Urbanismo
El Ayuntamiento de Vigo maniobró para retrasar siete años la investigación sobre las obras ilegales en Cíes

El Ayuntamiento de Vigo maniobró para retrasar siete años la investigación urbanística sobre las construcciones ilegales en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas reveladas por El Salto. Un documento de 2015 del Gobierno de Abel Caballero acredita como su gerencia municipal había solicitado una inspección urbanística que no se activó hasta 2022, tras la presión ciudadana mediante peticiones de información pública amparadas en la Ley de Transparencia. El Ayuntamiento de Vigo se vio en la obligación de abrir un expediente de inspección después de que una primera solicitud de licencia hubiera caducado en los despachos del consistorio vigués.

Acordo de traslado ao servi... by El Salto periódico

Con fecha de julio de 2015 y a la vista de la resolución de la vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, desde el Ayuntamiento se remite ese expediente al servicio de inspección urbanística con el único fin de realizar una visita a las Islas Cíes para comprobar si las obras, que no contaban con título habilitante, habían sido o no realizadas. Tras la presión ciudadana ejecutada formulando continuas peticiones de información pública alrededor de estas construcciones en las que participó activamente esta redacción, finalmente, el Ayuntamiento de Vigo remitió en septiembre de 2022 —siete años después— esta inspección a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia (APLU) para que actuara.

Esta nueva pieza llega después de que se descubriera que la Xunta de Galicia había construido y acometido ampliaciones urbanísticas en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, concretamente en las Islas Cíes, en por lo menos cuatro parcelas diferentes, de forma irregular y con dinero público. Las actuaciones se llevaron a cabo en fechas posteriores a 2009, mientras el ahora líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, todavía era presidente del Gobierno gallego. Fue a esa investigación que está llevando a cabo a Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística a la que también tuvo acceso en exclusiva El Salto.

Se trata de cuatro expedientes que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística abrió tras la reclamación formal de una persona que ha preferido mantenerse en el anonimato en estas informaciones. La instancia con las diligencias previas la emite formalmente el Ayuntamiento de Vigo, municipio en el que se integra el archipiélago, con siete años de retraso, y aclara que las cuatro edificaciones están “sin disponer del preceptivo título habilitante ni la autorización sectorial”.

La obra más flagrante de todas es la construcción de dos naves en una parcela de uso agrario y que, a pesar de haberse realizado alrededor de hace más de diez años, no está registrada ni siquiera en la relación de bienes inmuebles de la Xunta. La situación de estos cuatro expedientes es paradójica: la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que depende de la Consellería de Medio Ambiente y cuyos altos cargos son de libre designación, investiga al Parque Nacional que depende, en última instancia, de la propia Consellería.

Aunque la destrucción de suelo del Parque Nacional das Illas Atlánticas se acometió principalmente en la construcción de las dos naves mencionadas, la Xunta también reformó y amplió por lo menos tres viviendas de uso residencial (1, 2 y 3) después de 2009. En las tres construcciones, inscritas en el registro de bienes de la Administración gallega, las obras se llevaron a cabo para ser ampliadas. Todas las casas y también las naves se encuentran a escasos metros de una de las playas más reivindicadas y protegidas de Galicia: Rodas. De hecho, la progresión de cómo se fueron ejecutando las obras puede observarse con facilidad en la sucesión anual de los mapas aéreos de la Xunta y que son de libre acceso para cualquier persona.

Ninguna de las administraciones implicadas en estas construcción ha querido responder a las preguntas fundamentales formuladas por El Salto. Ni si cuentan con las licencias, títulos habilitantes y/o informes sectoriales necesarios para realizar esas obras. Ni como han justificado formalmente estas construcciones. Y tampoco por qué no se encuentran ninguna de ellas tal como están en la actualidad en el inventario oficial de bienes inmuebles de la Xunta de Galicia.