Urbanismo
La Operación Chamartín, de nuevo al juzgado

Nuevo paso por los tribunales de la controvertida macrooperación urbanística Madrid Nuevo Norte, la última denominación adoptada por la Operación Chamartín, que según su última variante, aprobada en mayo, supondrá la transformación de 3,3 millones de metros cuadrados —tres veces la superficie del parque de El Retiro— de suelo al norte de la ciudad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción (EeA) contra el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto.

Tal como señalan ambas organizaciones, el objetivo es lograr la nulidad del proyecto en los términos en que se ha aprobado porque entienden que “es innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias”. “Todo ello”, destacan, “para beneficiar el interés privado”.

Aunque el 80% del suelo es de titularidad pública con parcelas pertenecientes a Adif, el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Canal de Isabel II y la Empresa Municipal de Transportes, “el aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte formada por el BBVA y la constructora San José”, recuerdan desde las dos organizaciones.

Periplo judicial

El periplo de la macrooperación urbanística ha sido largo. En 2017, el Tribunal Supremo anuló la Operación Chamartín aprobada en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón, en 2011, una versión del proyecto que ya había echado por tierra el TSJM.

El nuevo proyecto, que estuvo a punto de salir adelante durante la época de Ana Botella como alcaldesa, fue echado abajo por el Gobierno de Ahora Madrid, que inició una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de la ciudad, desbloqueando con ello la macrooperación urbanística. El pasado mayo, el Gobierno local actual aprobó dicha modificación, que fue sancionada positivamente por la Comunidad de Madrid en julio.

Con la vuelta a los tribunales, el proyecto, que “no contempla la construcción de vivienda pública social y las viviendas con algún tipo de protección (VPPL y VPPB) están por debajo del mínimo contemplado, tanto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid como en la Ley de Suelo estatal”, indican los dos colectivos, podría volver a ser anulado judicialmente.