Derecho a la vivienda
Organizaciones que impulsaron la marcha del 13-O denuncian la falta de respuesta ante la crisis de vivienda

La manifestación por el derecho a la vivienda del 13 de octubre debía marcar un antes y un después. No lo ha hecho en caso del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y tampoco en el de la mayoría de los ayuntamientos ni en el caso del Gobierno central, todos ellos foco de las críticas de la plataforma de organizaciones sociales, sindicales, vecinales y de vivienda que convocaron la manifestación del 13-O. 

Estas organizaciones muestran en un comunicado su “indignación” por el “silencio atronador” del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a quien califican como el “principal responsable de la emergencia social” que atraviesa la región. En concreto, la plataforma acusa al Ejecutivo de Díaz Ayuso de no permitir la declaración de zonas tensionadas, la venta de parque público a fondos buitres, su “inacción frentre a la flagrante ilegalidad” de la mayor parte de los pisos turísticos, su política de “desclasificación automática” de las viviendas de protección pública o su “su sistemática agresión al patrimonio natural por intereses especulativo”.

Las acusaciones por “falta de respuesta” se extiende a la mayor parte de los ayuntamientos madrileños, especialmente a la capital. “No es de recibo que escurran el bulto ante esta emergencia social y que únicamente contemplen el urbanismo, a pesar de disponer de múltiples competencias en esta materia, como un modo de cuadrar sus presupuestos”, apuntan. 

Estas 40 organizaciones también consideran “insuficientes e inadecuadas” las iniciativas puestas en marcha por parte del Gobierno central: “Las subvenciones y bonos únicamente sirven para aumentar el beneficio de las y los rentistas”

Estas 40 organizaciones también consideran “insuficientes e inadecuadas” las iniciativas puestas en marcha por parte del Gobierno central: “Acumulamos ya suficientes experiencias para saber que las subvenciones y bonos únicamente sirven para aumentar el beneficio de las y los rentistas. Tampoco es una solución liberalizar todavía más el mercado urbanístico, suprimir garantías de control o destruir espacios naturales”.

En contraste con las medidas anunciadas por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en su comparecencia en el Congreso del 23 de octubre, el comunicado insiste en medidas urgentes para conseguir “un gran parque público de viviendas y reducir drásticamente el precio de los alquileres”. Para ello, deslizan algunas propuestas: desde la recuperación de las viviendas de la Sareb y la actuación sobre las viviendas vacías,” expropiándolas por interés público si fuese necesario”, hasta “recuperar la función social” del suelo público de las operaciones Chamartín y Campamento.

Estas organizaciones emplazan también a todas las personas que están sufriendo esta crisis de vivienda que se vuelquen masivamente en las siguientes convocatorias: el 9 de noviembre en Málaga, Sevilla, Cádiz y Murcia, el 10 de noviembre en Albacete, y el 23 en Barcelona.