Perú
Castillo se proclama vencedor, mientras Fujimori agita el fantasma del fraude

A las 4:23, hora peruana, del miércoles 9 de junio, la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) peruana había escrutado casi el 98% de los votos emitidos en las elecciones del pasado domingo 6, en las que se disputaba en segunda vuelta la presidencia del país. Para entonces, más de 70.000 votos separaban a ambos candidatos: apenas 0,4 puntos que sin embargo marcarían ya una diferencia definitiva.

La página más actualizada de los últimos días, ha reflejado una reñidísima pugna entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos que encarnan dos ideas de país que medios de comunicación y electorado han entendido como opuestas. Mientras en la madrugada del lunes la candidata de Fuerza Popular tomaba la delantera, hace ya horas que, tras un sorpasso que empezó a ponerse en evidencia a medida que avanzaba la jornada del lunes, el líder de Perú Libre se ha proclamado vencedor.

Una vez despejada la incógnita de si el voto rural y de la selva alzaría al final del recuento a Castillo por encima de Fujimori, o si las papeletas recibidas desde el exterior, más proclives a favorecer a la conservadora, podrían amortiguar el ascenso del antiguo sindicalista, Perú se prepara para un cambio inédito en su liderazgo, con un presidente ajeno a las elites, proveniente del entorno rural, con un pasado de activismo en el campo y que se considera marxista.

En la jornada del martes, cuando empezaba a perfilarse su derrota, Fujimori, que había optado inicialmente por defender un discurso conciliador y de confianza en las instituciones, comenzó a hablar de fraude, animando a la ciudadanía a aportar sus denuncias por irregularidades a través del hashtag #FraudeEnMesa, una denuncia, la de Fujimori, que ya habría sido desmentida. El movimiento de la candidata conservadora ha sido enmarcado por voces críticas dentro de la tendencia ascendente de la derecha a cuestionar los resultados electorales que no les resultan favorables.

El recuento ya se anunciaba complejo cuando el mismo domingo se publicaran sendos sondeos que daban empate técnico prácticamente entre ambos candidatos, con victorias por muy poco margen de cada uno de ellos. Mientras la líder de Fuerza Popular llamaba entonces a la calma, el profesor y sindicalista mostraba su inquietud por unos datos que contradecían las expectativas surgidas en la primera vuelta, y llamaba a sus seguidores a marchar hacia Lima para vigilar el proceso electoral.

Castillo, que ganara con 2,7 millones de votos la primera vuelta, el pasado 11 de abril, dejando una distancia de casi 800.000 votos con su contrincante, habría ido perdiendo terreno durante la campaña, presenciando el ascenso de Keiko Fujimori, con la maquinaria mediática puesta a su servicio, omnipresente, vestida con una camiseta de la selección peruana y contando finalmente con el apoyo de figuras tradicionalmente contrarias al fujimorismo, como el escritor Luis Vargas Llosa, que se enfrentara en las urnas al padre de la candidata en las elecciones de 1999.

Así la heredera de quien estuviera al frente del país durante los noventa —dejando una impronta de vulneración de derechos humanos, autoritarismo y corrupción—, pierde la opción de asumir la presidencia del país ante un sindicalista de izquierdas, maestro y antiguo líder campesino.

Ganador por un estrecho margen, Castillo deberá gobernar un país profundamente dividido, dos perús coexisten en un mismo territorio: uno que mira con miedo a la izquierda y se repliega frente al espectro del comunismo o el chavismo, funcional a las élites económicas. Y un segundo que espera un giro político más comprometido con las clases populares y los movimientos sociales.

El candidato de Perú Libre contaba con el apoyo de una amplia base social, incluyendo tanto el ámbito rural como los movimientos sociales que luchan por un cambio ya auspiciado por las contundentes movilizaciones que el país vivió el pasado noviembre, cuando, con la juventud al frente, salieron a protestar contra la concentración de poderes tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Una decisión que el Ejecutivo se vio forzado a revocar ante la presión social.

El nuevo presidente se encontrará un país inmerso en una grave crisis económica y que enfrenta la peor tasa de mortandad per cápita por covid del mundo. La inestabilidad política es otro de los grandes desafíos: cuatro presidentes se han sucedido en los últimos tres años. La corrupción, una lacra instalada en la vida política del país, ha salpicado a siete de los diez últimos presidentes, que están encausados o directamente condenados por delitos de esta índole.