Violencia machista
Víctimas extranjeras de violencia de género en pareja: infraprotegidas

De las 921 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017, 618 eran españolas y 294, un 32%, eran extranjeras. Extrapolar los datos en relación a la población da una idea de hasta qué punto las mujeres extranjeras están sobrerrepresentadas en estas cifras: los asesinatos de mujeres españolas supusieron el 5% por cada millón de mujeres españolas en el país, mientras que los asesinatos de mujeres extranjeras afectaron al 30% por cada millón. Para la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, este dato es “alarmante”.

En cuanto al número total de víctimas implicadas en denuncias, el informe recoge que de las 158.217 denuncias recogidas en 2017, el 69’6% lo fueron de mujeres españolas y el 30’9 de extranjeras, de modo que las españolas implicadas como víctimas en denuncias suponen el 6% por cada mil mujeres españolas y el 24’7% por cada mil mujeres extranjeras residentes.

Silvina Monteros, una de las responsables del informe El derecho a una vida libre de violencias, de la AIETI y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, llama la atención además sobre el hecho de que los porcentajes sugieren desajustes en cuanto a la concesión de ayudas económicas como la RAI (Renta Activa de Inserción) o las que contempla la Ley Integral de Violencia de Género. En concreto, entre las receptoras de la RAI en el año 2015, el 76’5 fueron españolas y el 23’5, extranjeras.

También hay un desfase en los datos de VioGen: de los 429.000 casos registrados por las fuerzas de seguridad a finales de 2017, activos e inactivos, el 65% corresponden a mujeres españolas y el 35% a extranjeras, siendo en proporción a la población el 15% por cada mil españolas y el 76% por cada mil extranjeras. El sistema de VioGen que determina el nivel de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género en pareja basándose en un algoritmo estableció que el 90’5% de los casos de mujeres españolas y el 92% de los de mujeres extranjeras eran de riesgo no apreciado o bajo.

Monteros lo resume así en pocas palabras: “Son más mujeres en situación de violencia y con menos ayudas”. Aunque el informe con el que cuentan es preliminar y las estadísticas son difíciles de interpretar —por la diversidad de fuentes o la falta de datos desagregados en algunos casos—, advierte de que “sí podemos hablar de que las mujeres migrantes sufren una desprotección”.

Un ejemplo: la Ley de Extranjería contempla que una mujer que está en situación de irregularidad jurídica o cuya tarjeta de residencia dependa del marido pueda tener un permiso si se encuentra en una situación de violencia en pareja. Sin embargo, para ello se le exige una denuncia y una orden de protección. Si establecer la denuncia previa como requisito para las medidas de protección hace que muchas mujeres renuncien a iniciar un camino de salida de la violencia, algo que ha llevado a introducir cambios para acreditar la condición de víctimas sin denuncia en Madrid, Galicia o Navarra, en el caso de las mujeres extranjeras este aspecto pone en peligro además su continuidad en el país. De hecho, entre las mujeres extranjeras asesinadas, casi ninguna había denunciado.

Un observatorio en 2019

Son estos datos los que han llevado a esta red que agrupa a una veintena de colectivos de mujeres migrantes del Estado español a plantear algunas líneas de actuación. Porque, pese a que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en septiembre de 2017 sí reconoce la particular vulnerabilidad de las mujeres migrantes, de las 292 medidas que contempla, solo 24 son específicas sobre este colectivo, y la mayoría relacionadas con el tráfico y la trata, advierten.

Entre las lagunas que señalan están los obstáculos que se encuentran las mujeres migrantes para salir de una situación de violencia de género en pareja, la falta de datos que permitan dibujar un panorama más completo, la escasez de mediadores interculturales cualificados más allá de los juzgados y la ausencia de medidas para eliminar las trabas en los servicios sociales.

“Se ha avanzado mucho pero hay algo que no está funcionando, no sabemos dónde, y ese es el trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora”, explica Monteros, que adelanta algunas iniciativas que desde los colectivos de mujeres migrantes pretenden paliar esta situación, como la creación de un observatorio de violencia de género en mujeres migrantes a partir de los próximos meses.

Se trataría, explica, de recoger casos que permitan ahondar en una recogida de datos que en la actualidad es incompleta o deficitaria. El observatorio tendría además el objetivo de acompañar algunos casos, recogiendo el proceso policial, judicial y penal, y serviría además para visibilizar algunos que consideren estratégicos y puedan contribuir a sacar la violencia de género contras las mujeres migrantes de la zona de sombra. 

Los colectivos acordaron otras medidas en su última asamblea en octubre, que detallarán y presentarán a comienzos del año que viene.

No, los hombres migrantes no son más machistas

Sobre las posibles hipótesis que expliquen esta sobrerrepresentación de las mujeres migrantes en las estadísticas, Monteros llama a desterrar prejuicios y ofrece hipótesis alternativas y un poco más complejas. “Hay un discurso muy fácil que dice que las mujeres migrantes sufrimos más violencia de género porque venimos de países machistas y aquí reproducimos lo que vivimos en nuestros países de origen”, dice Monteros, antes de desmontarlo.

Para esta experta, entre los factores que pueden explicar estas cifras está precisamente el empoderamiento que pueden vivir las mujeres en su proceso migratorio o, en el caso de las parejas formadas por mujeres extranjeras y hombres españoles, así como los prejuicios por los que estos pueden pensar que una mujer extranjera tenga que ser más dócil y amoldarse a los roles tradicionales.

“Otro factor puede ser que algunos hombres extranjeros han perdido sus empleos mientras que las mujeres, incluso cuando han perdido empleos, se han podido mantener en la economía sumergida como empleadas de hogar o en el sector de los cuidados, lo que de alguna manera trastoca las relaciones de género, siendo ellas sustentadoras”, continúa. “Y esto lo vemos también con las mujeres españolas, cómo la violencia por parte de algunos hombres se da precisamente cuando se trastocan los centros de poder”.

Por último, la inseguridad administrativa pone a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad: “si cuando vas a pedir ayuda a las fuerzas de seguridad ves que sufres desprotección, eso te obliga a vivir en un ámbito de violencia lo que incrementa la violencia”, reflexiona.