda que a principios de octubre, incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apuntaba a la necesidad de mejorar los procesos de homologación ante el Congreso de los Diputados. Ahora esperan ver cómo se materializan las promesas políticas.