Opinión
No hay que olvidar que la energía es igual a poder

Un PTS correctamente configurado no solamente es necesario, es también un requisito legal. Exigimos que se regrese a la línea de salida con un nuevo PTS que se construya desde la independencia científica, técnica y ejecutiva.
Fotovoltaica Alava - 1
Ekian, parque de energía solar en Rivabellosa, Álava. Foto: Ekian.
Miembros de Arabako Mendiak Aske
9 jul 2024 06:00

“La actitud se elige. Siempre”. Es un principio simple que previene autoengaños individuales y colectivos, sesgos, conflictos, malos diseños y desagradables consecuencias sobrevenidas de todo ello. 

Y si de lo que se trata es de la imperiosa necesidad de ordenar y salvaguardar un territorio pluripotencial, que siga siendo el soporte, la protección, el solaz y la garantía de futuro es ineludible generar y desplegar una actitud acorde con ese objetivo. Es patente y notorio que no pocos pueblos y civilizaciones colapsaron en el pasado por ser incapaces, consciente o inconscientemente, de mantener las constantes vitales de sus territorios. Esa amenaza hoy en día se ha hecho global.

Opinión
Opinión De cruce de caminos a territorio de sacrificio
Señor diputado general de Álava, queremos seguir viviendo en nuestros pueblos como hasta ahora. Haga honor a las antiguas hermandades de Álava y pare la avalancha de megaproyectos que asolan Ribera Baja, Valles Alaveses y a toda Araba.

El Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables (en adelante, PTS), aún sin aprobar, representa un enfoque problemático que refleja una actitud reprobable perpetuada desde su primera edición, la cual fue rechazada por el pleno del Parlamento Vasco, tanto por sus evidentes fallos en su concepción y desarrollo como por el rechazo social que mostró.

Una actitud que tiene su origen en la presunción de la necesidad y predominio insultante de un despliegue de las renovables en base a grandes instalaciones industriales que, a ser posible, deben poder ubicarse en prácticamente cualquier lugar, zonas naturales, incluso en las protegidas. Intentando a toda costa instaurar el bulo de que cualquier impacto ambiental y sobre la biodiversidad es compensable, y negando la posibilidad de que sean viables masivamente otras técnicas y otros esquemas de despliegue mucho mejor alineadas con la triple vertiente de la sostenibilidad (social, económica y natural). Variantes que además revierten realmente sobre la calidad de vida de la mayoría de la población.

Un PTS correctamente configurado no solamente es necesario, es también un requisito legal que viene dado por una norma básica, las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco (DOT), que es la que determina qué actividades se pueden implantar y desarrollar según las distintas tipologías de suelo que hay en nuestro territorio. A partir de esa base, se desarrollan los planes sectoriales que regulan sectores estructurales de la socioeconomía. Evidentemente las energías renovables son una de esas áreas que necesitan ordenación, señalar al respecto que la redacción de las Directrices vigentes partía de una actitud y un contexto diametralmente opuesto a la del PTS. Tras un amplio consenso y un claro compromiso con la imprescindibilidad del medio natural, el principio de precaución y el de no regresión del mismo, cánones, por otro lado, prescritos por las normativas ambientales de más alto rango. Tal es el caso del interesante principio de infraestructura verde con posibilidades de implantación en multitud de formatos y en todas las tipologías de suelos y que en el PTS brilla por su ausencia. Infraestructuras verdes que engloban a las zonas ya protegidas, a otras que conviene proteger y a aquellas que sirven como zonas que aseguren la conectividad global. Es evidente que si esa actitud y el gran avance conceptual de las DOT se hubiese mantenido no se hubiera llegado al completo desaguisado al que estamos asistiendo.

Estamos ante una desgraciada situación en la que unas buenas herramientas teóricas se retuercen para que sirvan a intereses espurios del oligopolio eléctrico y sus adalides gubernamentales

Estamos, por tanto, ante una desgraciada situación en la que unas buenas herramientas teóricas, como las directrices citadas o el propio PTS, se retuercen, y se convierten en papel mojado que sirva a intereses espurios, en este caso del oligopolio eléctrico y sus adalides gubernamentales. En patente de corso y vía libre para que esas empresas revienten todo aquello que las DOT ordenan proteger, entre otras cosas la imprescindible biodiversidad que nos sustenta y un escenario en el que se materialice un progreso social inclusivo.

No hay que olvidar que la energía es igual a poder. Quien la domina, tiene la posibilidad, además de enriquecerse obscenamente, como estamos viendo, de controlar gobiernos y sojuzgar a los pueblos. Así, que el objetivo básico es conseguir, a toda costa, que el modelo de despliegue de las renovables reproduzca el modelo de gobernanza energético tradicional de las energías fósiles que nos ha llevado hasta aquí, en el que unas pocas corporaciones controlan el negocio energético a costa de externalidades sociales y ambientales inasumibles.

La nula neutralidad tecnológica

Por ejemplo, el PTS evidencia la nula neutralidad tecnológica, al ceñirse únicamente a estudiar las grandes instalaciones, con lo cual deja de ser una evaluación auténticamente integral de las posibilidades y, no menos importante también, de la capacidad de carga del territorio, dejándolo al albur de la codicia del mercado más salvaje. Para ello, el criterio básico de elección de emplazamientos es la existencia de un régimen de viento que se acompase a los niveles de rentabilidad requeridos por las eléctricas.

Hoy Euskadi está plagada de iniciativas fuera de regulación. Aunque el PTS del año 2002 no esté jurídicamente derogado, porque no hay otra disposición que lo sustituya, está invalidado por el Parlamento Vasco y desfasado técnica y legalmente, en cuanto que está fuera de las actuales DOT. Por tanto, no se debería haber admitido ni tramitado ninguna iniciativa hasta que un PTS coherente, no esta chapuza que hay sobre la mesa, vea la luz. Es otro monumental fraude a la sociedad.

Energías renovables
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La empresa pública noruega Statkraft ha propuesto construir dos centrales eólicas en montes de Gipuzkoa, con la participación de comunidades locales y empresas como Fagor. El Govern de la Generalitat ha anunciado que instalará placas solares en los edificios públicos para su autoconsumo.

Con esta pauta se pervierte, además, la auténtica virtud de las renovables, que es la de su despliegue mediante un esquema capilar de generación y consumo distribuidos, garante de su máxima eficiencia e imbricación social. Es decir, la transición energética debe basarse en muchos pocos y no en pocos muchos, y contar con un abanico tecnológico amplio y actualizado, máxime tratándose de renovables. La solución a la crisis energética vendrá de la diversidad. La teoría de sistemas, con los ecosistemas a la cabeza, nos enseña que en la diversidad encontraremos la resiliencia.

Es también inaceptable la obsesión con la electrificación absoluta de la economía , habida cuenta del dificultoso y escaso desarrollo posible en este campo. Se eclipsan las opciones de renovables y eficiencia energética basadas en variantes térmicas. El PTS ni se molesta por ejemplo en cuantificar el potencial de la energía geotérmica de baja entalpía o las posibilidades de almacenamiento energético con tecnologías térmicas que soslayan la necesidad de materiales críticos. Se antoja que la antena tecnológica usada para la determinación de soluciones es intencionadamente parca para no restar beneficios a las grandes empresas dominantes propietarias de ese abanico reducido de alternativas. Son muchas las innovaciones en tecnologías y formatos que no se toman en cuenta, ni siquiera como perspectiva de futuro no lejano. Solo cuenta la visión cortoplacista del “aquí, así y ahora”.

No se escatiman medios para hacer realidad esos adverbios. Por ejemplo los estudios de impacto que dan lugar a la Estrategia Energética de Euskadi, al propio PTS o los que atañen a los proyectos concretos en tramitación, sin ningún escrúpulo, plantean la conquista de incluso zonas que cuentan con especial protección ambiental. Esto es inadmisible, y va contra la ley. La CAPV no va a llegar a los objetivos de implantación de renovables si se centra en la electrificación basada en megaproyectos en zonas naturales y rurales. La CAPV, por su estructura económica, teniendo un 1,43% del territorio del Estado, y un 4,6 % de la población, es responsable del 10 % del total de la energía eléctrica consumida en ese territorio. ¿Están las cuentas bien hechas a sabiendas de lo intensivas que son las renovables en cuanto al uso del espacio? Lo único que traerá el modelo planteado es que algunos pocos llenen sus bolsillos directamente o por su ingreso en consejos de administración.

Por tanto, es vital estudiar, evaluar y ordenar todas las posibilidades de energías renovables, y en configuraciones sostenibles, para lograr una visión acorde a las prioridades y posibilidades reales del país, y, siempre, bajo el paradigma de que no podemos crecer hasta el infinito y de que habrá que empezar a gestionar con seriedad la demanda y no solo la oferta.

El plan Mugarri de la Diputación Foral de Araba partía de premisas consecuentes y sigue siendo un ejemplo válido para compaginar un despliegue de renovables con protección del medio

El PTS induce a la fragmentación de proyectos. Delega sibilinamente el detalle de los impactos a esos proyectos fragmentados, obviando el mandato de la evaluación de los que son sinérgicos. Luego, al llegar hasta este nivel estamos comprobando que las matrices de impacto, indicadores y variables para la decisiones son infumables, sirviendo de pretexto para justificar lo injustificable. Hay una estrategia de trocear enfoques, procedimientos y las propias centrales para allanar su camino, eclipsando conceptos y normas claves.

También se ignora al Centro de Estudios Ambientales de Gasteiz

También se ignoran trabajos a partir de una actitud adecuada, como el efectuado por el Centro de Estudios Ambientales de Gasteiz, en el que la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas del municipio de manera extensiva llevaría a la práctica autosuficiencia energética de ese municipio y con una producción eléctrica muy superior a la formulada en la estrategia energética de Euskadi para las centrales eólicas planteadas. El plan Mugarri de la Diputación Foral de Araba partía de premisas consecuentes y sigue siendo un ejemplo válido para compaginar un despliegue de renovables con protección del medio. Sin embargo, ante realidades como éstas, los responsables políticos de la sinrazón que estamos padeciendo se ponen de perfil o incluso niegan la mayor con indisimulada desfachatez.

Otra herramienta de manipulación está siendo la generación de legislación ad hoc, una estrategia que se utiliza para crear leyes específicas con el objetivo de influir en situaciones particulares, beneficiando ciertos intereses en detrimento de otros. En el contexto de la ley de conservación del medio natural de Euskadi, se ha observado un ejemplo de esta práctica. La nueva legislación limita la validez de los planes de ordenación de recursos naturales en espacios propuestos para protección ambiental específica. Anteriormente, una vez que se realizaba un estudio científico e imparcial sobre un área, se requería detener y no tramitar todos los proyectos en esa área hasta que se decidiera la figura de protección definitiva. Este proceso tenía como finalidad garantizar que las decisiones sobre el uso del terreno estuvieran basadas en un análisis riguroso y objetivo de su valor ambiental. Esta modificación parece estar diseñada para evitar que áreas como Azazeta sean declaradas zonas de exclusión para proyectos eólicos, que sería el resultado probable si se siguiera el proceso anterior.

En esa misma línea, del artificio legal ad hoc para favorecer los intereses del oligopolio, se encuentran la sustracción del derecho a decidir sobre esos emplazamiento a los concejos y ayuntamientos y la relajación de exigencias y requisitos ambientales clave, porque de lo contrario no pasan el listón legal preestablecido.

En esta batería no podía faltar la neutralización de las opiniones contrarias. Ésta es una táctica comúnmente utilizada en la construcción de un relato oficial que favorece intereses particulares. Esta estrategia se emplea para desacreditar y minimizar la oposición popular, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas que se plantean. Un ejemplo típico de esta práctica es la etiquetación de la oposición como un fenómeno NIMBY (Not In My Back Yard), que sugiere que la resistencia es puramente egoísta y no está basada en preocupaciones sustantivas, negando el debate serio y real, es decir el centrado en la biodiversidad y no en un modelo de despliegue y de negocio absolutamente contrario a ésta.

Hay asuntos más graves, como el ocurrido con la Central Eólica de Azaceta en el que el estamento político de la Diputación alavesa ocultó información relevante respecto del impacto inasumible de esa infraestructura.

La marginación del funcionariado de los departamentos de medio ambiente del Gobierno vasco y de las Diputaciones es otro ejemplo de cómo el estamento político puede actuar para favorecer intereses específicos, a menudo en detrimento de la protección ambiental y de una gestión pública transparente y efectiva. Este tipo de acción no solo es inaudito, sino que también tiene implicaciones graves para la integridad del proceso administrativo y la sostenibilidad a largo plazo.

Y qué decir del tratamiento informativo de las acciones de los movimientos en defensa del medio natural por parte de los medios adscritos al poder. Poco, tarde y mal.

Como corolario de este proceder es insultante el tratamiento dado a las alegaciones presentadas en fondo y en forma. Ni siquiera se han aceptado las provenientes de Ayuntamientos o Diputaciones Forales.

Por tanto, exigimos que se regrese a la línea de salida con un nuevo PTS que se construya desde la independencia científica, técnica y ejecutiva, teniendo en cuenta los aspectos antes señalados y con roles de juez y parte claramente diferenciados. No se puede tolerar este conchabeo entre gobierno y empresas. No tiene sentido esa asociación público privada en el caso de tecnologías totalmente maduras como las planteadas. Es inadmisible también que las mismas empresas que redactan el PTS sean luego las mismas que realizan los proyectos y las evaluaciones ambientales. Las decisiones han estado gravemente viciadas desde el principio.

El nuevo PTS debe estructurar su esquema de acción priorizando y exprimiendo las posibilidades de implantación en las zonas antropizadas e infraestructuras ya construidas. Es imprescindible someter la toma de decisiones a un procedimiento completamente transparente, asegurando la participación y teniendo en cuenta la participación de las personas arraigadas en los territorios afectados. Y mientras ese PTS no se concluya no debe admitirse a trámite ningún proyecto.

Por último es ineludible que las instancias judiciales estén vigilantes y actúen en consecuencia y a tiempo ante hechos y actuaciones que puedan ser reprobables.

Porque se pueden hacer las cosas de otra manera en beneficio común de las personas que integran este maravilloso territorio.

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